AGENCIAS
MÉXICO, DF.- El Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, fijó una fianza de 32 millones de pesos a Raúl Salinas de Gortari, por lo que podrá abandonar en las próximas horas el penal de Santiaguito, Estado de México.
El hermano del ex presidente de México, tendrá que depositar una fianza de 30 millones de pesos, así como dos millones más en obligaciones procesales.
Una reforma al Código Penal aprobada en 2004 por el Congreso de la Unión, permitirá a Raúl Salinas despreocuparse de un posible regreso a prisión luego que fue absuelto por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
La modificación al Artículo 25 del Código Penal Federal, vigente a partir del 27 de mayo de 2004, estableció que el tiempo que un reo pase en prisión preventiva por un delito, también contará para condenas por distintos ilícitos, siempre y cuando los hechos hubieran sido anteriores al ingreso del acusado a prisión.
“La privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta, así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea”, dice la nueva redacción del Artículo, modificado por iniciativa del Partido del Trabajo.
Esto quiere decir que los diez años y tres meses que Raúl ha pasado en prisión por homicidio calificado, también serán tomados en cuenta en caso que sea declarado culpable por enriquecimiento ilícito, único delito por el que sigue sujeto a proceso penal.
La pena máxima por enriquecimiento es de 14 años de cárcel, y de acuerdo con la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social, el tiempo que Salinas pasó preso prácticamente sería suficiente para tener esta sanción por compurgada, o para recibir beneficios que lo mantendrían fuera de prisión.
Según un reporte de las autoridades del penal de Santiaguito, Raúl ha laborado dos mil 150 días en el interior de esa cárcel. La Ley señala que por cada dos días de trabajo, se descontará un día de la pena, lo que quiere decir que Salinas tendría derecho a la cancelación de tres años del posible castigo.
Este juicio se refiere a más de 224 millones de pesos en inmuebles y cuentas bancarias detectadas en México, que Raúl Salinas no justificó en sus declaraciones patrimoniales cuando fue servidor público.
El proceso comenzó en marzo de 1996, pero a la fecha, ni siquiera hay sentencia de primera instancia. Sin la reforma al Código, Salinas hubiera tenido que purgar una posible condena por esta acusación, con independencia del tiempo que estuvo preso por homicidio.
Joel Padilla Peña, diputado del PT que presentó la iniciativa el 11 de diciembre de 2003, argumentó que la medida era necesaria para abatir la sobrepoblación en las prisiones de todo el país, donde buena parte de los internos aún no han sido declarados culpables.
