Permanecieron 32 días en poder de las autoridades los siete sinaloenses detenidos por la supuesta intención de asesinar a Ruth Medina Alemán y Eulalio Aldama Enríquez, directora de Averiguaciones Previas y ex jefe de la Policía Ministerial, respectivamente, hasta ser girada y cumplimentada la orden de aprensión en contra de todos ellos, luego de haber sido arraigados por casi un mes para su investigación.
El pasado martes, fueron internados en el Centro de Readaptación Social David Humberto Quiñones Navidad, Sergio Ricardo Barraza Morales, Carlos Alberto Machado Aceves, Juan Carlos Flores López, Carlos Alberto Rocha Sáenz, José Eduardo Machado Aceves y David Humberto Machado Lares, luego de que el juez encontró los elementos suficientes para aprehenderlos por los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.
De acuerdo con los datos proporcionados por Pedro Chávez Cibrián, director de la Policía Ministerial, la historia de los sinaloenses inició unos días antes del 27 de agosto, cuando alguno de los sujetos citados fue al edificio de la Dirección de Averiguaciones Previas a preguntar por Ruth Medina Alemán, a bordo de un vehículo Silverado. El guardia del inmueble notó algo extraño y apuntó las placas de la camioneta.
El mismo día, en el despacho de Eulalio Aldama Enríquez, se presentó una persona y preguntó por el ex jefe de la Ministerial, y coincidentemente iba a bordo del mismo vehículo que había visitado la DAP.
Al mismo tiempo, una persona ajena a esta situación fue detenida por el delito de robo y declaró que sus cómplices venían del estado de Sinaloa, por lo que un grupo de ministeriales se abocaron a investigar este caso.
El 27 de agosto, una unidad de la Ministerial pasó por el fraccionamiento Reforma, cercano al CBTIS 110, observando que la camioneta que había sido reportada como sospechosa se encontraba en una de esas calles, realizándose de inmediato un operativo para su investigación.
Al llegar, los agentes de la Policía Ministerial detuvieron a los siete sinaloenses, quienes estaban subiendo maletas a la camioneta en compañía de sus familiares; sin embargo, a los menores y mujeres no se les detuvo.
Al tomarles la primera declaración, se les quiso sacar verdades de mentiras, pues la autoridad pensaba que podrían estar relacionados con el sujeto detenido por robo, mencionado líneas arriba, por el hecho de que tenían acento de la costa.
Chávez Cibrián dijo que al estarlos declarando por separado, ellos mismos confesaron que les habían pagado diez mil pesos para asesinar a las personas antes mencionadas, pero como no recibieron el resto del dinero, ya se iban a regresar a la entidad vecina, y que la persona que las había contratado ese día pasó por la casa que habían rentado hacía 15 días y les recogió las armas porque no se llevó a cabo el trato.
Mencionó que en la declaración estuvo presente el Ministerio Público, Derechos Humanos y el defensor de oficio y que todo está grabado, como evidencia de que la confesión fue sin presión.
Agregó que tres de ellos negaron que habían venido con la intención de ejecutar a dichas personas, pero que los demás detenidos los ?echaron de cabeza? y afirmaron que todos estaban implicados.
El 29 de agosto, ante el juez, se solicitó y se obtuvo un arraigo para conseguir más pruebas, mismo que vencería en un término de 30 días.
Durante el arraigo, en repetida ocasiones, los familiares de los sinaloenses se presentaron en la Comisión de Derechos Humanos y ante el gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, pidiendo que se hiciera justicia, pues señalaban que había sido una detención arbitraria.
Antes de que terminara el arraigo, el 22 de septiembre, el Ministerio Público consignó el caso ante el juez, tras no poder ofrecer más pruebas.
El 23 de septiembre, Pedro Chávez Cibrián reconocía que no se habían obtenido muchas pruebas, pues nunca se localizaron las armas ni la persona con la que hicieron el trato los sinaloenses y se presumía que probablemente sólo se giraría la orden de aprehensión de tres o cuatro personas.
El 27 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, la jueza Quinta de lo Penal giró la orden de aprehensión en contra de los siete sinaloenses, por el delito de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.
Se inconforma abogado defensor
A raíz de la resolución de la jueza, en la que giró la orden de aprehensión en contra de David Humberto Quiñones Navidad, Sergio Ricardo Barraza Morales, Carlos Alberto Machado Aceves, Juan Carlos Flores López, Carlos Alberto Rocha Sáenz, José Eduardo Machado Aceves y David Humberto Machado Lares, por el delito de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, el abogado defensor de los sinaloenses, Armando Arizpe Adame, informó que no existen elementos para que se haya dado esta determinación, pues considera que es anticonstitucional.
Dijo que hubo declaraciones viciadas, que los inculpados estaban incomunicados y que por el solo hecho de ser del estado de Sinaloa fueron detenidos.
Agregó que no hubo homicidio en grado de tentativa y menos asociación delictuosa, pues son sólo una familia que vino del estado de Sinaloa y que no tiene nada qué esconder.
Finalizó diciendo que presentará elementos para comprobar su inocencia, pues no es justo que se hayan detenido sólo por suposiciones.
