No es desconocido que las elecciones federales en México son de las más costosas en el mundo y ese elevado costo se paga con dinero público, es decir, de todos los mexicanos que aportamos al erario. Ello nos coloca, como ciudadanos, en situación de poder exigir que esa alta inversión genere dividendos también para todos, traducidos en confianza, en certidumbre ante un proceso electoral en 2006 que se aprecia será bastante competido y que seguramente se definirá por un reducido porcentaje de votos a favor de uno de los candidatos presidenciales.
Lo que estamos viendo en las precampañas para seleccionar los candidatos a la Presidencia de la República de los principales partidos políticos, es un anticipo de lo que veremos al arrancar formalmente la carrera por la sucesión. Se da por descontado que no será una campaña tersa, más bien se espera difícil, complicada, lo que hace extremadamente necesario contar con el Instituto Federal Electoral (IFE) como un árbitro verdaderamente imparcial, que genere certidumbre y que busque recuperar la confianza de los ciudadanos que con mucho esfuerzo se había logrado ganar como se demostró con la elección de 2000, pero que al parecer se ha venido perdiendo en los últimos tiempos.
Es de lamentar que precisamente ahora que el IFE anuncia el inicio formal de sus tareas relacionadas con el proceso electoral que concluirá en 2006, el Instituto enfrente una de las peores crisis de credibilidad de los años recientes (una encuesta realizada hace días por una televisora de alcance nacional, arrojó que el 85 por ciento de ciudadanos consultados vía telefónica no confía en el máximo órgano electoral). Esa crisis de credibilidad va de la mano con la crisis interna, de carácter institucional, que se ha hecho evidente con la renuncia de la ex secretaria ejecutiva, María del Carmen Alanís, quien adujo razones de cierto peso político que no han sido suficientemente analizadas y con la posterior renuncia del director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, licenciado Carlos González. Las sustituciones de ambos funcionarios fueron realizadas sin consenso y con señalamientos de “inestabilidad en el área ejecutiva” por parte de algunos consejeros del propio IFE.
La difícil circunstancia por la que atraviesa el Instituto Federal Electoral, no es ajena al hecho de que la conformación del Consejo que preside actualmente Luis Carlos Ugalde nació cuestionada, sin consenso entre los partidos políticos y con acuerdo específico entre el PRI y el PAN, aunque este último ya ha expresado sus reservas acerca del funcionamiento del órgano electoral y ha advertido, por conducto de su representante, sobre los riesgos que implicaría el que los consejeros no actuaran institucionalmente y con imparcialidad.
Por su parte, el PRD ha pedido que el IFE se asuma como verdadero árbitro en la contienda de 2006 y que no sólo vaya a tomar el papel de observador, o peor aún el de contendiente.
No cabe duda que todos estos señalamientos, advertencias, cuestionamientos y peticiones, tienen que ver con la identificación que algunos de los consejeros mantienen con ciertos partidos políticos. En esto sobresale el caso del consejero presidente, a quien se le vincula con el Partido Revolucionario Institucional. No obstante ello y dado que en función de los tiempos es prácticamente imposible esperar que se dé un cambio total en la conformación del IFE, por muy necesario o justificado que pareciera, lo que procede es mantener una actitud vigilante, ciudadanos y partidos, respecto del cumplimiento de sus delicadas funciones y responsabilidades por parte del máximo órgano electoral en el país.
Malas son las comparaciones, pero es inevitable recordar que los consejeros del IFE, encabezados por el maestro José Woldenberg y que tuvieron a su cargo el proceso electoral del año 2000, se ganaron a pulso la confianza ciudadana y pudieron rendir buenas cuentas, desde el punto de vista del conteo de votos que generó el resultado por todos conocido, aunque la parte de fiscalización de recursos para el financiamiento de las campañas de algunos candidatos, en especial de Vicente Fox, quedó como un punto débil.
El IFE tiene por delante enormes retos, no sólo cuidar toda la parte técnica del proceso electoral que concluirá el año 2006, la cual es bastante complicada, sino demostrar su calidad de árbitro imparcial para ganarse la confianza de los votantes. Pero además, debe tomar previsiones para evitar que sea el dinero lo que defina el ganador de la contienda y para que los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, se sometan al Estado de Derecho.
Mientras se implementan las medidas correctivas para mejorar el sistema electoral mexicano, en el marco de la necesaria Reforma del Estado, habrá que esperar que el IFE se ponga a la altura de las expectativas ciudadanas con lo que hoy tiene para operar y cumplir.
