La inclusión de Gustavo Rodríguez Argumedo como regidor en la planilla del PRI que encabeza Eduardo Olmos en la contienda por el Ayuntamiento de Torreón, revela la existencia de una estructura perniciosa erigida mediante el delito y la impunidad.
El común de los ciudadanos desconoce la identidad y trayectoria del candidato a regidor; quién es, cuál es su oficio, en qué trabaja o de qué vive, razón por la cual es pertinente mostrar algunos datos que pintan de cuerpo entero no sólo al personaje, sino al sistema que lo ha sostenido y ahora pretende llevarlo al Cabildo de la ciudad.
En diciembre de 2002, a fines de la administración de Salomón Juan marcos, fue invadida una superficie de ochenta hectáreas (ochocientos mil metros cuadrados) de terrenos urbanos ubicados en el cruce de bulevar sur Laguna y prolongación del bulevar Diagonal Las Fuentes.
El propietario de los terrenos presentó denuncia por el delito de despojo de inmueble ante la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, lo que dio lugar a la integración de la averiguación previa Penal 68/2003 por el Delito de Despojo, iniciada ante el agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales distintos al robo, Mesa Dos con residencia en Torreón.
La prensa local dio cuenta de algunos frutos de la investigación, que señalaron a Gustavo Rodríguez Argumedo como el autor del ilícito en funciones de dirigente de los paracaidistas. La presencia del grupo en el terreno fue creciendo y se consolidó al recibir apoyo con recursos de programas oficiales del Gobierno de Coahuila que se tradujeron en la construcción de una escuela y en la instalación de Tiendas de Abasto Popular. Por lo que hace a servicios básicos, los precaristas simplemente se conectaron a los sistemas de agua y energía eléctrica de la ciudad, desde luego de manera arbitraria e ilegal.
El asentamiento irregular proporcionó al PRI un contingente de votos manipulables que hizo su primera aparición en las elecciones federales de 2003 en las que resultó electo diputado federal Eduardo Olmos, quien hoy paga la factura y a la vez impulsa al paracaidista candidato a regidor, para que siga operando a favor del PRI en este caso y en el de las invasiones que se propongan realizar en el futuro.
En su momento los propios precaristas festinaban tener apoyo pleno de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, por lo que ante tal enunciado y su confirmación en los hechos, el propietario buscó y obtuvo el apoyo del Centro Empresarial de Coparmex en La Laguna y de otros organismos de Iniciativa Privada que clamaron inútilmente en el desierto, en busca de justicia para el afectado.
La Procuraduría de Justicia a cargo de Óscar Calderón Sánchez, no hizo nada al respecto y propició una vergonzosa impunidad como en muchos otros casos durante la administración de Enrique Martínez y Martínez, cuyo Gobierno por añadido se desentendió de la atención institucional de este problema, que estaba y está obligado a resolver desde la perspectiva del fomento a la vivienda popular.
A casi tres años de iniciado el conflicto el latrocinio debe darse por consumado para efectos prácticos, pues lo más seguro es que el terreno termine por ser expropiado o el afectado se vea obligado a vender el inmueble en el precio y las condiciones que le impongan las circunstancias.
Las familias precaristas también son víctimas de la manipulación ejercida por esta estructura perniciosa creada por el viejo sistema de partido de Estado que se resiste a desaparecer, que sin pizca de escrúpulos explota la ignorancia y la indigencia de personas en extrema pobreza, a partir de sus necesidades vitales de vivienda y alimento, utilizando presuntos líderes sociales que no son otra cosa que encargados del trabajo sucio del PRI disfrazados de redentores sociales.
Es obvio que los usufructuarios de semejante sistema, están interesados en promover activamente la generación y mantenimiento estructural de la pobreza y la ignorancia en nuestro país, pues tal es el caldo de cultivo que requiere su acceso y permanencia en el poder.
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