Falta voluntad política para facilitar tránstito de duranguenses en sillas de ruedas o con muletas: Hernández Campos.
El Siglo de Durango
Desecha la autoridad municipal las peticiones efectuadas por la Comisión Coordinadora Estatal para el Desarrollo y la Integración Social de las Personas con Discapacidad acerca de modificar algunos aspectos del reglamento de vialidad y de las construcciones de edificios públicos.
El objetivo de estas reformas es facilitar el tránsito de la gente con capacidades diferentes y que los automovilistas respeten los cajones de estacionamiento exclusivos para este sector de la población; no obstante, a un año de que presentaron este proyecto, en el Ayuntamiento sólo hay silencio al respecto.
Juan Francisco Hernández Campos, responsable de la Comisión, expresa que, incluso, hace algunas semanas atrás otra vez presentaron el documento que plantea esta necesidad para los discapacitados con la esperanza de que lo retomen.
Desde el punto de vista del servidor público, “no hay voluntad política” para dar solución a sus requerimientos por parte de las autoridades encargadas. Lo que solicitan son cosas sencillas y elementales pero que, sin duda, facilitarán que los duranguenses en sillas de ruedas o con muletas, entre otros, puedan caminar libremente por la mancha urbana.
“Todavía no nos resuelve el Cabildo las reformas que presentamos al reglamento de vialidad y al de construcción de las viviendas y los espacios abiertos dentro del municipio. Tampoco nos han resuelto la petición de instalar los kioscos en las áreas públicas para dar autoempleo a las personas con discapacidad”, denuncia.
El galeno de profesión manifiesta que para insistir en su petición incluso la expresaron en los foros de participación ciudadana en febrero del año en curso y la semana antepasada lo hicieron otra vez.
“Yo pienso que esas carpetas que contienen todos estos proyectos de reforma están guardadas en algún escritorio”, lamenta.
Dentro de los puntos que plantea la Comisión se encuentra que se tipifique que quien obstruya las rampas y los cajones para estacionar vehículos que transportan personas con discapacidad sea sancionado. “Que lo que se recaude de esas sanciones se aplique por parte del Municipio a construir más rampas para tener más espacios en las áreas libres para que las personas puedan transitar”, arguye.
Además, le proponen al Municipio que ese dinero del mismo modo sea utilizado para acciones de bacheo y modificar las banquetas que no son apropiadas para que se desplacen las personas con discapacidad.
“Que se vigile que cuando se construyan los edificios públicos y privados cumplan con las normas para que en ellas pueda andar cómodamente una persona con discapacidad sin obstáculos arquitectónicos”, dice Hernández Campos.
Lo que piden es que asimismo quiten los obstáculos de las calles como cables y que las casetas de teléfonos estén en un lugar adecuado y no dificulten el paso de una silla de ruedas. “Queremos que se aplique porque es una norma internacional de cómo deben estar las calles y los edificios, que se respeten los cajones, pues se estaciona todo mundo y nos les hacen nada”, recalca.
Quebrantamiento
Los municipios están obligados a respetar la integración social de las personas con discapacidad.
-Dicha legislación establece que las personas con capacidades diferentes tienen el derecho a desplazarse libremente y con seguridad en los espacios públicos, abiertos o cerrados; así como tener las facilidades necesarias de acceso y desplazamiento libre de obstáculos en la vía publica, centros de reunión, instalaciones comerciales, culturales, deportivas, recreativas y turísticas;
-También tienen derecho a la igualdad y equiparación en las oportunidades en el uso de los servicios públicos y los que presta la comunidad;
-Y contar con el apoyo y ayuda necesaria por parte de quienes prestan atención al público en instituciones públicas y privadas.
- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo estatal definir las estrategias y políticas públicas necesarias para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, la cultura, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración.
FUENTE: Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
