Los dispendiosos, los manirrotos suelen ser mezquinos, porque derrochan los bienes a su alcance sólo en sí mismos, en procurar su interés y satisfacción. Pero cuando se trata de generar un beneficio a otros, que implique una mínima disminución de sus gajes, se esconden tras pretextos para cerrar el puño y retener en él las monedas que niegan a los necesitados.
Eso hicieron consejeros electorales y representantes de partidos ante el IFE al ocuparse (y ni siquiera votarla) de la propuesta (formalizada en ese órgano por el perredista diputado Horacio Duarte), expuesta por Andrés Manuel López Obrador para reducir el diez por ciento del gasto electoral del año próximo y aplicar los recursos así liberados (unos mil cuatrocientos millones de pesos) al apoyo necesario a los damnificados por las inclemencias del tiempo. Cuando el abanderado del PRD propuso esa transferencia el sureste del país padecía los estragos del huracán Stan y no todavía los de Wilma, pero se entiende que con mayor razón es pertinente esa conversión del gasto público.
Quienes se opusieron a la medida, en la sesión del consejo general del IFE ocurrida anteayer, fingieron no entender de qué se trata. Caricaturizaron la propuesta como si se recomendara un acto de caridad, un donativo como los que realizan los ciudadanos que llevan a los centros de acopio despensas o cobijas. Aun se llegó a recordar, por si alguien lo hubiera olvidado, que el papel de ese instituto es organizar elecciones y no reparar puentes ni desazolvar ríos. Y por supuesto, se descalificó la propuesta por su origen, pues se consideró que López Obrador y el PRD la formularon por puro oportunismo político, para medrar con la desgracia ajena. Aun los que pretendieron disimular su mezquindad aceptando la razón última de la propuesta dijeron que estaba muy bien pero que en nuestro Estado de Derecho el IFE no puede dedicar sus recursos a fines diversos de los que la Ley le confiere.
La propuesta era y es viable, amén de atender a una necesidad que no será colmada en el plazo inmediato. El IFE está facultado por la Ley para formular el anteproyecto de su presupuesto, que se envía al Ejecutivo para que éste, sin modificarlo un ápice, lo incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que está en estudio en la Cámara de Diputados, y debe quedar ultimado el quince de noviembre. Antes de ese día es posible que ese órgano electoral presentara al presidente de la República una petición de ajuste a la baja del anteproyecto enviado en agosto, que de Los Pinos podría hacerse llegar a San Lázaro a fin que los legisladores la aprobaran en el momento oportuno.
Ésa es la operación jurídica posible. De eso se trata, de que al ser aprobado el presupuesto general de egresos la partida de unos seis mil millones de pesos dedicada a la Administración electoral quede reducida en diez por ciento. No sería la primera vez que los diputados no se atengan a la solicitud hecha por los interesados. Al Poder Judicial de la Federación, como al IFE mismo, en más de una oportunidad se le ha autorizado un gasto menor del que los órganos correspondientes juzgaron necesario. Los recursos que de ese modo se les recortan se asignan a otros propósitos presupuestales. Sólo que en esta ocasión esa operación se haría a petición expresa de la parte afectada con miras a satisfacer una necesidad generada por una fuerza mayor.
Los partidos, a su turno, si su mezquindad no lo impidiera, podrían recorrer cualquiera de dos caminos para desprenderse de ese diezmo. O hubieran solicitado al consejo general del IFE la revisión de los acuerdos en que se fijó el financiamiento electoral para el año próximo (el ordinario y el de campaña) o bien podrían destinar la décima parte de cada ministración mensual que reciban del IFE al propósito expresado en una proclama cuya suscripción los hubiera mostrado conscientes de la doble realidad de que partió la propuesta.
Por un lado, la gran magnitud de los recursos públicos que la sociedad les asigna. Y por otro lado, la aún superior dimensión de la tragedia de los mexicanos golpeados por la naturaleza y el consiguiente abrumador costo de los auxilios inmediatos y la reconstrucción.
De haber tenido ya no digamos generosidad, que no es un sentimiento aplicable a estos menesteres, sino inteligencia, los partidos y los consejeros hubieran hecho suya la propuesta de López Obrador y del PRD y de paso arrebatado esa bandera a tales oportunistas nefastos. La decisión compartida, según su criterio mercantil de costo-beneficio, hubiera generado ganancia política a todos, no sólo a quien la propuso, y hasta su origen se hubiera diluido en el resultado. Habiendo ocurrido lo contrario, ha quedado claro quiénes son los gastalones y mezquinos.
Los partidos que actuaron de esa guisa son iletrados sociales. No saben leer las señales de la sociedad. La gente de trabajo, la que suda y se acongoja en la subsistencia cotidiana, se duele de que una porción de los impuestos que paga al producir o consumir se destine a sufragar el oneroso tren de vida de las burocracias relacionadas con la democracia electoral, y se dilapide en propaganda banal y con frecuencia estéril. El dinero derrochado por Santiago Creel y Arturo Montiel, por citar ejemplos señeros fue tirado a la basura o arrojado al drenaje. De suyo, dispendio de ese género es ofensivo. Lo es en mayor medida ante las necesidades estructurales de la mayoría o sus apremios coyunturales.
