Desde hace dos meses fue advertida una amenaza de conflictos en el máximo acervo documental histórico de Coahuila. Un organismo ciudadano, el ICAI, y la secretaría de Contraloría del estado aparecían como presuntos y absolutos responsables del estado anárquico que traslucía desde el Instituto Estatal de Documentación. En realidad compartían la responsabilidad con dos normatividades, de esas que se maquilan a trote y moche, las cuales empezaban a generar un conflicto de supervivencia para el archivo estatal y sus servidores.
El 14 de agosto de 2003 se aprobaron tres leyes en materia de información pública: la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y la Ley de Archivos Públicos. En estas últimas se condenó al Instituto Estatal de Documentación a desaparecer, pues el ICAI pasaría a ser el único rector del sistema de administración, conservación y preservación de la documentación pública y de la transparencia informativa en la entidad.
Los artículos transitorios ordenaron: Transitorio Quinto de la Ley de Información Pública: “los recursos humanos, financieros y materiales del IED se transferirán y pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto coahuilense de Acceso a la información pública”. El otro transitorio es el Tercero de la Ley de Archivos Públicos y ordena esencialmente lo mismo: los bienes del IED pasarán a ser resguardados por el ICAI (...) “en los términos de los convenios que para tal efecto se hayan celebrado y de las disposiciones aplicables”.
En mayo de 2005 apareció en el IED una investigación de Contraloría en materia presupuestal, ya que esta dependencia no está facultada para realizar alguna de carácter documental histórico. La intención -según aclaró un sub director de Contraloría- era adelantar trabajo para la futura entrega de los documentos de concentración y de trámite, más los acervos históricos, a una Dirección General de Archivos con jurisdicción estatal, inopinadamente aparecida en el organigrama de la Secretaría de la Contraloría. Luego se supo que el ICAI veía con reserva la disposición de la Ley que le otorgaba el manejo de los archivos estatales y la Contraloría de disponía a sustituirlo en esa responsabilidad.
Nuestro desconcierto nacía de no entender por qué o para qué querría el Gobierno que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información el acervo histórico se hiciera cargo del Instituto Estatal de Documentación de Coahuila; de que éste viera con renuencia la disposición de los transitorios Quinto y Tercero de sus dos originarias normatividades y mucho de que empezara cerrando las puertas a la investigación histórica, dizque para adelantar en la entrega a la Secretaría de la Contraloría.
Tampoco tuvimos una explicación lógica para el trabajo que acumulaba en forma arbitraria los documentos existentes con el propósito de saber cuántos eran; que cerraba y sellaba las cajas contenedoras sin conocer y obviamente sin acreditar, el fondo, los temas y el período cronológico a que pertenecía su contenido.
Si esa tarea estuviera a cargo de archivistas; si algunos historiadores la supervisaran y se hubiera acreditado un objetivo valedero, como el de reorganizar los acervos para facilitar su consulta, diríamos santo y muy bueno; pero resultó que los auditores o sus empleados literalmente sólo contaban y sumaban los documentos para registrar el número de hojas de papel que contenía cada caja, no el tema de cada de folio, ni el período histórico al que corresponden, ni el valor documental o la trascendencia de los testimonios allí contenidos. La tarea se realizó en forma autómata, aritmética y autoritaria.
Quienes nos echamos a cuestas la defensa del patrimonio documental histórico de Coahuila hemos sostenido tres reuniones frente a los consejeros del ICAI y un sub secretario de la Contraloría Estatal; pero poco hemos podido conocer que pueda justificar el procedimiento ejecutado en las instalaciones del ahora inexistente Instituto Estatal de Documentación.
Sin embargo, en una reciente reunión presidida por el secretario de Gobierno de Coahuila, Horacio del Bosque Dávila, éste nos escuchó con atención y prometió estudiar el asunto para someter alguna solución al juicio y acuerdo del gobernador Enrique Martínez.
Nosotros pedimos al secretario de Gobierno la adopción de tres medidas: 1) Suspender toda intervención del ICAI y de la Contraloría en el acervo documental histórico del IED, para lo cual habría necesidad de diferir la entrada en vigencia de los artículos transitorios Tercero de la Ley de Archivos Públicos y Quinto de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública; 2) La designación de un nuevo director para el IED con especialidad de archivística e historia que pueda asumir la responsabilidad oficial y cultural que implica ese nombramiento y 3) Que como ha funcionado desde siempre el Archivo General de Coahuila siga dependiendo de la Secretaría de Gobierno y no de alguna otra oficina que pudiera resultar impertinente, irresponsable e incompetente.
El problema no es trivial. Se trata de la ordenada acumulación de cientos de miles de testimonios históricos de la mayor trascendencia para el estado y la nación; documentos que, en caso de extravío, pérdida o destrucción resultan insustituibles e irrecuperables pues constituyen la médula fidedigna de nuestra pertenencia étnica, cultural e histórica y cualquier daño parcial o total inflingido nos afectaría como sociedad, como familia y como individuos.
Ante otros defectos, abusos e injusticias de nuestro tiempo la falta de respeto a la historia de Coahuila podría aparecer como un tema menor, pero deviene agravio de importancia. Sabemos, sin embargo, que el gobernador Martínez calibra la importancia de la memoria histórica y la necesidad de mantener abiertos y accesibles al interés de los historiadores e investigadores del pasado los documentos que dan fe de ella: un glorioso ayer del cual todos los coahuilenses, junto al gobernador, estamos orgullosos. Esta es nuestra esperanza.
