Reuters
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El Fondo Monetario Internacional y acreedores extranjeros lanzaron ayer duras críticas a Argentina a horas de que el país sudamericano inicie un ambicioso canje de deuda pública con el que pretende reinsertarse en el mundo tras tres años de aislamiento.
El director del FMI por Italia, Pier Carlo Padoan, dijo que el país no actuó de buena fe en la renegociación de la deuda mientras que el italiano Nicola Stock, que comanda el mayor grupo de acreedores extranjeros, dijo que el país puede pagar más de lo que ofrece y que podría iniciar acciones legales.
Desde el Ministerio de Economía de Argentina, donde se realizará por la tarde una presentación del canje a acreedores locales, los funcionarios optaron por no responder a las declaraciones.
A más de tres años de haber caído en cesación de pagos, Argentina abrirá el viernes próximo un periodo de seis semanas para que los acreedores decidan si suscriben la oferta oficial, que busca reducir la deuda de 102 mil 600 millones de dólares a unos 41 mil 800 millones.
Las tasas de interés y los plazos de los nuevos bonos harán que, según los expertos, cada inversor que quiera venderlos inmediatamente en el mercado recupere entre 30 y 35 centavos por cada dólar de valor nominal de los bonos originales, en lo que sería el mayor recorte de la historia moderna.
“El directorio del Fondo siempre pidió que se actúe de buena fe y Argentina nunca lo ha hecho”, expresó Padoan en una entrevista publicada por el periódico Il Sole 24 Ore.
El funcionario insistió con un histórico reclamo del organismo de lograr una alta aceptación al canje, que analistas creen superará el 70 por ciento pese al rechazo generalizado de los acreedores.
“Aunque no hay un número mágico, debería estar claro que si la tasa de participación de los acreedores es menor al 75 por ciento, no se puede decir que el problema de la deuda se haya resuelto”, dijo Padoan.
Al mismo tiempo, el funcionario advirtió que si el nivel de aceptación alcanza apenas el 50 por ciento “sería difícil decir que la deuda Argentina se haya vuelto financieramente sustentable”. Si la deuda argentina no es sostenible, el FMI no podría concederle préstamos, aclaró Padoan.
Argentina tiene suspendido el acuerdo con el FMI desde agosto pasado para concentrarse en la reestructuración de su deuda, pero se mantiene al día con los vencimientos mientras que no recibe desembolsos del organismo.
Los mercados argentinos seguían en calma a la espera de la hora de la verdad. Las acciones líderes caían levemente al mediodía local, el peso opeaba con una suave apreciación y el bono Global 2008, referente de la deuda en cesación de pagos, caía 0.125 centavos a 32.25 dólares.
Piden demanda colectiva contra EU
Un grupo italiano de tenedores de bonos argentinos en cesación de pagos pidió iniciar una demanda colectiva contra en Estados Unidos, a dos días de que se lance el proceso de reestructuración de esos títulos que suman 102.600 millones de dólares.
Una demanda colectiva implica que, si es aceptada, lo que decida el juez es válido para todos los tenedores de los mismos bonos que poseen quienes la inician.
La asociación de consumidores italiana ADUC (www.aduc.it) dijo el miércoles que había lanzado una acción colectiva para el bono argentino Global 2008, el referente de la deuda incumplida por ser el más líquido.
La demanda fue presentada por el bufete de abogados Murray, Frank & Sailer.
Acreedores en todo el mundo están demandando en forma individual al Estado argentino para recuperar su dinero en contra de la dura oferta de repago realizada por el país, pero hasta el momento ningún tribunal de Estados Unidos aceptó una acción colectiva.
La ADUC dijo que planeaba presentar demandas similares par todos los otros bonos emitidos bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La apuesta en los tribunales surge del rechazo que genera entre muchos acreedores la oferta del gobierno argentino que implica un repago de entre 30 y 35 centavos por cada dólar de valor nominal de los títulos incumplidos.
El empresario alemán Horst Urban pidió el año pasado a una corte de Estados Unidos que bloquee el proceso de reestructuración para evitar un “daño” a los acreedores, pero la solicitud fue denegada.
