A despecho de los propósitos trilaterales expresados en la declaración conjunta de los gobernantes de América del Norte respecto de las “fronteras compartidas”, hoy se inicia en Arizona un mecanismo de vigilancia privada que puede incrementar los riesgos de los migrantes mexicanos que cruzan la línea en pos de trabajo.
En Waco los presidentes de México y Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá emitieron un documento que sintetiza los fines de la Alianza para la seguridad y la prosperidad, un esfuerzo conjunto en que lo relevante, lo que verdaderamente mueve al Gobierno de Washington es “proteger a América del Norte de amenazas externas, prevenir y enfrentar amenazas internas, así como facilitar la seguridad y eficiencia del tráfico legítimo y de bajo riesgo a través de nuestras fronteras compartidas”.
Los principios y objetivos de la declaración conjunta serán desarrollados por equipos ministeriales de los tres países en 90 días, de suerte que hacia fines de junio deberán concretarse los primeros pasos en materia de seguridad y prosperidad. Se trata, respecto del primer objetivo, de: “Instrumentar estrategias comunes de seguridad financiera y bioprotección; mejorar la protección de infraestructura importante e implementar un modelo común de respuesta ante emergencias; instrumentar mejoras en la seguridad aérea y marítima, hacer frente a amenazas extraregionales y mejorar las alianzas en materia de información e inteligencia; e implementar una estrategia de agilización fronteriza a fin de aumentar la capacidad instalada para mejorar el movimiento legítimo de personas y mercancías en nuestras fronteras”.
Como contrapartida no expresa, si se trata de aligerar el tránsito legítimo de personas, se tratará también de disuadir el flujo de personas sin documentos, mediante diversos arbitrios, algunos de carácter oficial y otros presuntamente ciudadanos, pero ensamblados de suerte que produzcan el mismo efecto: encarecer los riesgos de pasar de México a Estados Unidos sin la documentación requerida.
Aunque hace ya varios años que grupos de civiles armados se erigen como defensores de la frontera, el riesgo de que ahora se produzca violencia entre grupos de intereses opuestos se ha incrementado. Por un lado, un Ejército de tierra y aire, los efectivos del proyecto Minuteman (que en su nombre evoca el fundamentalismo patriótico que los mueve, por la alusión a los ciudadanos armados de pronta reacción durante la guerra de Independencia) serán vigilados por grupos de ciudadanos contrarios al patrullaje informal de los patriotas, juzgado como fuente grave de peligros para la vida y la integridad de los migrantes. Y aunque los irregulares juran que se limitarán a detener a los infractores de la Ley, para entregarlos a la Patrulla Fronteriza, nada hay que garantice un terso cumplimiento de ese deber cívico autoimpuesto.
Nadie puede válidamente objetar que se procure frenar el tráfico de personas, la actividad de los polleros que con cierta frecuencia deriva en muerte o daños irreparables a los trabajadores que pagan por ser internados en territorio estadounidense, como no puede objetarse la denuncia de puestos donde se vende droga al detalle. El tráfico de personas es uno de los peores aspectos de la delincuencia organizada que se ceba en los más pobres, a los que se esquilma y a menudo se engaña. Obturar las vías de ingreso que utilizan esos traficantes, y denunciarlos y hacerlos detener significa impedir que se lucre con la necesidad de los menesterosos. Pero no es eso lo que los cazadores de Minuteman pretenden, sino combatir a todo el que intente hollar el suelo estadounidense sin derecho. Y es imaginable que los migrantes resistan el asedio de aquella tropa, y aun contraataquen, y se genere entonces un círculo infernal más que perverso.
Formalmente no queda duda de la oposición del Gobierno estadounidense a la cacería cuya temporada comienza hoy. Pero el respeto a la iniciativa de los particulares, la no injerencia gubernamental en la esfera de acción de los ciudadanos (que implica admitir la creación de arsenales en manos de agrupaciones con disciplina castrense) coloca en mala posición a la Casa Blanca. Esa ambigüedad se percibe en expresiones como la de Scott McClellan, vocero presidencial, quien intenta una difícil si no imposible distinción: “Si se trata de gente que reporta actividad sospechosa, es una cosa. Si se trata de gente que opera fuera de la Ley, eso es otra cosa y no se puede permitir que suceda”.
En los hechos, a partir de esa ambigüedad se establece un clima de convivencia y de cooperación entre los vigilantes formales, de la Border Patrol, y los integrantes de Minuteman, ellos mismos ilegales que pretenden frenar a los ilegales. Lo son porque sin derecho pretenden suplir las deficiencias del Gobierno en el control de la frontera, algo que no pueden hacer por puro espontaneismo los particulares armados.
Por añadidura, en otra paradoja evidente, el combate al terrorismo que se intenta con patrullajes como los que se inician hoy puede en realidad servir de mampara y coartada al terrorismo interno de los Estados Unidos. No puede obviarse el hecho de que, como lo reconoce el comunicado suscrito en Waco, en paralelo a la amenaza externa bulle y crece la que plantean los grupos armados de extrema derecha, los supremacistas blancos que quieren sellar la frontera no en defensa de la Ley o de los puestos de trabajo cuya remuneración se envilece, sino en nombre de la pureza racial.
