El ex presidente municipal de Oaxaca, y ex candidato al Gobierno del Estado, Gabino Cué, se presentó ayer al juez que ordenó su aprehensión quien decidirá el viernes próximo si lo procesa o lo deja en libertad. La decisión judicial deja abierto, en consecuencia, el riesgo de que el antagonista del gobernador Ulises Ruiz sea encarcelado, porque es clara la intención política de reprimirlo.
En noviembre pasado, todavía bajo el Gobierno de José Murat, un valeroso juez penal rehusó expedir una orden de aprehensión contra Cué, por no hallar elementos suficientes en la consignación del ministerio público local. Semanas después, ya con Ruiz en el Gobierno, la Procuraduría de Justicia solicitó una nueva orden de aprehensión, que esta vez sí fue obsequiada, precisamente en el último día del año. Se acusa a Cué de haber recibido cien mil pesos de un total de dos millones desviados por empleados de la planta municipal de asfalto. La base de la acusación es el testimonio de alguien que oyó hablar de esa comisión al entonces alcalde. Cué solicitó amparo contra el mandamiento judicial y le fue otorgada la suspensión provisional, por efecto de la cual el ex candidato no podía ser detenido sino hasta el lunes.
Eso no obstante, para subrayar el carácter político que atribuye a esa persecución, Cué decidió entregarse a la Procuraduría estatal el domingo, al cabo de una marcha de sus partidarios, encabezados por dirigentes de los tres partidos (PAN, PRD y Convergencia) que sostuvieron su candidatura en la elección de agosto pasado. En acatamiento de la suspensión dictada por un juez federal, la Procuraduría se abstuvo de detener a Cué, pero su titular, Patricia Villanueva, anunció que podría hacerlo esta semana. El ex alcalde de presentó directamente ante el juez y sólo así conoció que se le acusa de peculado y de haber vendido asfalto a particulares.
La procuradora Patricia Villanueva era, hasta antes de asumir ese cargo, presidenta del comité municipal del PRI en la capital oaxaqueña. Ese antecedente subraya el carácter faccioso con el que, durante el Gobierno de Murat y el de su sucesor se realiza la procuración de justicia. No se ha logrado que cese la invasión a instalaciones del diario local Noticias, una ocupación auspiciada desde el Gobierno que por lo mismo no ha sido resuelta.
Otro ejemplo escandaloso del sesgo político que anima la actividad ministerial ocurre en Huautla de Jiménez. Allí fue asesinado a palos, en julio pasado, el profesor Serafín García. Fue ostensible la responsabilidad en ese crimen de partidarios de Ruiz, cuya entrada a esa ciudad fue impedida por el frente huatleco al que pertenecía la víctima.
El homicidio se cometió delante de fotógrafos de prensa (entre ellos Tomás Martínez, de Reforma) y fue perfectamente posible la identificación de los asesinos, miembros del círculo priista dominante en la región. Y sin embargo, lejos de aprehenderlos, quien está detenido es Agustín Sosa, dirigente del frente al que pertenecía la víctima.
La participación de Cué en la política local y el asedio con que ahora se le agrede forman parte de un fenómeno más amplio, que ha dividido al PRI en Oaxaca y extiende sus consecuencias más allá de esa Entidad. Cue colaboró cercanamente con Diódoro Carrasco tanto en el Gobierno de ese Estado como en la secretaría de Gobernación.
Al concluir el Gobierno de Zedillo, Cue volvió a Oaxaca (donde nació en 1966) e intentó acogerse al Gobierno de Murat. Pero el autoritarismo cerril del gobernador, desplegado contra su antecesor, le cerró los caminos que Cué aspiraba a recorrer. Salió entonces del PRI y como candidato de Convergencia fue elegido presidente municipal en 2002, de donde partió para construir una alianza entre Convergencia misma, el PAN y el PRD y ser candidato al Gobierno estatal.
Dada la cercanía previa entre Carrasco y Cué, el ex gobernador fue señalado por el PRI local como traidor a su partido, misma acusación lanzada contra Elba Ester Gordillo, de quien se dijo que había enviado maestros con gastos pagados a trabajar en pro de Cué. El consejo político oaxaqueño tiene solicitada la expulsión de ambos ante la Comisión de justicia partidaria, que se muestra renuente a tomar decisiones al respecto.
La contienda entre dirigentes priístas de Oaxaca (en la que Cué ha quedado preso, no obstante haber dejado su antiguo partido) se acentuará en la medida que avance el proceso de definición de la candidatura presidencial. El gobernador Ruiz, amigo antiguo y cercano de Roberto Madrazo, surgió este fin de semana como cabeza del grupo de Ejecutivos locales que apoyan al dirigente nacional priista.
No es novedosa su actitud, por cierto: representó a Madrazo en el proceso interno del PRI en 1999 y de Oaxaca salieron los votos que le permitieron ganar la presidencia priista en 2002. En cambio, Carrasco se ha unido a la postulación de Enrique Jackson, el líder senatorial que forma parte del grupo Unidad Democrática (identificado periodísticamente como Tucam: Todos unidos contra Madrazo), cuyos integrantes se han comprometido a buscar una precandidatura única y a demandar reglas en que Madrazo no sea juez y parte del proceso interno.
Con ser grave la persecución lanzada contra Cué, es peor la situación de indefensión en que se hallan comunidades indígenas y grupos promotores de derechos humanos en esa Entidad. Murat terminó su Gobierno con saldo rojo en lo que toca a la procuración de justicia y como en muchos renglones, Ruiz sólo prolonga ese talante.
