Zonas indígenas se encuentran copadas por cultivos prohibidos, admite Xochitl Gálvez.
“Es sumamente grave la siembra de enervantes en las zonas indígenas de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango”, admitió ayer Xóchitl Gálvez, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), durante su gira de trabajo por la capital duranguense.
Por otra parte, sobre la exigencia de los nativos de Mezquital que ahora reclaman otras 80 mil hectáreas aledañas a Bernalejo de la Sierra, la funcionaria dijo tajante: “hay un convenio que dio por terminado ese conflicto, en el cual los indígenas se dan por saldados con las cinco mil hectáreas que lograron recuperar... Mejor hay que hacer producir las otras 400 mil hectáreas que sí tienen y que muchas regiones quisieran”.
Adicionalmente, en el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación aseveró que los partidos políticos han sido “una catástrofe para los indígenas”, ya que “los desunen y los enfrentan, y luego ya no vuelven sino hasta que es año electoral otra vez”.
Gálvez reconoció que el binomio de la pobreza indígena y el narcotráfico es una realidad que tiene principal presencia en las regiones étnicas de Chihuahua, Sinaloa, la montaña de Guerrero y en Durango en la región tepehuana de Mezquital.
“Desafortunadamente, la oferta que hacen este tipo de personas (ligadas al narco) es una oferta atractiva y aparentemente sin riesgos; desafortunadamente, hay muchos indígenas presos por delitos contra la salud”, declaró.
En rueda de prensa que concedió en Casa de Gobierno de esta ciudad, precisó: “yo puedo decir que hay regiones como Sinaloa, Chihuahua, seguramente algunas partes de Durango y la montaña de Guerrero, donde tenemos problemas muy graves de siembra de narcóticos.
CACICAZGOS
Hizo referencia a las modificaciones legales recientes que permiten la liberación de los indígenas involucrados por primera vez en delitos contra la salud, la cual ha permitido evitar que sigan en la cárcel personas que incurren en forma primeriza en estos delitos por su idiosincrasia o su entorno socio-económico-cultural.
“Si te cachan transportando droga, si te cachan en estos casos y demuestras que eres una persona que desconocía lo que estabas haciendo. El problema es que si se repite ya no se puede obtener este beneficio, porque la primera vez puede ser que los engañaron, pero la segunda implica que quieren ganarse el dinero fácil”.
Como encargada de la CDI afirmó que han detectado casos donde los cacicazgos regionales y la falta de autoridad provoca que haya gente que obligue a los indígenas a sembrar, procesar o empaquetar estupefacientes.
“Sí, existe” –insistió-. “Es una realidad que se deriva de que tanto poder económico de esas personas (narcotraficantes) compra todo, hasta las conciencias y las personas. Entonces, aquí la bronca es que mientras tengamos al principal consumidor al lado (en referencia a los Estados Unidos de América), pues ¿cómo lo paras? Si hay demanda, surge la oferta”.
BERNALEJO DE LA SIERRA
En torno al conflicto de Bernalejo de la Sierra, que hasta el año pasado implicó la intervención del Gobierno Federal para desactivar los problemas limítrofes entre ejidatarios de Zacatecas e indígenas de Durango, sostuvo que es tema agotado.
Se le cuestionó sobre la reciente inconformidad de las etnias tepehuanas asentadas en la comunidad de Santa María de Ocotán, en el municipio de Mezquital, Durango, y sin embargo, la funcionaria federal resaltó que los pactos son para ser respetados, y en el caso de Bernalejo se elaboró un convenio que erradica más conflictos de tierras en ese lugar.
“Tuvo un costo muy alto para el Gobierno la solución de este conflicto; de hecho, la propia Comisión -de Atención a los Pueblos Indígenas- aportó 20 millones de pesos para resolverlo a través de una mejora a la indemnización de los ejidatarios zacatecanos y que con ello cedieran las tierras a los tepehuanes. Entonces, no se puede inventar tierra donde no la hay”, aclaró.
Y es que, en el marco de la visita de Xóchitl Gálvez a Durango, el presidente de Bienes Comunales de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Santiago Calleros Solís, dijo que la intención, ahora, es pelear por otras 80 mil hectáreas con reserva maderable que siguen del lado de los ejidatarios zacatecanos.
QUE LAS HAGAN TRABAJAR
En ese sentido, Gálvez insistió: “ya no hay para dónde irse, porque las otras tierras son de propiedad privada y ejidos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es provocar que sean productivas las 400 mil hectáreas con que ya cuentan los tepehuanos. Tienen el bosque y los recursos que muchas otras regiones ya quisieran para lograr su desarrollo”.
Criticó que así pudieran contar con el doble de tierras, 800 mil hectáreas, pero con el problema de la tala inmoderada que han tenido los tepehuanes no saldrían adelante. Y finalmente, sobre el supuesto resurgimiento de la inconformidad indígena, remató: “eso es parte del pasado, y tenemos dos opciones: o seguimos mirando al futuro o nos seguimos perdiendo en conflictos sociales que no ayudan”.
“... Además, hay que ser muy claros: se hizo un pacto, y así como yo hablo de palabra, los indígenas tienen que cumplir con su palabra, porque, en ese sentido, pues hay un Estado de Derecho que se tendrá que aplicar si ellos invaden tierras de gente que tiene plena propiedad”.
Sobre otros temas
Xóchitl Gálvez, directora de la CDI a nivel central, habló en Durango sobre los problemas de tala clandestina que se generan en las zonas de extracción forestal con alta presencia indígena.
En tal sentido, sobre el caso concreto de la veda que impuso la Profepa en Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, consideró que muchas veces la veda lo que provoca es mayor tala clandestina.
“Creo que hay que recuperar el bosque, no hay de otra; si no, con el paso del tiempo no va a haber bosque pero para nadie. Lo que tenemos que buscar son otras alternativas de desarrollo para que los indígenas no quieran vivir solamente de los pinos; el orégano vendría a ser una de esas alternativas”.
Abordó el tema de las campañas políticas y el impacto que generan de divisionismo y enfrentamiento en las regiones indígenas, ya que los partidos políticos provocan competencia entre los nativos y nadie los reconcilia después de las elecciones.
Ahí mismo indicó que la CDI está pendiente de revisar las modificaciones legales que se han hecho en materia electoral y política relacionada con los indígenas, como es el caso de los distritos electorales indígenas.
Y en relación con el clandestinaje en la extracción de madera, la funcionaria federal manifestó que siempre va ligado el tema a la corrupción, pero lo más grave que consideró es que las mayores utilidades han sido siempre para gente no indígena, sino para intermediarios.
