El Gobierno del Estado continúa recibiendo la documentación de los taxistas que quieren aprovechar los descuentos que debieron estar vigentes hasta el 30 de junio pasado.
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras, ha cedido ante todas las peticiones de los concesionarios del transporte público que están abanderados por los sindicatos de Alianza, la Central Campesina Urbana Democrática y Popular (Ccudepo) y la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM).
El 29 de marzo, los taxistas adheridos a Alianza, Ccudepo y al Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), bloquearon la avenida Morelos frente al edificio Durango para exigir condonaciones y descuentos en el pago de los derechos de concesión de 2000 a la fecha.
Al día siguiente, sostuvieron una reunión con el alcalde, Octaviano Rendón Arce, quien les pidió que no realizaran otro bloqueo. Mientras tanto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, sin anunciarlo a los medios de comunicación, cumplió la primera demanda de los transportistas.
Dos días después del bloqueo, el subsecretario de Ingresos, Francisco Javier Guevara Morales, envió el oficio número DDR/DPC/0314/05 con fecha del 31 de marzo del presente año, a la directora de Informática, Lucia Gabriela Romero Cota, donde le indicó instalara en los módulos de ingresos los subsidios que fueron autorizados por el secretario de Finanzas, Jorge Herrera Caldera, mismos que entrarían en vigor desde el primero de abril hasta el 30 de junio de este año.
Aunque la Iniciativa Privada (IP) criticó los descuentos otorgados por el Gobierno, desde el primer momento los transportistas anunciaron que no estaban conformes y en voz de Trinidad Toca, líder de los taxis naranja de la Ccudepo, anunciaron que estaban analizando la posibilidad de promover un amparo en contra del Hernández Deras porque consideraban que era excesivo el cobro de dos mil 340 pesos por concepto de ratificación de concesión; semanas después dijeron que ellos pretendían pagar tan sólo 60 pesos.
El 23 de abril se registró un enfrentamiento entre taxistas de Alianza y la Policía Preventiva, cuando los primeros incumplieron el compromiso que habían hecho con el alcalde y bloquearon el bulevar Ejército Mexicano, y trataron de agredir a dos inspectores de Transporte para exigir que les devolvieran la placa que habían retenido. Aunque se anunció que se iniciaría una investigación para cancelar concesiones, no se han dado a conocer los resultados.
El dos de junio, Manuel Acosta Pereyra, dirigente de la Ccudepo, anunció que el Estado les autorizó un subsidio del 48 por ciento en el pago de la ratificación de concesión. En lugar de pagar dos mil 340 pesos, únicamente pagarían mil 216, y aunque anunció que ya empezarían a pagar, al día siguiente su compañero, Jaime Meraz Martínez, lo desmintió y dijo que ellos pretendían pagar ?sólo lo justo?, o sea, 60 pesos. Analizaban además la posibilidad de ampararse.
El 13 de junio, Meraz Martínez anunció que no promoverían el amparo y que pagarían los mil 216 pesos por concepto de ratificación, aunque insistió en que era un cobro ?ilegal?. Ese mismo día pidió que el Gobierno les diera una nueva prórroga porque no alcanzarían a pagar antes del 30 de junio.
Las autoridades, a través del recaudador de rentas, Carlos Burciaga Rosales, y el subsecretario de Gobierno, Luis Felipe del Rivero Ibarra, aseguraron que no habría prórrogas y dijeron que el operativo para retirar las láminas naranjas iniciaría el primero de julio. Ya transcurrieron dos semanas desde que venció el plazo y el Gobierno del Estado continúa recibiendo la documentación de los taxistas que quieren aprovechar los descuentos que debieron estar vigentes hasta el 30 de junio pasado.
