EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Los procedimientos administrativos que la Subsecretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa inició desde el mes de octubre de 2004 para investigar algunas presuntas irregularidades en dependencias estatales, están ?estancados?.
La única resolución que ya emitió la Secretaría de la Contraloría, favoreció al trabajador y el Gobierno del Estado tuvo que reinstalarlo en su puesto y debió pagarle todos los salarios caídos desde la fecha de su suspensión.
Sergio Estrella Rivera, subsecretario de la Contraloría, informó que hace algunos días fue reinstalado en su puesto el coordinador de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Rafael López Esparza, quien se encontraba separado de su cargo desde octubre porque una empresa constructora lo acusó de exigirles dinero para agilizar la liberación de una estimación de costos de una obra.
De acuerdo a la queja del contratista, López Esparza, habría solicitado cuatro mil pesos a la empresa para liberar una estimación de costos de una obra que dicha compañía pretendía ejecutar en la Comarca Lagunera, aunque el citado funcionario nunca tuvo facultades para agilizar este trámite.
Uno de los procedimientos que se encuentran ?estancados? es el que se inició en contra del ex titular del Registro Público de la Propiedad, José Rigoberto Flores Ramírez (padre del diputado local, Rigoberto Flores Ochoa), donde también está implicada la empleada sindicalizada, María Cristina Zaragoza Lazarín.
Estas dos personas fueron acusadas porque presuntamente realizaron un cobro indebido para expedir varios certificados de libertad de gravamen a una empresa constructora que estaba solicitando dichos documentos de unos lotes del fraccionamiento Villa Nápoles.
La queja en contra de Jesús Ibarra Taboada, titular de la Oficialía del Registró Civil número Uno, tampoco tiene avances, Estrella Rivera explicó que no han logrado localizar al quejoso, porque no vive en el domicilio que proporcionó cuando interpuso la queja, este procedimiento se abrió porque el funcionario presuntamente había realizado un cobro indebido.
Otro asunto que se encuentra sin avances es el de la presunta falsificación de documentos y sustracción de placas en el Centro de Control Vehicular, aunque el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Francisco Javier Guevara Morales, liberó de toda responsabilidad al ahora ex recaudador, Juan Agustín Vargas Garza, la investigación aún no se ha extendido a la recaudación de Lerdo.
Estrella Rivera informó que otra investigación que está en trámite es referente a la problemática que se presentó a mediados de noviembre en el Colegio de Bachilleres de Ciudad Lerdo, cuando estalló la huelga de los alumnos en demanda de la destitución del director, José Próspero Hernández y del delegado sindical, Rogelio Torres, a quienes acusaron de solapar actos de corrupción y de abusos sexuales.
En el último procedimiento que se abrió en contra del ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, José Bermúdez Cisneros, los abogados laboralistas denunciaron la pérdida de expedientes, la expedición de acuerdos sin promoción, ejecución de embargos sin que se haya dictado un laudo, falta de valoración de las pruebas y violación de las garantías de los trabajadores.
Bajo sospecha
A continuación se enlistan las dependencias y los nombres de los funcionarios o ex funcionarios que están siendo investigados por la Subsecretaría de la Contraloría:
· En el Registro Público de la Propiedad se investiga al ex director, José Rigoberto Flores Ramírez y a la empleada sindicalizada, María Cristina Zaragoza Lazarín.
· En la Oficialía del Registró Civil número Uno es investigado Jesús Ibarra Taboada.
· Por la presunta sustracción de placas y falsificación de documentos del Centro de Control Vehicular se inició una investigación contra quien resulte responsable.
· En el Colegio de Bachilleres de Ciudad Lerdo se inició un procedimiento contra quien resulte responsable por la huelga que hicieron los alumnos para exigir la destitución del director, José Próspero Hernández y del delegado sindical, Rogelio Torres.
· El ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, José Bermúdez Cisneros, también es investigado por presuntas irregularidades que cometió durante el tiempo que estuvo al frente de esta dependencia.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
