Argumenta el Gobierno actual que las manifestaciones están penetradas por intereses político empresariales de "ultraderecha".
LA PAZ (AP).- El presidente Carlos Mesa se enfrentaba el viernes a insistentes pedidos de renuncia que provienen de grupos empresariales y sindicales después de que decretara, la semana pasada, un aumento en el precio de los combustibles que activó las protestas sociales.
La Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de Santa Cruz, al este de La Paz, que agrupa a los empresarios de aquella ciudad demandan la anulación del incremento y alegan que el mandatario es "incapaz" de enfrentar la crisis.
Pero el gobierno rechazó derogar el aumento y acusó a esas organizaciones de estar alentando un "proceso de desestabilización", según dijo el ministro de Gobierno (Interior), Saul Lara.
El miércoles la ciudad de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, afrontó una violenta manifestación en contra del incremento y por la renuncia del mandatario que derivó en destrozos a la Prefectura (Gobernación) y a la sede de los transportistas. Estos paralizaron el jueves y viernes reclamando garantías de las autoridades.
El director de la Unidad de Prevención de Conflictos, Gregorio Lanza, dijo que las manifestaciones en Santa Cruz están supuestamente penetradas por intereses político empresariales de "ultraderecha" ligados al depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no presentó pruebas de su acusación.
Lanza dijo, además, que esos sectores han logrado un acercamiento con grupos de la "ultraizquierda" que operan en la ciudad de El Alto donde los juntas vecinales rechazan el aumento en el precio de los combustibles, exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la aceleración del juicio al ex presidente Sánchez de Lozada, pero no han pedido la dimisión del mandatario.
Las acusaciones de Lanza a los dirigentes vecinales de El Alto de recibir asesoramiento de gente ligada a Sánchez de Lozada provocaron la ruptura de negociaciones de esa ciudad con el gobierno. "Acusarnos de gonistas (seguidores de Sánchez de Lozada) es una provocación", dijo el dirigente Abel Mamani.
El Alto, ciudad pobre colindante con La Paz, fue el epicentro de la protesta popular que en octubre de 2003 derivó en la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada tras la muerte de 56 personas durante la revuelta.
El supuesto complot contra Carlos Mesa provocó un agrio debate entre partidarios del ex presidente y seguidores del líder cocalero Evo Morales.
Mirtha Quevedo, jefa del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido de Sánchez de Lozada, demandó derogar el alza de los carburantes y anunció que iniciará un juicio interpelatorio en el Congreso en contra del ministro Saul Lara, quien acusó a su partido de conspirar.
Quevedo dijo que Evo Morales está en un "silencio cómplice" con el gobierno al no condenar el ajuste. Pero el diputado Gustavo Torrico, del partido del dirigente cocalero, dijo que el MNR está en "afanes conspirativos" con las empresas petroleras que no quieren una nueva ley de hidrocarburos.
