No hay país que pueda prosperar en forma dinámica y sostenida si en él no impera el Estado de Derecho. Las naciones que se rigen por leyes y reglas, aplicables a todos sus habitantes, tienen mayor nivel de ingreso que aquellas donde se generaliza el desorden, la anarquía y la corrupción. En términos generales, los países desarrollados superan considerablemente a las naciones emergentes en la efectividad de sus leyes y la aplicación de las mismas. De ello están muy conscientes propios y extraños. Por ejemplo, los mexicanos al cruzar la frontera con Estados Unidos tiramos allá menos basura y respetamos más las señales de tránsito que cuando estamos en México. Los que no utilizan el cinturón de seguridad en México, lo usan siempre en Estados Unidos.
Un país que desea convertirse en una nación desarrollada necesita aprender a regirse, lo más posible, por leyes y no por las personas. Lamentablemente, México se aleja cada vez más del Estado de Derecho. La ausencia o flaqueza de la autoridad pública es cada vez más evidente. La vemos en episodios delictivos que afectan la seguridad de individuos y empresas; está presente en los asaltos en las carreteras y la ?tolerancia? oficial de grupos armados que desafían el orden establecido; y en la facilidad con la que los macheteros de Atenco y ahora los dueños de autos ilegales logran sus objetivos violando la Ley.
La existencia en México de autos ilegales es ancestral. En por lo menos diez ocasiones las autoridades han ofrecido lo que en cada una de esas instancias denominaron la última regularización de dichas unidades. Esa afirmación, como la facilidad con la que rompen su compromiso, es una ofensa a los mexicanos que cumplimos las leyes. Pero eso les tiene sin cuidado a las autoridades, quienes en esta administración se han aventado la hazaña de realizar dos regularizaciones, y justificar la más reciente diciendo que no se trata de afectar el ?patrimonio? de los poseedores de esos vehículos. ¡Qué desfachatez!. Con ese argumento cualquier cosa introducida al país de manera ilegal es parte del ?patrimonio? del que la adquirió en el extranjero, por lo que de acuerdo a ese ?razonamiento? no debería ser objeto de decomiso alguno.
Claro, al adelantar la fecha en que se hace legal la importación de autos con más de diez años de antigüedad, evitan la necesidad de futuras regularizaciones de este tipo de vehículos, pero no así de los autos usados con menos de diez años de antigüedad, que muy probablemente serán ahora los nuevos autos chocolates, ya que la experiencia demuestra que esas supuestas últimas regularizaciones nunca funcionan.
Las personas aprenden que cuando el problema alcanza cierta magnitud, rebasa la capacidad de las autoridades y sus promesas de que no lo harán otra vez, se quedan en el terreno de la retórica. Esto es precisamente lo que hemos visto con el caso de los autos chocolates y volveremos a ver en algunos años.
La mayoría de los economistas coincidimos en que el libre comercio es benéfico para un país. Eso incluye la entrada irrestricta de bienes del exterior, entre los que se encuentran los automóviles nuevos y usados. En ese sentido, la solución natural al problema de la importación ilegal de autos, es legalizarla, no sólo para autos nuevos o de más de diez años, sino para todo tipo de vehículo. Esto es, permitir a todos los mexicanos, no sólo a unos cuantos, la importación al país de autos nuevos y usados sin las trabas y prohibiciones que existen actualmente.
Si bien esa es la solución económica, existe una prohibición legal ahora sólo para la internación de vehículos usados de menos de diez años y estará vigente por varios años más. Esta prohibición volverá en fecha próxima a violentar el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, como ha sucedido en esta administración, que se ha caracterizado por ser la que más las ha lesionado en fechas recientes, al no aplicar de manera irrestricta la Ley, lo que requiere que las leyes se apliquen por igual a todos los mexicanos sin importar su condición social o status económico. No puede haber leyes para ricos y leyes para pobres, como de alguna manera ha sido la postura del presidente Fox, quien se doblega fácilmente ante cualquier grupo de presión, como son los macheteros de Atenco, Andrés López, los cañeros, los poseedores de autos chocolate, etcétera.?
El desorden se extiende en diversas esferas de la actividad social por la ausencia o flaqueza de la autoridad pública. Hoy prolifera la cultura de la ilegalidad, una de las más nefastas herencias de Fox para su sucesor, quién tendrá que lidiar con los autos chocolates de menos de diez años en su administración.
La falta de reformas estructurales y este tipo de limitaciones son las que, a pesar de una situación externa favorable, frenan la inversión y dificultan que la producción crezca por encima de un tres a 3.5 por ciento anual. Una economía no prospera en forma sostenida si no cuenta con seguridad jurídica y el imperio del Estado de Derecho. México está demostrando que no es un país donde se den esas condiciones. Por otra parte, si el ambiente internacional se torna negativo, esas limitaciones acotarían aún más el ritmo de crecimiento, dejando un avance de la economía quizá menor al dos por ciento. Estas no son cifras para sentirnos orgullosos, menos aún si consideramos que no contemplan un enrarecimiento significativo del ambiente social y político interno en el futuro próximo.
