Ayer reconoció el delegado general del PRI en Coahuila, Manuel Cavazos Lerma, que la situación política estatal constituye una página inédita en los procesos electorales internos de este partido. Un litigio sobre la pertinencia o no del requisito de haber desempeñado previamente una responsabilidad de Gobierno para merecer la candidatura está en espera de solución en los tribunales electorales e impide la expedición y publicación de la convocatoria respectiva.
Como se recordará, el pre candidato Raúl Sifuentes Guerrero presentó una queja ante el Tribunal Estatal Electoral sobre la supuesta e inconstitucional existencia de tales candados en los estatutos del PRI en contra de sus derechos políticos. El Tribunal falló en contra de los dichos candados y conminó su desaparición en el PRI coahuilense, lo cual habría dejado libre de impedimentos estatutarios al quejoso.
En el PRI hubo, sin embargo, inconformidad y el asunto pasó a constituir materia para el tribunal de alzada, el federal electoral, que no se ha pronunciado hasta ahora por lo que esta situación tiene en suspenso la aprobación de la convocatoria interna en el partido tricolor, al cual se acusa de ir contra el libre ejercicio de los derechos políticos de sus miembros. Habría que verlo.
Este columnista no puede presumir de ser precisamente un profundo conocedor de la materia jurídica y por lo tanto considera que bastaría evocar un poco las causas históricas de esta limitación para justificar su permanencia y observancia en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Veamos:
Desde 1929 hasta 1970 los candidatos del PRI a la Presidencia de la República habían egresado de las filas del Ejército Revolucionario o de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952 se dio el caso de la postulación de un viejo y experimentado burócrata para ocupar la máxima responsabilidad del país: don Adolfo Ruiz Cortines. Todos los demás fueron revolucionarios en ejercicio o licenciados en Derecho, pero en este último año el presidente en funciones, Gustavo Díaz Ordaz, fue cercado por la manipulación de su propio secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez y compelido a darle el visto bueno como candidato presidencial.
Todos los mexicanos sabemos las consecuencias de este Gobierno que sentó plaza con el peyorativo epíteto de populista. Echeverría hizo carrera burocrática en el Distrito Federal, desconocía por ello la problemática del país y jamás, salvo su accidentado paso por Gobernación, había tenido contacto con el pueblo y sus preocupaciones. Sin embargo, un discurso suyo sobre inconformidades a la hora de lanzar su candidatura le ganó la simpatía popular y el voto mayoritario.
Pero cuando se trató de gobernar el país, enfrentarse a los arduos problemas de la economía y afrontar las quejas del pueblo y de los estudiantes, Echeverría fracasó rotundamente.
Pronto le llegó la hora de heredar el poder y lo hizo en forma irresponsable: eligió a su amigo José López Portillo, culto universitario y trivial gastador ex burócrata capitalino. Éste a su vez designó a otro empleado federal, Miguel de la Madrid, cuya gris personalidad definió también a su administración. Y en su momento no pudo ceder ante otra manipulación, la de los yupies harvardianos, encabezados por Carlos Salinas de Gortari que entregaron a nuestra nación en manos del capitalismo rampante internacional. Cinco gobiernos de burócratas fueron muchos para nuestro desvalido presupuesto público y por ello, al acaecer la feliz candidatura de Luis Donaldo Colosio y después su criminal y sangrienta defenestración, sólo quedó otro tecnoburócrata, Ernesto Zedillo, a quien más o menos salvaron las circunstancias que englobaron su administración.
El trato de 30 años con burócratas hizo pensar a los priistas en 1996 o 1997 en colocar barreras estatutarias a quienes no hubieran desempeñado cargos de elección popular y quisieran acceder a otros de mayor responsabilidad.
Bien o mal, la limitante el PRI lo ha salvado de caer en malos candidatos y pésimos gobernantes, aunque debemos reconocer nuestra ignorancia sobre si nos hemos perdido de políticos que pudieron ser todo lo contrario. Por lo demás opinamos que cada partido tiene que ser totalmente libre de fijar sus reglas internas para el juego electoral. Elegir candidatos es un asunto de responsabilidad interna de los partidos y sólo éstos pueden decidir cómo elegirlos.
Hoy el asunto está en manos de los jueces federales y en eso, ya se sabe, nada hay escrito.
