Agencia Reforma
MÉXICO, DF.- La fiscalización del gasto público en los estados de la República enfrenta obstáculos por la gran variedad de leyes y la falta de transparencia, concluyó el estudio Cuenta Pública en México, ?Evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior?, elaborado por la Universidad de Guadalajara.
El estudio, concluido en diciembre de 2004, analiza el contenido de las leyes de fiscalización superior de cada estado utilizando diez variables, pero no la manera en que éstas son aplicadas.
La evaluación en los 31 estados y el Distrito Federal arrojó un promedio nacional de 57.03 por ciento sobre 100 puntos.
En total, 15 leyes estatales no aprobaron por fallas en temas como autonomía del órgano fiscalizador, medición de su desempeño y fundamento sólido en la Constitución estatal.
?Sobresalen los problemas formales, como la variedad de leyes y técnicas legislativas, los conceptos y definiciones dispares, y la falta de armonización y actualización de las leyes conexas?, señala el estudio.
En materia de transparencia del gasto público, y en especial de los resultados de la revisión a la cuenta pública, 12 estados aprobaron y 14 reprobaron, pese a contar con leyes locales sobre acceso a la información.
En autonomía plena ante el órgano fiscalizador, 16 estados no aprobaron, 22 no cuentan en su Constitución local con fundamento suficiente para la actividad de este organismo y 23 no tienen reglamento interior propio y actualizado.
De acuerdo con la evaluación general, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Michoacán y Nayarit tienen las leyes mejor evaluadas, mientras que las de Hidalgo, Sinaloa y Aguascalientes -que tienen décadas de antigüedad, como es el caso de Hidalgo, que data de 1971-, tuvieron cero de calificación.
?No hay evidencia suficiente para afirmar que las leyes más nuevas sean mejores, permaneciendo el supuesto de que la voluntad política y las decisiones del Poder Legislativo son las determinantes para expedir una buena Ley en materia de fiscalización superior?, concluyeron los investigadores, encabezados por Aimeé Figueroa Neri y Rosa María Pérez Vargas.
En 1999, una reforma a la Constitución estableció la Auditoría Superior de la Federación y detalló una gama de nuevas facultades, más profundas que las que tenía la anterior Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para revisar la cuenta pública federal.
Sin embargo, la Carta Magna no se refiere a este tipo de órganos a nivel estatal, por lo que el diseño ha quedado a criterio de las respectivas legislaturas locales, lo que ha generado algunos conflictos.
En semanas recientes, la Suprema Corte de Justicia ha tenido que revisar controversias constitucionales planteadas lo mismo por municipios que por gobernadores, que han cuestionado, entre otros aspectos, las facultades de las entidades fiscalizadoras para revisar sus gastos.
