La Procuraduría General de la República ha sido tildada más de una vez por fabricar culpables. Acaso para compensar tal actividad, cuando se trata de sus miembros la PGR fabrica inocentes, los exonera aun sin investigar las acusaciones respectivas o anticipa resultados en esa dirección cuando las indagaciones aún están en curso.
Sobran ejemplos en que los involucrados son integrantes de la Agencia Federal de Investigación. Por recordar sólo algunos, tengamos presente el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza, detenido sin orden de aprehensión como si fuera un secuestrador, torturado y asesinado. Se pretendió primero informar de una muerte natural, luego de un accidente, se admitió al fin el homicidio intencional, y más de tres años después del siniestro episodio el principal culpable no ha sido detenido. Es que era comandante de la AFI.
El 16 de enero pasado la Policía municipal de Cuautitlán Izcalli detuvo a 24 personas, casi todas vestidas de civil, algunos identificados por su ropa como miembros de la AFI, y a bordo de varios vehículos particulares, además de uno con el rótulo de su pertenencia a una oficina de la propia Agencia Federal. Se les acusó de asaltar una casa-habitación, pero de inmediato la PGR dictaminó su inocencia. “Frustran operativo de la AFI”, se tituló el boletín que hizo las veces de sentencia y en el que se dio aviso de que los detenidos “arbitrariamente”, fueron “trasladados a las instalaciones de la Visitaduría General de la PGR para que ahí continúen con las diligencias de investigación”. Mediante ese procedimiento sumario se les exoneró.
Lo mismo han hecho la PGR y la AFI en el delicado caso de Enrique Salinas de Gortari. Apenas producido el hallazgo de su cadáver, el seis de diciembre, se presentaron en la escena del crimen agentes federales, no obstante que se trataba de un asunto del fuero común. Algo habían tenido que ver la víctima y miembros de esa corporación y otras dependencias de la PGR, pues el 22 de noviembre el ministerio público federal había recibido un pedido de la Policía francesa para localizar a Salinas de Gortari. No obstante que se satisfizo la solicitud (dos agentes fotografiaron el domicilio de la persona buscada), el propio seis de diciembre el jefe de la Unidad Antisecuestros de la AFI, Édgar Millán notificó que no había sido posible localizar a Salinas de Gortari.
Quizá quiso decir que no se le podía localizar vivo, pues estaba informado de la muerte de esa persona, toda vez que los agentes que inopinadamente acudieron al teatro de los acontecimientos le reportaron el hallazgo del cadáver.
Indicios reunidos en las primeras pesquisas permitieron saber de esa vinculación entre Salinas de Gortari y personas vinculadas a la PGR. Entonces, apenas el 16 de enero la Procuraduría emitió una prematura exoneración. Con notorio gusto por la contundencia, la oficina de prensa tituló su boletín 043: ningún elemento de la AFI está involucrado en el homicidio de Enrique Salinas de Gortari. La información que dio lugar a ese comunicado fue tenida por la PGR como “especulación infundada y tendenciosa que sólo confunde a la sociedad”. Y también se desestimó el reporte del registro telefónico que mostró llamadas desde y hacia la PGR en el número de Salinas.
El jueves pasado dos agentes de la AFI, José de Jesús Medellín y Eduardo Paredes fueron detenidos por la Policía Ministerial mexiquense en relación con ese caso. De inmediato y en sentido contrario a la Procuraduría local, la PGR dijo haber “agotado diversas líneas de investigación que descartan hasta este momento la posible participación de elementos de la Agencia Federal de Investigación o de otros servidores públicos de la institución en el homicidio del ingeniero Salinas de Gortari”. Y todavía insistió en asegurar que la PGR “no cuenta con datos fidedignos” como los que sirvieron al ministerio público mexiquense “para imputarles a los elementos de la Agencia Federal de Investigación José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy alguna responsabilidad sobre presuntos actos de extorsión o de hechos que los involucren en el homicidio de Enrique Salinas de Gortari”.
Fue todavía más allá el director de la AFI, ingeniero Genaro García Luna, al que sus compañeros del ministerio público exoneraron en su momento de acusaciones presentadas por dos secretarías de Estado de la presente administración, por irregularidades durante su desempeño en la Policía Federal Preventiva. Extendió una carta de buena conducta a sus subordinados, como aval frente a la acusación mexiquense: “tienen toda nuestra confianza en tanto un juez no diga lo contrario. Nuestra convicción es que los agentes han hecho su trabajo en la parte que les corresponde y según el expediente que está en la PGR y del que tengo conocimiento, en ninguna parte señala su responsabilidad”. Y reiteró: “la PGR ha integrado un expediente y en ninguna parte se refiere a algún vinculo de la AFI con el asesinato de Enrique Salinas”.
Pues claro que no aparece en ese expediente nada que involucre a agentes de la AFI. Ese es el problema, la inclinación a otorgar impunidad a los miembros de la PGR. Claro que cabe también la posibilidad de que la Procuraduría mexiquense fabrique culpables. Pero los testimonios de personas allegadas a la víctima, que son contestes y obran en el expediente, corroboran que Salinas de Gortari padecía una extorsión de agentes que en vez de cumplir su deber quisieron obtener provecho de su información.
