La procuración federal de justicia es, por lo menos, extraña. Se muestra desidiosa en algunos casos graves y practica un activismo ineficaz en otros. De una u otra manera, su desempeño está por debajo de las exigencias de una sociedad que reclama justicia.
Las diputadas Judith Díaz y Tatania Clouthier se entrevistaron en la primera quincena de noviembre con el general procurador general Rafael Macedo de la Concha. La Secretaría de Gobernación actuó para que las legisladoras tuvieran acceso al titular de la PGR y su enviado Luis Correa Mena fue además de mediador testigo de la conversación de las diputadas, que aunque elegidas en Nuevo León mostraban interés por situaciones presentes en Sinaloa.
Especialmente preocupaba a la ahora independiente Tatiana Clouthier el nexo entre el líder estatal del PRI, Joaquín Vega y Eduardo Vega, director de procesos y averiguaciones previas de la PGR. La legisladora quería saber si el que fueran hermanos explicaba las omisiones en el combate al narcotráfico y en la presunta vinculación de niveles del Gobierno con esa rama de la delincuencia organizada, lo que además explicaría los caudales que gastaba el candidato priista Jesús Aguilar.
La conversación tenía lugar poco antes de los comicios del 14 de noviembre, en que Aguilar venció a Heriberto Félix Guerra, el candidato panista, cuñado de la preocupada legisladora y que había sido miembro del gabinete de Juan S. Millán. El procurador Macedo desestimó el señalamiento de las diputadas, atribuyendo escasa importancia al cargo de su colaborador Vega: “¡pero si es un puestecito chiquito, no hace nada!”.
Con eso el general procurador general dijo verdad: no hace nada. Pero es que lo mismo ocurre no sólo con los puestos chicos, sino con los grandes, como el suyo. Lo prueba el auge del narcotráfico en Sinaloa y en otras entidades. Tal contraste entre la prosperidad delincuencial y la pobre actuación de la PGR es de suyo grave, pero más lo es cuando se conocen las noticias sobre la implicación de miembros de esa procuraduría —agentes del ministerio público o de la AFI— en las actividades de la delincuencia organizada.
En vez de explicar por qué no fue atendida la preocupación de Tatiana Clouthier, el general procurador general quiso salir por la tangente lamentando una suerte de indefensión: “Nos quieren volver rehenes de intereses de otra naturaleza, que no corresponden a los de la debida aplicación y respeto a la Ley”. Y se exculpó diciendo que no podía actuar en el caso señalado por la ex panista “de una manera en que sin tener los elementos y pruebas... yo tome acciones por el simple hecho de una apreciación de esta naturaleza”.
Sí las tomó la PGR, sin contar con “todos los elementos y pruebas”, en el caso de la señora Artemisa Aguilar, presa hace ya un año sin que se le sentencie. Se le acusó de formar parte de una banda de traficantes de personas. El principal indicio aportado por el ministerio público federal fue la declaración de inmigrantes ilegales centroamericanos que no ratificaron su dicho porque desaparecieron.
Igualmente actuó así la PGR (específicamente, como en el caso anterior, la SIEDO, la subprocuraduría que se encarga de la delincuencia organizada), en el caso de Nahúm Acosta Lugo, hasta el cinco de febrero miembro del personal de Los Pinos. Desde esa fecha permanece en un ilegal arraigo en una suerte de reclusorio de dudosa legalidad. Un día sí y otro también la SIEDO esparce la especie de que es inminente la orden de aprehensión que no puede siquiera solicitar.
Integrantes de la PGR aparecieron en un suceso que por fortuna no pasó a mayores pero que sin querer revela modos de hacer y de ser de la procuración federal de justicia. En apariencia, el auto en que viajaba una hija de Carlos Ahumada, procesado por varios delitos y recluido bajo la jurisdicción local capitalina, fue tiroteado y la agresión repelida por personas que escoltan a la joven. El presunto agresor resultó ser un agente del ministerio público federal. Si bien estaba de vacaciones y no en el desempeño de sus funciones oficiales, su comportamiento corresponde a pautas de nula exigencia profesional. Manejaba en estado de ebriedad, acompañado por su hijo, con quien según su versión jugaba con una arma, lance en que fue disparado por accidente un balazo que dio en el vehículo en que viajaba la hija de Ahumada. No fue así, al parecer, pues varias denuncias indican que había al menos molestado a otras personas antes de su detención, causada por el ataque a la joven Ahumada Gurza.
Ésta viajaba resguardada por miembros de la Agencia Federal de Investigación. La escolta ha sido provista porque se han proferido amenazas de muerte contra la familia del empresario acusado de corromper a perredistas integrantes de grupos políticos y administrativos en la Ciudad de México. Conforta saber que la PGR se halla en disposición de proteger a personas amenazadas, si bien me gustaría saber si puede hacerlo en general o sólo en casos escogidos.
Con Ahumada la PGR ha tenido deferencias antes y después de su detención en Cuba y su deportación a México. En febrero del año pasado organizó, con costo para el erario, una diligencia que acomodara a Ahumada (denuncia de la que no se siguió consecuencia alguna). Ese favor ministerial y otras buenas maneras corresponden a la confesión de Ahumada de que se le proveería auxilio y protección entre otras prestaciones a cambio de la videoteca que revela conversaciones en su oficina y en Las Vegas.
