En el ocaso de su Gobierno, Enrique Martínez y Martínez designa con bombo y platillo al nuevo presidente de la Junta de Conciliación y arbitraje de Torreón, para ocupar dicho puesto que estuvo vacante los últimos seis meses.
El desplante publicitario no es para menos, el nombramiento busca cerrar la herida abierta en la dependencia en cuestión, como resultado de la liquidación de la estructura heredada del viejo régimen de partido de estado, que en nuestra ciudad mantuvo a un mismo titular de la dependencia durante mas de treinta años.
Lo anterior muestra que el relevo que entronizó al licenciado Raúl Mijares hace año y medio era indicado, pero fracasó y ha fracasado hasta el momento debido a la falta de un proyecto integral del Gobierno de Coahuila en el rubro de administración de justicia laboral, que genere una nueva propuesta acorde a los tiempos que corren. En otros términos, no basta el cambio de un funcionario por otro, si no va acompañado de otras medidas en aras de la modernización que se requiere.
Lo anterior porque el sindicalismo oficial posterior a la Revolución convirtió los tribunales laborales en posiciones burocráticas, lo que hizo de las juntas de Conciliación y Arbitraje una agencia de colocaciones y un instrumento mas cercano al control político que a la misión institucional de impartir justicia y las puso en manos de la Confederación de Trabajadores de México.
El sistema de justicia laboral en nuestro país está en manos de autoridades investidas de facultades discrecionales ilimitadas, muy alejado de la garantía de legalidad establecido en la letra de la Constitución de la República.
Basta repasar el Artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo que determina que los laudos o sentencias laborales, “se dictaran a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas y formulismos sobre estimación de las pruebas…”.
Lo anterior explica la sensación de frustración que suele generar a cualquiera la comparecencia a los tribunales laborales, porque no importa el valor de las pruebas que aporten las partes, ya que por encima de su fuerza de convicción se encuentra la voluntad omnímoda del funcionario que juzga.
La solución a tan absurdo exceso, exige como política de Estado, atemperar el ejercicio de las referidas facultades discrecionales para llevarlas al límite que impone una interpretación sistemática del resto de las disposiciones laborales vigentes.
Desaparecida la hegemonía del viejo régimen y con ella la influencia preponderante de la CTM y fracasado el intento del Gobierno de Coahuila por asumir el control, en el caso de la Junta de Torreón el vacío fue llenado por ocasionales que desde los restos de la vieja estructura, han estado pescando a río revuelto en beneficio de sus intereses particulares, lo que constituye una afrenta para los justiciables y para la sociedad en su conjunto.
Durante los últimos seis meses ha imperado el más completo desorden al interior del tribunal del trabajo, que fue mantenido acéfalo en virtud de una apatía o en su caso ineptitud increíbles, como si no existieran en nuestro medio profesionales de donde escoger.
El nuevo Presidente Pedro Alberto Pecina Fuentes, es un abogado con veinte años de ejercicio en nuestra ciudad que se ha desempeñado a la altura del decoro, tanto en la función pública como en el ejercicio de la abogacía en el área del derecho laboral. La responsabilidad que hoy sume puede ser una gran oportunidad de impulso para su propia carrera o ser la rifa del tigre si el Gobierno lo deja solo entre las ruinas de la vieja estructura.
Como si se tratara de la aguja en el pajar, una larga búsqueda de la persona con el perfil adecuado ha concluido con un ¡Eureka! (lo he encontrado), como aquella exclamación proferida por Arquímedes al descubrir la clave de la paradoja hidrostática.
La Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón estrena presidente y aunque falta un cuarto para las doce en el reloj de la actual Administración Estatal, la comunidad espera que la designación hecha vaya acompañada de una verdadera voluntad de transformación a profundidad, que implique todo el apoyo a la persona designada para introducir los cambios que se requieren.
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