“No hay tarea más difícil de emprender, más peligrosa de conducir o más incierta de concluir que encabezar la introducción de un nuevo orden de cosas”.
Maquiavelo, El príncipe
Si no ocurre algo sorprendente, Andrés Manuel López Obrador regresará hoy a su cargo como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lo hace a sabiendas de que hay una controversia jurídica sobre si tiene el derecho de hacerlo. Pero ¿qué le pueden hacer para castigarlo por su retorno? ¿Meterlo a la cárcel? No es éste un castigo para un político que aspira a la Presidencia de la República. Siempre habrá quien pague la fianza.
El artículo 111 de la Constitución es muy claro al señalar que el efecto del juicio de procedencia o desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal “será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”. Pero el proceso en contra de López Obrador no se iniciará hasta que un juez le dicte un auto de formal prisión. Y hasta el momento el juez duodécimo de distrito que está examinando las 12 mil fojas de la consignación ni ha dictado el auto ni ha dejado en libertad al jefe de Gobierno de la capital.
La PGR sostiene que Andrés Manuel ha perdido ya el cargo. Se basa en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala que en caso de que la Cámara de Diputados proceda en un juicio de procedencia en contra de un funcionario “éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión”. La gran duda es si este artículo 28 complementa el artículo 111 de la Constitución o si lo contradice. El tema, como tantos otros, bien puede terminar en la Suprema Corte de Justicia.
López Obrador, por lo pronto, no tiene por qué no regresar a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Una nueva acción de la PGR en su contra, en esta ocasión por usurpación de funciones, sólo subrayaría la visión en México y el extranjero de que el procurador Rafael Macedo de la Concha y el presidente Vicente Fox están empeñados en impedir la participación del tabasqueño en la elección presidencial del año 2006.
De hecho, ya el presidente Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, han mandado suficientes mensajes de que lo que quieren es llegar tarde o temprano a una negociación política. Una cosa es querer aplicar todo el peso de la Ley a López Obrador -mientras el senador priista Ricardo Aldana sigue gozando de su fuero- y otra poner en riesgo la estabilidad del país y la huella histórica del actual Gobierno.
López Obrador regresará al cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal sumamente fortalecido por el desafuero. Sus presentaciones en Villahermosa y Guadalajara fueron un rotundo éxito, por lo menos en términos de convocatoria, que es la forma en que el PRD siempre ha medido sus campañas.
Pero las encuestas recientes muestran también que el proceso no ha hecho más que fortalecer a López Obrador. Su popularidad está subiendo. Hoy tiene ya diez puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el priista Roberto Madrazo, mientras que el panista Santiago Creel, que ha cargado con buena parte del costo político del desafuero, se ha desplomado y está ya a casi 20 puntos de Andrés Manuel.
Inquieta que en todo este proceso el juicio de amparo pueda perder fuerza. Hay un desacato a una suspensión definitiva ordenada por un juez. Quien conoce el expediente sabe que éste no es un invento de un grupo de conspiradores.
El amparo es la única arma legal que tiene el gobernado común y corriente para defenderse de los abusos de una autoridad. El dueño de El Encino lo usó para defenderse de una expropiación que se le hizo no por una causa de utilidad pública sino para beneficiar a otro particular. Si la revuelta de López Obrador en contra del juicio por desacato termina imponiendo el criterio práctico de que el juicio de amparo no se puede aplicar para revertir los actos de los políticos más poderosos o de los aspirantes a la Presidencia de la República, los mexicanos habremos perdido un instrumento legal muy importante.
Pero ésta no será hoy la preocupación de Andrés Manuel López Obrador. Él regresará a la jefatura de Gobierno con la certeza de que ha avanzado en sus propósitos. La Presidencia de la República, en efecto, se encuentra más cerca que nunca.
¿EL SEÑOR LÓPEZ?
Afirma el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, que no es falta de respeto referirse a Andrés Manuel López Obrador como “el Señor López”. Desde ahora, cuando sea menester, hablará también del señor López (de Santa Anna), del señor López (Mateos) y del señor López (Portillo). Además, se referirá al presidente del Gobierno español como el señor Rodríguez (Zapatero) y al presidente de nuestro Senado como el señor Fernández (de Cevallos). Y, por supuesto, nadie sabrá a quién se refiere.
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