Gracias al diálogo y la negociación entre los reclusos y autoridades penitenciarias casi medio millar de familiares de reclusos en una cárcel de Venezuela terminó sin heridos.
Caracas, (EFE).- El secuestro de casi medio millar de familiares de reclusos en una cárcel del oriente venezolano finalizó hoy tras once días de negociaciones, informó el director nacional de Prisiones, Erling Rojas.
"Ha finalizado la situación gracias al diálogo, a la negociación, si no cordial, al menos pacífica" entre los reclusos y las autoridades penitenciarias, declaró Rojas a EFE.
Entre los términos acordados por las partes está la realización de una "evaluación de procesos judiciales" de los reclusos del Centro Penitenciario La Pica, en el estado nororiental de Monagas, precisó Rojas.
Los presos de La Pica mantenían retenidos desde el pasado 16 de mayo a 422 de sus familiares, incluidos 59 menores, pero durante el fin de semana pasado permitieron la salida de al menos 24 niños.
De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los familiares de los presos permanecieron en la cárcel en contra de su voluntad.
Rojas aseguró a EFE que tanto los adultos como los menores liberados hoy fueron evaluados por personal médico que determinó su buen estado de salud.
También anunció el reforzamiento de los equipos multidisciplinarios que se han instalados en los distintos penales del país para evaluar individualmente cada caso penitenciario, en un intento por acelerar los procesos judiciales.
El secuestro de familiares en La Pica fue el último de una serie de conflictos que se han registrado en las últimas semanas, incluidas huelgas de hambre simultáneas en al menos tres cárceles a principios de mes.
Los reclusos protestaron así el retardo procesal, el hacinamiento y las malas condiciones de las infraestructuras de los centros carcelarios.
Rojas ha insistido en que "detrás de esta crisis" penitenciaria de las últimas semanas "hay una 'mano peluda' que busca desestabilizar y 'tumbar' los adelantos" logrados con el decreto presidencial de emergencia carcelaria de diciembre de 2004.
El Gobierno venezolano declaró la emergencia carcelaria en respuesta a la creciente violencia en los 30 penales y 16 internados judiciales del país, que albergan a 19.383 reclusos según cifras de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Interior y Justicia.
En el 2004 murieron de forma violenta 327 reclusos y otros 655 resultaron heridos, de acuerdo con datos de la organización no gubernamental Observatorio de Prisiones.
Una comisión presidencial para el asunto de las cárceles determinó el pasado abril que los presos venezolanos afrontan problemas de "hacinamiento, seguridad deficiente e insuficiente y retardo procesal".
Otro problema que confrontan los casi 20 mil reclusos venezolanos son "deterioro de la infraestructura, salud, y retardo en el área de las evaluaciones psicosociales", según precisó el magistrado Héctor Coronado, representante del TSJ en la Comisión Presidencial para la emergencia carcelaria.
