El Siglo de Durango
El que varios edificios públicos no cuenten con rampas para discapacitados es una forma de exclusión para este sector de la población, enfatizó Norma Beatriz Pulido Corral, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien además comentó que prevalecen los actos discriminatorios en contra de los indígenas.
En un recorrido realizado por El Siglo de Durango por los diferentes edificios públicos, se constató que tanto en la Presidencia Municipal, como en el Palacio de Gobierno, el Supremo Tribunal de Justicia y en el Congreso Local, no cuentan con la infraestructura necesaria para que personas invidentes, en sillas de ruedas o con muletas se desplacen sin mayores contratiempos, pues abundan los escalones.
Pulido Corral aseveró que el hecho de que las oficinas de carácter público carezcan de las rampas para que los discapacitados acudan a realizar las gestiones que necesiten ante las autoridades competentes implica que son aislados.
?Evidentemente, hay lugares públicos que aún no cuentan con este servicio de las rampas, pero esta relación de instituciones las enviamos a la Comisión de Discapacidad; nosotros enviamos algunos lugares que consideramos importantes que deberían tener rampas y eso representa una exclusión y por lo tanto una discriminación al goce de sus derechos?, indicó.
La capacitación continúa como la mejor herramienta de la CEDH para lograr una cultura de respeto hacia las personas con capacidades diferentes. ?En este sentido atendemos quejas que por fortuna no hay tantas, lo que nos hace concluir, no que no haya violaciones a sus derechos humanos, sino que es mínima?, dijo.
La CEDH colabora con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG?s) en materia de discapacidad y Pulido Corral afirmó que todas las inconformidades expresadas reciben la atención adecuada.
?Éste es un trabajo de todos, es del Gobierno, sociedad y de instituciones autónomas como la nuestra. Creo que nosotros colaboramos con nuestras funciones y también el hecho de que se difundan estos derechos fortalece el trato?, manifestó.
La responsable de defender los derechos humanos en la entidad dijo que en comparación con otras partes de la República Mexicana, el trato que reciben los discapacitados es favorable. ?Cierto es que falta por hacer, un camino por recorrer en las condiciones de dignidad que deben tener, pero se ha avanzado?, aseguró.
Al igual que la Comisión Estatal Coordinadora para el Desarrollo y la Integración Social de las Personas con Discapacidad, la CEDH tiene una propuesta para reformar el Reglamento de Vialidad del Municipio. ?Estamos buscando en primer término las formas de modificación de la legislación respectiva y de allí se derivarán algunos actos que habremos de señalar?.
Y los indígenas, del mismo modo, permanecen en la marginación, dentro de los grupos considerados como vulnerables, estableció la servidora pública.
?El respeto a sus usos y costumbres, la falta de acceso a los derechos que consigna la Constitución en relación a cuestiones como la educación, mantiene a este grupo marginado?, comentó para complementar que no tienen quejas por parte de los indígenas.
?Tenemos un programa que se llama ?Cine Debate? y se les han proyectado algunas películas, se ha estado trabajando con ellos. Hemos asesorado a los indígenas en actos jurisdiccionales. Se hace un análisis de su expediente y se les da el punto de vista jurídico y la canalización al sector público que corresponda para que les presten ayuda?, puntualizó.
POBLACIÓN
Las personas portadoras del VIH representan un grupo vulnerable a la segregación.
-La ley protege a todos los individuos.
-Los enfermos no están obligados a someterse a la prueba de VIH o declarar que lo padecen.
-De manera voluntaria se realiza la prueba para detectar el mal; puede ser de manera anónima y que los resultados de la misma sean conservados en absoluta discreción.
-No se podrá restringir su libre tránsito dentro del territorio nacional.
-Si se porta el VIH no es motivo para ser despedido, o bien, privar del derecho a la superación mediante la educación.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos.
