La sociedad duranguense no está preparada para brindar una nueva oportunidad de readaptación social a los ex convictos, a quienes la mayoría de las empresas les niegan el trabajo por el estigma de haber sido presos, opinó Jesús Reyes Santaella, director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado.
El funcionario dijo que la iniciativa privada pide cartas de no antecedentes penales a los solicitantes de una plaza laboral, lo cual resta las posibilidades de readaptación del ex convicto en el sector productivo.
Aparte, explicó que las dichosas cartas de no antecedentes penales son ambiguas pues no especifican cómo concluyó el juicio, si resultó absuelto en su condena o si la privación de su libertad se trató solamente por un delito imprudencial. Sólo se limitan a informar el registro del antecedente, el juicio y el juzgado en que se desarrolló.
Cuestionado sobre el consumo de drogas dentro de los reclusorios, Reyes Santaella manifestó que en proceso de rehabilitación a esta adicción se encuentran 70 reos del Centro de Readaptación Social No. 1 de Durango, y adelantó que giró instrucciones para que se lleve a cabo una estadística precisa del problema en cada centro penitenciario.
Dijo que con el apoyo permanente de los Centros de Integración Juvenil, psiquiatras y psicólogos de los propios reclusorios, se está tratando de hacer frente a esta situación en el combate a las adicciones.
?Hemos intensificado la campaña de carteles y difusión para que los familiares de los internos no intenten introducir drogas a las cárceles y les explicamos las consecuencias jurídicas que traería consigo detectarles sustancias de ese tipo?, señaló.
Por otra parte, en un afán preventivo se hacen revisiones periódicas a los custodios de los centros de readaptación social, con el propósito de que no incurran en el delito de intentar meter estupefacientes al reclusorio.
En ese sentido, abundó que la confianza de la Dirección a su cargo con respecto a los celadores y custodios radica en los estrictos controles de contratación de personal y de seguimiento de cada uno de los empleados dedicados a dar seguridad al penal.
?Los custodios tienen capacitación frecuente y se les hace ver la responsabilidad jurídica y laboral de introducir drogas a los centros. Aparte se cuenta con personal que reúne un perfil mínimo de edad, identificación, de no antecedentes conflictivos en lo laboral y punitivo; se les pide certificado médico y se les hacen revisiones sorpresivas cotidianamente por parte de la Procuraduría General de Justicia?, declaró Reyes.
Al ser inquirido sobre las posibilidades reales de readaptación de los internos, el funcionario señaló que el índice de reincidencia delictiva al salir es del ocho por ciento, y precisó que a los reos se les brindan los medios para rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad, pero los aprovechan los que así lo desean, pues la labor penitenciaria es tratar de convencerlos, no exigiéndoles ni imponiéndoles.
Sin embargo, concluyó que no únicamente el Estado es responsable de la readaptación social de los ex convictos, sino también la sociedad y las familias de las propias personas que estuvieron en la cárcel, pues salen de los centros penitenciarios y la comunidad los rechaza en los centros de trabajo por el hecho de haber sido registrados como ex convictos.
Algunos datos de población
Dice el Gobierno que no únicamente el Estado es responsable de la readaptación social de los ex convictos, sino también la sociedad y las familias.
2,300 reos están internados en el Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1, localizado en Durango.
9,00 internos reporta al día de hoy el Cereso No. 2, ubicado en la ciudad de Gómez Palacio.
42 personas están reclusas en el Centro Distrital de Readaptación Social (Cedireso) de El Salto, Pueblo Nuevo.
41 adolescentes se encuentran privados de su libertad en el Centro de Orientación y Observación para Menores Infractores (COOMI) de Durango.
5 menores internados en el COOMI son del sexo femenino.
9 cárceles distritales de procesados hay en el estado, y entre todas aglutinan a una población que no rebasa los 120 internos.
FUENTE: Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado.
