Fue ésta una reunión interesante en la que se abordaron temas concernientes a la tarea de conservar, clasificar y catalogar la documentación de las entidades federales, estatales y municipales de la República.
La semana pasada estuve ausente de estas páginas por atender obligaciones extraordinarias, si bien muy gratas, en el Archivo Municipal de Saltillo, que fue sede de la Reunión de Archivos e Historia del Norte de México, un evento promovido anualmente por el Archivo General de la Nación con el fin de revisar la situación de la archivística en el país.
La reunión de Saltillo tuvo lugar los días siete, ocho y nueve de este mes y ocurrieron a ella representantes de los Archivos de las dos Baja Californias más Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas; así como el director general del Archivo General de la Nación y su inmediato colaborador Victor Román García.
Fue ésta una reunión interesante en la que se abordaron temas concernientes a la tarea de conservar, clasificar y catalogar la documentación de las entidades federales, estatales y municipales de la República.
En las sesiones de trabajo se narraron y compartieron experiencias sobre los principales problemas que afrontan los Archivos en el país, pero sobresalió el que han creado los rectores de los Institutos de Apertura de la Información Pública con sus incontenibles deseos de controlar los acervos históricos, sin previa ponderación de la intrínseca importancia de sus contenidos, ni conocimiento sobre el modo de manejar los irreemplazables documentos.
Por nuestra parte los archivistas coahuilenses describimos el conocido conflicto con el Instituto Coahuilense de Apertura a la Información, organismo ciudadano que ante su imprevista inopia decidió ?expropiar? ?tal es el justo vocablo- el presupuesto del fenecido Instituto Coahuilense de Documentación, generando en el mismo un estado de anarquía e injusticia laboral, pero también desmembrando algunos fondos documentales de gran importancia como los registros del estado civil de las personas correspondientes al siglo XIX.
Cada representante de los diez estados que forman la región Norte del sistema de archivos expuso sus dudas y temores ante el embate de la tecnocracia que está tras el Instituto Federal de Apertura a la Información y sus homólogos estatales, lo que motivó un punto de acuerdo de la reunión bajo el encabezado de ?Declaración de Saltillo? cuyos puntos esenciales me permito dar a conocer para ilustración de los lectores:
?Celebramos la atención institucional a la demanda de acceso a la información y el valor de la transparencia como recurso para combatir la corrupción, mejorar el manejo de los fondos públicos, asegurar la rendición de cuentas por las autoridades y profundizar el desarrollo democrático del país.
?No obstante, estamos convencidos que el ejercicio de este derecho ciudadano no es posible sin archivos bien organizados, con infraestructura y recursos suficientes y un marco de operación atento a la aplicación de las mejores normas y prácticas internacionales.
?Por lo tanto las leyes, reglamentos y decretos que incidan en la operación de los archivos deben someterse, antes de su aprobación y vigencia, a una amplia consulta a la sociedad civil y a los responsables de los propios archivos, así como a profesionales expertos en la materia.
?Dicho marco normativo debe ser preciso en las atribuciones de los órganos de transparencia y de los archivos, sin confundirlas ni sobreponerlas y debe asegurar la protección y preservación de los acervos documentales, su integridad y su valor como reserva invaluable de la memoria colectiva.
?Hacemos, por lo tanto, un exhorto a los ejecutivos y congresos estatales para reflexionar sobre la mejor forma de conciliar la necesaria garantía de la transparencia y acceso a la información sin afectar a los Archivos que de no resultar fortalecidos, exponen su de por sí precaria situación material y jurídica. Los jóvenes órganos de transparencia tienen un promisorio futuro por delante que, de ninguna manera, puede fincarse en cancelar el futuro de los archivos, en donde se deposita el patrimonio que nos ha legado el pasado?.
Como puede verse los archivistas estamos concientes de nuestra función como depositarios y guardianes de los acervos históricos, e igual percibimos las novísimas funciones de los comisarios de la flamante transparencia; pero vemos un riesgo para los testimonios históricos si éstos se ponen bajo el control de quienes ya se han declarado enemigos de los papeles amarillentos y polvosos y se proponen escanearlos en un ?CD? de precaria, o por lo menos, incierta durabilidad con el fin de eliminar los miles de kilómetros de documentos existentes. Ay, qué tiempos señor don Simón?
