Las casas que están en terrenos embargados no corren riesgo de despojo, asegura la paraestatal
El embargo de tres porciones de terrenos donde se edificó el fraccionamiento Jardines de San Antonio no afectará el patrimonio de los trabajadores, aseguró Gerardo Almaraz Magallanes, jefe de Cobranza de la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Afirmó que este problema se derivó, por una parte, del embargo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Constructora Costa y a la Constructora de los Trabajadores Mexicanos y, por otra, debido a la lentitud en que incurrieron tres notarios públicos en el proceso de la escrituración.
El funcionario del Infonavit señaló que desde octubre de 2003 una auditoría practicada por oficinas centrales reveló este problema, lo que a su vez derivó en una denuncia penal contra el ex delegado de esta dependencia, Sergio Cisneros Rivera, y varios de sus colaboradores.
Almaraz Magallanes reconoció también que los notarios públicos José Miguel Castro Carrillo, Juan Gerardo Parral Pérez y Humberto Nevárez Pereda escrituraron tardíamente las viviendas del fraccionamiento Jardines de San Antonio, y en ese lapso fue cuando la Secretaría de Hacienda realizó los embargos a las constructoras.
A pesar de esta situación afirmó que el Infovavit garantiza y protegerá el patrimonio de los trabajadores, y consideró que no se tendrá ningún problema.
De acuerdo con los antecedentes, los créditos para adquirir vivienda en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, que consta de aproximadamente 1,500 casas, comenzaron a ejecutarse entre 1996 y 1997. Las constructoras comprometieron 98 mil 448 metros cuadrados en favor del Infonavit con valor de 9.7 millones de pesos.
En agosto y septiembre de 1999, la Secretaría de Hacienda aplicó los embargos, los dos primeros en un promedio de 13 hectáreas, y un tercero por 53 mil metros cuadrados.
En días pasados una comisión nuevamente retomó el problema a raíz de que el beneficiario José Asunción Flores López terminó de pagar su vivienda y fue a liberar su escritura.
El funcionario del Infonavit reconoció que no tienen una cifra precisa del número de familias que pudieran resultar afectadas, pero dijo que se realizará una investigación.
Indicó que la institución también respaldará jurídicamente y absorberá los gastos que genere la defensa legal de los acreditados.
Respecto de la denuncia penal interpuesta en contra de los ex funcionarios de esta dependencia, señaló que en ella se incluye además a Moisés Moreno, Martín Martínez, Leonardo Ponce, Gustavo Rodríguez, Leopoldo Cruz y Armando Espinoza.
Reiteró que la problemática viene de anteriores administraciones, pero que existe el compromiso de resolver en favor de los trabajadores.
La vivienda es uno de los factores fundamentales para el desarrollo social en el estado y será prioridad del Gobierno Estatal, según se deriva del Plan Estatal de Desarrollo que presentó el gobernador Ismael Hernández Deras el 10 de marzo.
En el mismo, las autoridades estatales consideran prioritario que las familias duranguenses cuenten con una vivienda que dignifique y coadyuve a la relación intrafamiliar.
Estadísticamente, el Gobierno del Estado reconoce que hay un total de 322 mil 288 viviendas habitadas y un promedio de 4.4 habitantes por cada una de ellas.
?Durango enfrenta hoy un importante desafío en rezago de vivienda habitacional tanto en el mejoramiento de viviendas como en la edificación de viviendas nuevas?, señala el documento.
Además, se reconoce que se requieren programas accesibles y oportunidades, además de brindar los beneficios a través de la vivienda, apoyar la regularización de la tenencia de la tierra de todos aquellos asentamientos humanos irregulares.
