El deplorable caso -¿o acaso deberíamos decir ocaso?- del presidente George W. Bush en Estados Unidos me hizo recordar y localizar un texto de Lyndon B. Johnson, vicepresidente y sucesor de John F. Kennedy, tomado de su autobiografía: “cada presidente tiene que establecer con los diversos sectores del país lo que yo llamo el derecho a gobernar. El sólo ser elegido no garantiza este derecho. Cada presidente -y yo diría cada gobernante- tiene que inspirar la confianza del pueblo. Cada presidente tiene que convertirse en líder y para serlo tiene que atraer gente dispuesta a seguirlo. Cada presidente tiene que construir cimientos morales sobre los cuales descanse su poder; de lo contrario pronto descubrirá que no tiene poder alguno”.
Lo que propuso Johnson puede aplicarse a cualquier político que vaya a gobernar una nación, una entidad federativa o un municipio. La legitimación electoral es una cosa, la legitimación política es otra bien diferente y quizá más importante. La conquista del “derecho a gobernar” existe en algunos episodios de la experiencia política mexicana y en dos o tres casos semejantes que la historia registra en Coahuila. Cuando el Partido Nacional Revolucionario llevó a la Presidencia de la República al general Lázaro Cárdenas aún estaba políticamente vivo don Plutarco Elías Calles, quien sin tener legitimación electoral gobernó al país entre telones en los mandatos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez.
Poco después de su protesta como presidente don Lázaro se sintió maniatado para tomar sus propias decisiones teniendo a Calles al acecho; sin embargo, fue éste mismo quien puso ante Cárdenas la precisa coyuntura para ejercer su derecho a gobernar. Cuando Calles ordenó a sus obsecuentes líderes laborales que censuraran la política social de Cárdenas, éste no se anduvo por las ramas y ordenó al secretario de Defensa, Manuel Ávila Camacho, que alquilara un avión y expulsara del país a don Plutarco junto a su incondicional Luis Napoleón Morones.
A partir de entonces no ha crecido en México ningún otro poder tras el trono, aunque se presentaron dos o tres intentos de perpetuidad. Miguel Alemán se legitimó políticamente cuando el sindicato petrolero puso en jaque a su Gobierno mediante una huelga impertinente en Pemex y tuvo que ordenar al Ejército que asumiera las funciones laborales que los petroleros habían suspendido; éste fue un acto de autoridad que aplaudió el pueblo, sin embargo, Alemán quiso reelegirse al final de su mandato y dio al traste con las simpatías conquistadas.
Don Adolfo Ruiz Cortines fue derecho al mismo fin. En su discurso de toma de posesión declaró su intención de implantar una honradez absoluta en el Gobierno, después de censurar a su predecesor por la corrupción que practicaron él y sus funcionarios. López Mateos, quien siguió a Ruiz Cortines, no necesitó ninguna acción determinante ya que su juventud, carisma y buena oratoria le ganaron el apoyo del pueblo ante la complacencia de don Adolfo Ruiz Cortines. Pero Díaz Ordaz, quien lo sucedió, hizo algo insólito para legitimarse: condicionó la entrega del Instituto Nacional de Protección a la Infancia a la revisión de números en la administración de la señora Eva Sámano de López Mateos.
Por su parte Luis Echeverría hablaría y hablaría sobre temas que no le ganaron ninguna legitimidad, aunque le permitieron tomar distancia de Díaz Ordaz. Con una buena retórica en el discurso de su protesta como presidente José López Portillo conquistó a la sociedad mexicana; mas por desgracia cayó de su gracia mediante seis años de trivialidades, errores financieros garrafales y conductas deshonestas.
Miguel de la Madrid quiso retomar el tema de la honestidad planteado por el señor Ruiz Cortines mediante la renovación moral y el freno a la inflación, pero una columna del periodista norteamericano Jack Anderson pareció exhibirlo. MLM se defendió y la denuncia se diluyó en el tiempo.
Carlos Salinas de Gortari carecía en absoluto de legitimidad electoral, mas para dejar sentado su derecho al Gobierno encarceló a los líderes petroleros que encabezaba la famosa “Quina”, en un acto de autoridad que recordó la respuesta de Miguel Alemán a los mismos petroleros en época distante y diferente.
Muy claro fue el recurso usado por Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando ordenó el procesamiento del hermano incómodo de CSG, Raúl Salinas de Gortari, y mantuvo a prudente distancia al ex presidente.
Don Adrián Lajous, quien comenta la reflexión de Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, en su libro “Mi cuarto a espadas”, marca dos escalones para la conquista del derecho a gobernar. El primer paso debe darse en las campañas políticas, aún en los casos que sean candidaturas únicas. Los postulados en solicitud por el PRI -José López Portillo, por ejemplo- tuvieron que hacer una campaña larga, intensa y exhaustiva a pesar de tener asegurado el triunfo electoral.
Hablemos finalmente de Coahuila: el otro paso que conquista el derecho a gobernar en cualquier nivel, es tomar distancia del predecesor para poner en claro que la responsabilidad de la conducción política y administrativa del Gobierno va a estar a partir del primero de diciembre en sus manos. El gobernador Martínez y Martínez ya ha expresado a los reporteros que se mantendrá prudentemente alejado de la vida pública coahuilense para que Humberto Moreira Valdés administre y gobierne a Coahuila de acuerdo a sus proyectos y propósitos y con el apoyo del pueblo. Pues muy bien, gobernadores...
