Comprueba Contraloría que la aprobación del descuento a Rodolfo Guerrero se realizó por consentimiento de superiores
La Contraloría Municipal no encontró responsabilidad alguna en José Manuel Aguilera Carrera, ex director de Finanzas y Administración en la pasada gestión, en el asunto del descuento del 80 por ciento por concepto de impuesto de traslado de dominio de terreno a Rodolfo Guerrero García, hijo del ex Gobernador, a pesar de que nunca justificó un proyecto empresarial para el que iba a ser destinado dicho predio.
Según documento que obra en poder de El Siglo de Durango, Martha Judith Ávila Lucero, contralora municipal, determinó que no había ninguna responsabilidad administrativa para José Manuel Aguilera, una vez que se comprobó que la aprobación del descuento se realizó por consentimiento de sus superiores, a través del entonces presidente municipal, José Rosas Aispuro Torres, y quien fungiera como secretario del Ayuntamiento, José Luis Cisneros Pérez.
Se recordará que hubo una denuncia en abril de este año que fue realizada por regidores de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) en contra de los servidores públicos que resultaran responsables por haber efectuado un descuento del 80 por ciento, por el concepto antes expuesto, pues presumían tráfico de influencias e influyentismo y mera especulación del terreno ubicado en la calle 20 de Noviembre número 304 oriente de la Zona Centro.
La rebaja que se logró obtener por parte de Rodolfo Guerrero García, hoy diputado local en el Congreso del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue de más de 80 mil pesos, cuando la legislación municipal lo prohíbe.
De acuerdo con la investigación que hizo Martha Judith Ávila y de la que da una respuesta formal hasta el 30 de septiembre de este año, según resolutivo de la Contraloría Municipal, el descuento otorgado al hoy diputado local obedeció a un convenio de colaboración existente entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Municipio de Durango, en donde los proyectos productivos debían sustentarse y revisarse por la Secretaría de Desarrollo Económico.
El dictamen de la Contraloría explica que una vez encontrado el convenio que se ubicó en la Subdirección Inmobiliaria de Finanzas y Administración, se pudo observar la operatividad del convenio, y se comprobó que José Manuel Aguilera se sujetó a la decisión de sus superiores jerárquicos, que en este caso fue José Rosas Aispuro Torres y que hicieron válido el convenio.
Cabe mencionar que dentro de la documentación que existe en la Secretaría del Ayuntamiento se encontraron documentos de solicitud de condonación total o parcial del impuesto mencionado en noviembre de 2002, pero en mayo y octubre de 2003 se enviaron otros documentos en los que indican los dueños del terreno de referencia que por motivos financieros no se ha podido activar el proyecto de inversión.
Considerando
En el considerando VII del dictamen de la Contraloría Municipal se expresa:
?En lo relativo a los oficios en los que el C. Sergio Arturo Campillo Carrete (socio de Rodolfo Guerrero García, hoy diputado local), informa sobre el no avance del proyecto de inversión por motivos financieros, esta Contraloría observa que el incentivo fue otorgado por parte de la autoridad municipal correspondiente, sólo hasta el momento que refiere a la operación de compra-venta y por ende al pago del impuesto de traslado de dominio, por lo que al no haber más descuentos sobre impuestos municipales subsecuentes, no es responsable de la no operación del proyecto en sí, es decir, el Municipio cumplió con dar el incentivo correspondiente al descuento en el pago de traslado de dominio en cuanto hace a la operación financiera de compra-venta.?
