“Si aceptamos esto convertiremos a la
expropiación en una regla y no una
excepción”.
Mariano Azuela
Muchas de las votaciones de la Suprema Corte de Justicia son muy cerradas. No fue el caso, empero, con la que tuvo lugar ayer sobre la expropiación de nueve predios por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México para beneficiar a Refrescos Pascual. Por diez votos contra uno, los ministros determinaron que la expropiación es inconstitucional.
El caso es sumamente importante porque establece el criterio de que el Gobierno no puede expropiar predios para beneficiar a empresas privadas, aun cuando se trate de cooperativas. Para que una expropiación sea legal debe existir una “causa de utilidad pública”. Esto lo determina la Constitución, pero se ha hecho tan común la expropiación para beneficiar a intereses particulares que era indispensable tener un fallo de la Suprema Corte que subrayara que esto no es aceptable.
Rosario Robles expropió el predio de El Encino en Santa Fe para beneficiar a un hospital privado, el ABC, con la construcción de un acceso. Como los dueños del hospital no habían podido llegar a un acuerdo con los propietarios de El Encino para que éstos les vendieran los terrenos al precio que querían, optaron por la habitual solución mexicana de recurrir a contactos en el Gobierno para que éste expropiara los predios.
Punta Diamante, en Guerrero, es otro ejemplo. El Gobierno de José Francisco Ruiz Massieu expropió los terrenos que ahí se encontraban no para hacer obras de utilidad pública sino para realizar un desarrollo turístico. Muchos negocios privados, en los que presuntamente estaba vinculado el propio gobernador, florecieron a raíz de esa expropiación. Pero eran otros tiempos y los tribunales no quisieron oponerse a este abuso. Sólo una empresa dueña de un predio, asesorada por Diego Fernández de Cevallos, logró oponerse al poder del gobernador y logró que se le entregara un terreno como indemnización.
Otro caso es el del aeropuerto de Texcoco. El Gobierno Federal expropió buena parte de los terrenos necesarios para su instalación. Pero unos ejidatarios de San Salvador Atenco se negaron a aceptar que el Gobierno los despojara. En este caso sí había una causa de utilidad pública, ya que el nuevo aeropuerto daría servicio a toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Pero los aeropuertos son negocios y muy prósperos. Resultaba injusto así expropiar los predios a precio de fincas rurales sólo para que el Gobierno y los concesionarios privados del aeropuerto multiplicaran su valor para beneficiarse en lo económico.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia ratifica lo que el presidente de la Corte señaló en su argumento: que la expropiación debe ser una excepción y no la regla.
Hasta ahora los Gobiernos han expropiado lo que se les ha antojado y muchas veces sin pagar la indemnización que exige la Ley. Bastaba con que un grupo tuviera conexiones políticas, como ocurrió con la cooperativa Pascual, para que se despojara a quienquiera que tuviera algo que ese grupo ambicionara. Había que tener abogados con influencias, como Fernández de Cevallos, o sacar los machetes y hacer bloqueos de carreteras, como los ejidatarios de San Salvador Atenco, para evitar el despojo.
Me queda claro que la justicia en México sigue siendo lenta. La cooperativa Pascual ha ocupado de manera ilegal los predios de la señora Victoria Valdés, viuda del fundador de Pascual, desde 1984. En ese tiempo ha usufructuado los terrenos y los pozos de agua que se encuentran en los predios. Y cuando después de un largo proceso la viuda logró que los tribunales ordenaran el desalojo de los predios, los cooperativistas recurrieron a sus contactos políticos con el Gobierno del PRD para que éste ordenara la expropiación de los predios y se los entregara con título de propiedad.
El fallo de la Corte demuestra que, aunque lenta, la justicia puede existir todavía en nuestro país. Sin embargo, ahora habrá que ver si las autoridades capitalinas aceptan la decisión o si prefieren seguir nuevamente el camino del desacato. Están conscientes, después de todo, que con el caso de El Encino la PGR ha lanzado ya el mensaje de que los políticos importantes pueden dejar de cumplir un fallo judicial sin temor a consecuencias.
VIEJO JUARISMO
Quizá yo sea viejo y de ideas obsoletas, pero creo que la política exterior de los tiempos del PRI era más razonable que la del presidente Fox. ¿Había algo de malo en esa idea juarista de que el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Hemos ganado algo con meternos en las decisiones soberanas de los Gobiernos de Cuba, Argentina y Venezuela? Yo soy un firme creyente en el libre comercio, pero es absurdo sermonear a otros Gobiernos por tomar sus decisiones.
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