Tras una larga sesión parlamentaria que finalizó con una votación insuficiente para aprobar un proyecto de ley de reforma constitucional.
La Paz, (EFE).- La incertidumbre persiste en Bolivia tras fracasar en el Congreso la negociación de los partidos políticos sobre la propuesta de anticipar dos años la renovación del Ejecutivo y el Legislativo.
Las conversaciones concluyeron esta madrugada en la Cámara de Diputados, tras una larga sesión parlamentaria que finalizó con una votación insuficiente para aprobar un proyecto de ley de reforma constitucional.
La propuesta pretendía sustituir la norma que exige la convocatoria de elecciones de presidente y vicepresidente del país por otra que autorice el acortamiento del periodo cuando han renunciado esos altos cargos y sus legítimos sucesores cuando no se han cumplido tres de los cinco años del mandato.
Esta situación se desencadenó en este país el pasado 9 de junio, cuando el Congreso tuvo que designar al titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, como nuevo Jefe de Estado, debido a que también dimitieron los presidentes de las dos cámaras del Congreso.
La búsqueda de una salida legal es forzada por la petición de varios sectores para que se adelanten los comicios generales tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, que todas las fuerzas políticas han reconocido como legítima.
Si la normativa en vigor no es reformada por el Congreso, el presidente Rodríguez, que insiste en que su gestión es transitoria hasta la realización de nuevas elecciones, ha reafirmado que llamará a votación en el mes de diciembre para transferir el poder.
Con la presión de las organizaciones sociales y la decisión del Ejecutivo, los legisladores bolivianos llevan tres días en una sesión extraordinaria tratando de ponerse de acuerdo tanto para acortar el periodo constitucional como para fijar posición sobre los demás temas planteados por las instituciones.
En principio, los líderes partidarios han aceptado finalizar su mandato el 31 de diciembre de este año, pero se han formado dos bandos sobre las consecuencias de esa determinación.
El Movimiento Al Socialismo y la Nueva Fuerza Republicana han abanderado la necesidad de que, tras el acortamiento del periodo, se convoque primero a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna y, posteriormente, se llame a renovar los dos poderes públicos.
De su lado, los legisladores del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria y otras fuerzas menores creen que los comicios generales tienen prioridad y sostienen que los probables asambleístas distraerán su misión principal hacia la siguiente campaña electoral.
Con esa discusión, cerrada en ambos bandos, los que apoyaron la elección de presidente, vicepresidente y legisladores en diciembre lograron la adhesión de 50 votos, mientras los que piden la Constituyente sumaron 54 sufragios, de un total de 105 presentes en el hemiciclo.
El resultado dejó confundidos a los diputados, como lo reconoció su presidente, Mario Cossío, quien, una hora después de la votación, dijo que él y sus colegas habían caído en "un falso debate" sobre los temas que deben resolverse.
La sesión parlamentaria, transmitida por el canal estatal de televisión, es seguida con expectación por la población, en los nueve departamentos del país.
El interés público está dividido. En los distritos del oriente y norte boliviano se espera que el Congreso apruebe para diciembre la convocatoria a elecciones generales y, al mismo tiempo, un referéndum para decidir la instauración de un régimen autonómico en el país.
También se exige mantener el 12 de agosto próximo la votación popular para elegir a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos.
En cambio, en la zona andina y central se presiona para que primero se forme la Asamblea Constituyente, que redacte una nueva Carta Magna, y se aplace la consulta popular sobre las autonomías y la elección de los prefectos.