Libby es, el único incriminado en el "caso Plame", un escándalo que arrancó cuando el nombre de la espía Valerie Plame salió publicado en un artículo.
Washington, (EFE).- Lewis "Scooter" Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente de EU, Dick Cheney, se declaró hoy inocente de los cinco cargos que se le imputan por mentiras y obstrucción a la justicia, en el caso de la filtración del nombre de una espía.
Libby es, por el momento, el único incriminado en el "caso Plame", un escándalo que arrancó en julio de 2003, cuando el nombre de la espía Valerie Plame salió publicado en un artículo periodístico.
El ex asesor de Cheney compareció ante el juez federal Reggie Walton, quien lleva dos décadas trabajando como juez en la capital estadounidense.
Walton leyó los cargos a Libby y le pidió su respuesta. El abogado de 55 años indicó: "Con respeto, su señoría, me declaro no culpable".
La caída de Libby ha sido un duro golpe para Cheney, que mantenía con su asesor una relación de estrecha confianza. La incriminación de "Scooter", el seudónimo con el que se conoce a Libby, podría hacer que el vicepresidente tenga que comparecer ante un tribunal.
El fiscal Patrick Fitzgerald, quien dirige la investigación desde hace dos años, indicó, además, que aunque el grueso de la pesquisa ha finalizado, el caso todavía no se ha cerrado.
Entre los altos funcionarios que siguen bajo la lupa de Fitzgerald está Karl Rove, principal asesor político, mano derecha y "arquitecto" de las victorias electorales del presidente de EU, George W. Bush.
La oposición demócrata ha señalado que Rove debería de dimitir. El ex embajador y esposo de Valerie Plame, Joseph Wilson, también pidió la destitución de Rove, una petición a la que, sorprendentemente, también se han sumado algunos legisladores republicanos.
El "caso Plame" ha hecho, por otro lado, que los motivos para justificar la guerra en Irak regresen al primer plano de la actualidad en momentos en los que la popularidad de Bush se encuentra al 39 por ciento.
Los senadores demócratas adoptaron el martes la decisión extrema de convocar una sesión secreta, una medida excepcional a la que se ha recurrido en escasa ocasiones en los últimos 25 años.
La medida buscaba protestar la lenta investigación sobre cómo el gobierno justificó la guerra en Irak en 2003.
Al final de la controvertida sesión se formó un grupo bipartidista integrado por seis senadores -tres demócratas y tres republicanos- que emitirán un informe a mediados de este mes sobre el estatus de la segunda fase de la investigación sobre los argumentos que se utilizaron para invadir Irak.
