En Francia, estudian aumentar las sentencias de prisión para los terroristas convictos.
Los defensores de los derechos humanos sostienen que los cambios en leyes europeas son excesivos.
LONDRES (AP).- De Estocolmo a Roma, de París a Estambul, los gobiernos europeos se esfuerzan por fortalecer sus leyes antiterroristas después de los ataques dinamiteros en los subterráneos londinenses. Y en algunos casos usan ese incidente del 7 de julio para justificar medidas controversiales que darían a las agencias de seguridad prerrogativas mucho más amplias para combatir a los extremistas.
Pero como los líderes de Al Qaeda amenazan directamente a Europa en sus mensajes grabados -y sobre todo después de ataques espectaculares en Turquía, España y Gran Bretaña que han matado a más de 300 personas desde noviembre del 2003-, el público parece dispuesto a aceptar al menos algún tipo de mano dura.
El debate que contrapone la seguridad a las libertades civiles no es nada nuevo. Décadas antes de los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos, las principales naciones europeas estaban promulgando medidas controversiales para combatir el terrorismo: Gran Bretaña contra el Ejército Republicano Irlandés; Alemania e Italia contra asesinos de izquierda y de derecha; España contra los separatistas vacos, y Francia contra el terrorismo de iraníes y de argelinos.
Ahora vuelve la mano dura a Europa.
Nuevas leyes británicas permitirían a la policía detener a sospechosos de terrorismo hasta durante tres meses sin cargos, en comparación con los 14 días actuales; despejarían el camino para la deportación de extranjeros a países con antecedentes dudosos en cuanto a derechos humanos, y facilitarían el encarcelamiento de gente que publique o venda material que se considere incita al terrorismo.
"El Reino Unido tiene uno de los paquetes antiterroristas más severos en Europa. Los franceses también tienen medidas enérgicas y los italianos han promovido ahora una legislación que dará a las autoridades mayores poderes", dijo Magnus Ranstorp, experto en terrorismo en el Colegio Nacional de Defensa de Suecia. "Por cierto hay un firme deseo manifiesto públicamente en Europa de no ceder libertades civiles a cambio de seguridad, pero estas nuevas medidas se están aprobando rápidamente".
Los defensores de los derechos humanos sostienen que los cambios son excesivos. En Gran Bretaña, Shami Chakrabarti, directora del grupo Liberty, dijo en septiembre que la detención de tres meses sin cargos era "la antítesis misma de la justicia" y agregó que sería "tan perjudicial para la lucha contra el terrorismo en la nación como para la defensa de nuestra reputación en el mundo".
Pese a apoyar el proyecto de ley contra el terrorismo en una votación preliminar en la Cámara de los Comunes el 26 de octubre, el Partido Conservador de oposición amenaza oponerse a él si el Gobierno no reconsidera propuestas como la de los tres meses. La Cámara de los Comunes podría demorar su promulgación.
Pero los ataques de julio parecen haber hecho virar la opinión pública, al menos por el momento.
Una encuesta en agosto efectuada por el periódico londinense Guardian halló que tres cuartas partes de los británicos estaban dispuestos a ceder algunas libertades a cambio de mayor seguridad, en gran medida tal como ocurrió con los estadounidenses después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Más de tres cuartas partes de los dinamarqueses y cuatro de cada cinco italianos creen que es probable que ocurra un ataque contra sus respectivos países en los próximos años.
Los gobiernos de toda Europa están respondiendo rápidamente ante el nuevo sentir general.
Suecia sopesa una propuesta de facilitar la intervención de las fuerzas militares para responder o prevenir ataques terroristas. El proyecto de ley se debate desde el 2003, pero después de los ataques de Londres el gobierno dijo que decidió promoverlo. "Esto le ha dado mayor urgencia", afirmó en julio Lars Danielsson, alto funcionario del Gobierno.
En Francia, el gabinete estudia un proyecto antiterrorista que aumenta las sentencias de prisión para los terroristas convictos, permite a la policía vigilar a los ciudadanos que viajen a países donde se cree funcionan campamentos de entrenamiento terroristas, y amplía la vigilancia mediante cámaras en subterráneos, aeropuertos y plantas nucleares. Las autoridades también podrían despojar a ciudadanos naturalizados de la ciudadanía francesa por perpetrar actos de terrorismo, poner en peligro el interés nacional o cometer actos "incompatibles con la calidad del ser francés", dijo el ministerio del interior.
En Italia, una nueva ley permite a la policía retener a los sospechosos durante más tiempo antes de justificar su detención ante un fiscal; encuadra como delito reclutar y entrenar gente para el terrorismo, y permite deportar rápidamente a sospechosos de ser extremistas. Los cibercafés deben tener licencia aprobada por la policía y mantener copias de los documentos de identidad de sus usuarios hasta el 31 de diciembre del 2007.
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan anunció el 22 de septiembre que se están preparando nuevas medidas. No entró en detalles, pero versiones de prensa dicen que permitirán el mayor escrutinio de las finanzas de los grupos proscritos y facilitarán presentar cargos de terrorismo contra sus partidarios.
La revisión de las leyes antiterroristas actuales también es considerada en Suiza, Dinamarca y Holanda, todavía conmovida por el asesinato hace un año del cineasta Theo van Gogh a menos de un extremista islámico nacido en el país.
A nivel de la Unión Europea, los estados miembros convinieron el mes pasado requerir a las compañías de telecomunicaciones mantener los registros telefónicos y de correos electrónicos al menos por un año. Los partidarios de la medida esperan que el Parlamento Europeo electo apruebe el proyecto hacia fin de año para reemplazar una mescolanza de reglas en los distintos países miembros de la unión, quince de cuyos 25 miembros no tienen actualmente una legislación que obligue a mantener dichos datos.
Pero muchos legisladores de la UE se oponen a las reglas aduciendo que socavarán la privacidad e impondrán una onerosa carga financiera. En una votación que provocó agudas críticas de Washington, el Parlamento rechazó el 27 de septiembre un proyecto anterior de retención de datos, en parte por preocupaciones de sus efectos sobre las libertades civiles.
No está claro si las nuevas leyes prevendrán ataques.
