En noviembre pasado, sólo el 15 por ciento de los mexiquenses interrogados en una encuesta de Berumen reconocía a Enrique Peña Nieto, y de ese porcentaje, sólo la mitad sabía que era un político priista. En ese mismo sondeo, sólo el seis por ciento de los “muy priistas” consideraba que Peña Nieto sería el mejor candidato del PRI. Carlos Hank Rohn llegaba a casi el veinte por ciento (19.8) e Isidro Pastor, convertido ahora en propagandista del candidato del PAN Rubén Mendoza Ayala, casi triplicaba las preferencias de quien sin embargo lo derrotó, pues su porcentaje llegaba a 17.3 por ciento. Aunque su posición mejoraba al preguntar directamente a los “muy priistas” por quién votarían, hasta llegar a 14.7 por ciento, Peña Nieto quedaba siempre tercero, debajo de Hank Rohn (23.9 por ciento) y de Pastor (19 por ciento).
Será que los “muy priistas” son también muy disciplinados, el hecho es que en marzo pasado, ya como candidato de su partido, el joven delfín del gobernador Arturo Montiel llegaba a 35 por ciento de las preferencias electorales en una encuesta de Reforma, que el jueves anterior mostró su nuevo resultado, en que Peña Nieto llega a 44 por ciento. Aparte la disciplina, el enorme salto logrado por el aspirante priista es producto del dinero. De enormísimas, ofensivas, sospechosas cantidades de dinero. Todo el mundo advierte el fruto de ese financiamiento, en la colosal, abrumadora propaganda del candidato tricolor dondequiera que se vuelva el rostro en el estado de México, y también en el Distrito Federal y otras entidades vecinas. Cientos de vehículos de transporte público llevan su imagen, que aparece también con frecuencia en horarios y momentos caros de la televisión. Y su imagen de chico bien portado se prodiga en anuncios espectaculares, pancartas, carteles, inserciones en prensa.
El PRD y el PAN calculan que a la mitad de la campaña el priista excedió ya con mucho el alto límite fijado por el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), tope que llega a 216.7 millones de pesos. Acción Nacional exagera al suponer que Peña Nieto ha gastado hasta 420 millones de pesos (según el candidato Rubén Mendoza Ayala) o 380 millones (según su comité estatal). El PRD considera que el gasto es cuantiosísimo, pero no tanto, y lo fija en 282.3 millones de pesos. Ricardo Monreal, representante de este partido en el consejo del IEEM, presentó el once de mayo una documentada queja pidiendo que se investigue el exceso de gasto y que, por consecuencia, se cancele el registro de Peña Nieto. Días después, los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Manuel Espino y Leonel Cota (junto con sus aliados del PT y Convergencia) hicieron suya esa misma petición.
Ese será uno de los urgentes y candentes temas a que deberá enfrentarse el nuevo consejo del órgano electoral mexiquense. Al día siguiente de presentar la queja sobre la dispendiosa campaña priista -cuyo beneficiario ha presentado informes como si hubiera gastado sólo 38 millones de pesos-, el propio Monreal hizo detonar una bomba en el IEEM, que resultaría una semana después en la renuncia de todos los consejeros y no sólo aquellos sobre los que se cernió la sospecha de medrar a la sombra de su puesto. El Gobierno mexiquense y el PRI no objetaron la defenestración del consejo porque éste había sido construido, a fines de 2003, por Isidro Pastor, cuando aún era el favorito de Montiel. El ahora propagandista del PAN se ufanaba de que al menos cinco consejeros -entre ellos dos a los que el ya ex presidente quiso exhibir- estaban comprometidos con él. Por lo tanto, la renovación de la cúpula electoral favorecía a todos, por lo que en unas cuantas horas se compuso la fórmula para reintegrar el consejo.
Lo presidirá el abogado José Núñez Castañeda, a quien propuso el PAN y que ha sido profesor de la ENEP Acatlán desde su fundación hace treinta años, y la dirigió entre 1997 y 2001. Tal vez las vicisitudes de la huelga de 1999 le impidieron realizar el tipo de gestión que la junta de Gobierno reconoce con la reelección, y sólo cubrió su primer cuatrienio. También a la planta de esa ahora facultad pertenece el doctor Gabriel Corona, que junto con Bernardo Barranco, uno de los más eminentes expertos en religiones de México y el mundo, fueron propuestos por el PRD y el PAN, respectivamente, a partir de su desempeño en el consejo local del IFE, del que formaron parte. Los otros consejeros son Ruth Carrillo Téllez, Norberto López Ponce, Jorge Muciño Escalona y Juan Flores Becerril.
Aunque la Ley autoriza a los partidos en la legislatura local a proponer a los consejeros, éstos no quedan atados formalmente a los grupos que los encaminaron a sus cargos. Los nuevos miembros del consejo, por lo demás, deben tener presente de modo permanente la conducta de sus antecesores y tenerla como guía para obrar exactamente a la inversa. En febrero pasado, por ejemplo, los miembros de la comisión de fiscalización dieron cruda muestra de su dependencia del Gobierno estatal al urdir primero y destejer después una trama contra el PAN, que hubiera podido quedar sin candidato como castigo al exceso de gasto en que incurrieron sus aspirantes en precampaña.
Por la misma razón, dinero de sobra, el candidato del PRI podría ser echado de la contienda. No lo será y su abuso probará que, como el palo dado que ni Dios quita, es posible comprar una gubernatura como antes ya fue posible llegar a la Presidencia con financiamiento ilegal y secreto.
