Ha pasado más de un año del plagio del propietario del rancho Constituyente.
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- A más de un año del secuestro del ganadero, José Estrada Acuña, propietario del rancho Constituyente, y de sus acompañantes, Mario Contreras y Ramón Beltrán Rojas, en la capital del estado, la familia Estrada convocó a rueda de prensa en esta ciudad para denunciar la ineficiencia policiaca. Presumen que la Policía Ministerial podría estar brindando protección a una banda de secuestradores que en los últimos meses habrían perpetrado al menos otros diez secuestros.
Verónica Ruacho Estrada, prima de José Estrada Acuña, explicó que el secuestro ocurrió el 31 de mayo de 2004 en Durango capital, dijo que la última ocasión que vieron al ganadero fue ese día cuando acudió a una cita en el hospital San Jorge para reunirse con una persona que apodan ?El Raco?, quien le estaba ofreciendo en venta un rancho.
El primero de junio la familia recibió la llamada de los secuestradores que les exigían un rescate de cinco millones de dólares. El cinco de junio decidieron interponer la denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta el momento la averiguación se encuentra estancada y los familiares aseguran que la directora de Averiguaciones Previas, Ruth Medina Alemán, les dijo que archivaría el expediente porque no había ya nada qué investigar.
Los familiares no descartan la posibilidad de que algún conocido de José Estrada Acuña pudiera estar relacionado en el secuestro, tienen esa sospecha porque al parecer en aquellas fechas José había recibido una oferta del Gobierno de Estados Unidos que le pretendía comprar en cinco millones de dólares un rancho que tiene en aquel país, porque se presumía que habían encontrado un yacimiento de petróleo.
Verónica Ruacho aseguró que hasta el momento la familia ha pagado en cuatro entregas alrededor de cuatro millones y medio de pesos, pero ni así han logrado que los secuestradores liberen a José y a sus dos acompañantes, explicó que el dinero lo entregaron en dos ocasiones en junio y otras dos en julio, todas en la ciudad de Chihuahua, específicamente en la carretera a Juárez.
La familia afirmó que han solicitado el apoyo de la Policía Ministerial pero no han recibido ninguna respuesta positiva, y por el contrario encuentran indiferencia que les hace pensar en que la Policía Ministerial podría estar brindando protección a las autoridades.
En todo este tiempo la familia Estrada ha contratado investigadores privados y en su momento aportaron a la investigación las pruebas que éstos consiguieron, ?no tenemos apoyo, el gobernador, Ismael Hernández Deras, dice que en el estado no hay secuestros, vemos que nuestro primo no existe pues en los índices de delincuencia?.
Verónica Ruacho señaló que han viajado a la capital del país para solicitar apoyo en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), y esto sirvió para que las autoridades estatales traten de deslindarse de la investigación.
La prima de José Estrada pues considera que las autoridades federales deben investigar a la banda de secuestradores que opera en el estado, pues insistió en que en los últimos meses se han registrado al menos diez secuestros que no han dado a conocer a la luz pública y nombró los casos de Juan Rodríguez y Primitivo Nevárez, ambos radicados en Durango capital.
El 28 de diciembre de 2004 los familiares recibieron un video en el que José Estrada se ve en mal estado físico y les pide que reúnan más dinero para que lo puedan liberar, la última ocasión que la familia tuvo contacto con el secuestrado fue el pasado dos de enero de este año, cuando se comunicó vía telefónica, Verónica dijo que ahí se terminó la comunicación porque quedó en evidencia que las autoridades protegen a la banda, aunque ya no entró en más detalles porque asegura que tienen temor de represalias.
Datos proporcionados.
A continuación se dan a conocer algunos datos que la familia Estrada proporcionó durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en esta ciudad, pues afirman que en Durango se sintieron bloqueados por las autoridades:
·El seis de junio de 2004 el ministerio público, José Luis Reyes Morales, aseguró para levantar huellas dactilares, y otras pruebas periciales, la camioneta Ford Lincoln Navigator modelo 2002 con placas del estado de Texas, M49DGC de color rojo que encontraron en el estacionamiento de la tienda Gigante de la colonia Nueva Vizcaya, misma que era propiedad del secuestrado, y hasta el momento las autoridades no la han querido entregar a los familiares.
·En cuatro entregas la familia ya pagó cuatro millones y medio de peso, pero ni así consiguieron que los secuestradores liberaran a José Estrada, el último día que tuvieron contacto telefónico con él fue el pasado dos de enero de este año.
·La familia exige una investigación seria de las autoridades, pues aunque en su momento se integró un grupo especial para esta investigación no hay resultados, señalaron que el comandante de la Policía Ministerial en la Región Lagunera, Antonio García Artea, formaba parte de este grupo.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
