Obligan a fiscales a presentar los archivos por genocidio contra ex presidentes
REUTERS
MÉXICO DF.- Los fiscales mexicanos fueron obligados a abrir al público su caso de genocidio contra ex presidentes, en un fallo que expertos aseguran ayudará a sacar a la luz más secretos de la ?Guerra Sucia? contra militantes de la izquierda.
Limac, un grupo de abogados, académicos, activistas y periodistas que durante años ha peleado por un mayor acceso a la información del Gobierno, dijo ayer que ganó una batalla de seis meses para forzar a la Procuraduría General de República (PGR), a pasarle el archivo del caso de la Matanza de estudiantes ocurrida el Diez de junio de 1971 en la Ciudad de México.
El archivo contiene evidencias que apoyan los cargos de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría y 11 funcionarios de su Gobierno en conexión con el ataque contra los manifestantes, el cual dejó una cifra no precisada de muertos que distintas fuentes sitúan desde 12 hasta varias decenas.
Los cargos fueron desestimados en julio, pero los fiscales apelaron a la Suprema Corte de México.
?Por primera vez tenemos acceso a una investigación de esta magnitud?, dijo un investigador del Limac, Jacinto Munguía.
La matanza fue un momento climático en una era de represión gubernamental bajo el Gobierno de Echeverría (1970-1976), cuando cientos de personas murieron o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas.
?Esto va a ayudar a desenterrar la historia todavía escondida de la Guerra Sucia en México?, dijo Kate Doyle, analista del National Security Archive, un grupo de acceso público de la información con sede en Washington.
Limac dio pocos detalles del archivo del caso y dijo que poco a poco iba a ir poniendo sus contenidos en Internet. Los abogados de Echeverría recurrieron a la corte para cerrar el archivo, aunque dijeron que la cuestión era ?académica?.
?Me convendría (abrir el expediente), porque mostraría que aquel día no hubo ni remotamente un genocidio y tampoco que mis defendidos hubiesen tenido alguna responsabilidad?, dijo el representante legal de Echeverría, Juan Velázquez.
Las leyes mexicanas establecen la confidencialidad en las investigaciones criminales.
Sin embargo, la reciente Ley de Información Pública impulsada por el presidente Vicente Fox establece que ese tipo de documentos deben ser abiertos al público si consisten en crímenes de lesa humanidad, como el genocidio. En la primera prueba a esa Ley, una comisión federal ordenó a la PGR cumplir con la legislación.
