Apenas 24 horas después de iniciada formalmente la contienda interna en el PRI comenzaron las escaramuzas de la guerra sucia que era adivinable en esa disputa por la candidatura presidencial. Fue difundida en un noticiario de Televisa una información sobre millonarios depósitos en efectivo y adquisiciones de inmuebles por los hijos y la esposa de Arturo Montiel, que inmediatamente acusó el golpe. Se abstuvo de asistir a la firma de, ¡oh paradoja¡ un pacto de civilidad con sus antagonistas Roberto Madrazo y Everardo Moreno, para no encarar a la prensa; después emitió un comunicado en que no niega los hechos difundidos y concluye con una críptica imputación: “todos sabemos quién es el responsable de este tipo de ataques”; y por la noche, en conversación con Joaquín López Dóriga, hizo un retrato hablado del culpable: Roberto Madrazo, a diferencia del presidente de su partido, que había endilgado el suceso al Gobierno Federal. Montiel explicó asimismo las transferencias y las adquisiciones como ajenos a él mismo, concernientes a sus hijos que “son empresarios”.
Es una explicación insuficiente. Al negar que, como lo deslizó Montiel, sea el autor de la maniobra Madrazo afirmó que es “deseable, no tan sólo para los priistas sino para la totalidad de la sociedad... que se esclarezca contundentemente el origen de los recursos por los cuales se ha cuestionado al licenciado Arturo Montiel”, porque “estamos ante un hecho concreto susceptible de aclararse”.
Aun si se admite que el precandidato mexiquense es ajeno a los hechos conocidos el lunes, no lo es respecto a otros expuestos por el semanario Proceso en su número 1496 el tres de julio pasado, precisamente el día en que fue elegido Enrique Peña Nieto, delfín del gobernador saliente. El 16 de agosto de 2001, en una cuenta de la correduría Merril Lynch a nombre de Montiel Rojas, fueron depositados casi tres millones de dólares. El Sistema de Administración Tributaria supo de esa transferencia y con cierta demora, más de un año después el 18 de octubre de 2002 se dirigió al propietario de esa cantidad con objeto de comprobar si al respecto se había dado “el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales”. La inquisición comprendía también cuentas bancarias de Juan Pablo Montiel Yáñez.
El reportaje de Gloria Leticia Díaz en ese semanario abunda en información sobre pasos de la autoridad fiscal en torno a los movimientos bancarios, en busca de su repercusión tributaria. Ante el riesgo de hallazgos inquietantes, alguien en el entorno de Montiel parece haber urdido una maniobra de distracción. Se presentó ante la entonces Secretaría de la Contraloría una denuncia sobre aquel depósito en dólares, pero como si hubiera ocurrido el primero de marzo y no el 16 de agosto de 2001, como había verificado la autoridad fiscal. La administrativa, a su turno, citó al firmante de la denuncia para que la ratificara y el convocado se manifestó perplejo porque se había utilizado su nombre y su firma para una acusación a la que era completamente ajeno.
Entonces la Procuraduría General de la República, al recibir la consignación sin sustento, decretó el no-ejercicio de la acción penal. La Procuraduría de Justicia del Estado de México informó de este extremo a la reportera de Proceso pero con tal sigilo que no queda claro a qué se refiere la exoneración de Montiel, si a la falsa acusación o la inquietud fiscal por sus movimientos financieros.
De todo lo anterior se desprende una conclusión inequívoca: personalmente o a través de su familia, Montiel Rojas manejó en el segundo año completo de su Administración bienes que no corresponden en lo absoluto con sus ingresos formales de entonces. Su salario ascendía a 175 mil pesos mensuales, poco más de dos millones de pesos al año. Su comprobado depósito en Merril Lynch, solamente, equivalía a ese ingreso durante quince años y era por lo tanto enormemente superior al que había devengado el gobernador en los casi dos años iniciales de su Administración. Además del monto, es también llamativo que los depósitos en la cuenta del hijo menor de Montiel Rojas se hicieran en efectivo. Las transacciones normales en las empresas se realizan con documentos bancarios o a través de la Red, no en billetes. Si la pesquisa fiscal, que al concluir daría paso a una averiguación previa de carácter penal, en efecto concluyó sin fincar responsabilidades a los Montiel, es de exigirse que se reabra. O, si está en curso, como parece sugerirlo la apelación en Hacienda al Artículo 69 del código fiscal de la Federación que impone reserva a los actos de comprobación, debería admitirse formalmente ese hecho, para tranquilidad de los contribuyentes cumplidos que experimentan la lenidad a los evasores como un insulto a su propia integridad (suponiendo que haya evasión fiscal y que sólo de eso se trate).
La naturaleza de la documentación presentada por Víctor Trujillo y su exposición al público a través de un programa noticioso de Televisa recuerda el episodio por el cual Gustavo Ponce fue mostrado como jugador en Las Vegas, exhibido en un video al que acompañó una puntual agenda de sus transferencias y viajes.
La Secretaría de Hacienda había obtenido del Departamento del Tesoro esa documentación y en vez de darle cauce institucional y proteger las finanzas capitalinas de un eventual deterioro por la debilidad del secretario del ramo, dejó que se utilizara para asestar un golpe político. Como ahora, con material semejante e igual trayectoria.
