El reciente proceso electoral en el que los coahuilenses elegimos autoridades locales, ha dado pie a impugnaciones por parte de diversos partidos y candidatos.
Los llamados a dar vuelta a la página son pertinentes, pero debemos hacerlo con los ojos abiertos a la experiencia reciente sin soslayar el fraude, debemos aprender y reflexionar sobre lo ocurrido y luchar por su remedio si queremos un mejor porvenir.
No vale el argumento del aún gobernador Enrique Martínez y Martínez, en el sentido de que el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura debe aceptar su derrota, para corresponder al reconocimiento del Partido Revolucionario Institucional respecto a la victoria del PAN en Torreón.
No se trata de situaciones intercambiables. El hecho de que la Oposición haya ganado en Torreón y con ello limitado el efecto aplastante de las elecciones de Estado y no haya ocurrido así en el resto de la identidad, tal resultado no legitima el triunfo del PRI basado en la compra de votos, el acarreo y la utilización de los recursos del Estado, en apoyo al candidato oficial de Martínez.
Tampoco debe extrañar que los candidatos o los partidos impugnen los resultados, pues para eso existen recursos en la Ley Electoral. Los recursos legales son medios de defensa para atender las inconformidades de los ciudadanos frente a los actos de autoridad, a fin que otras autoridades de superior jerarquía revisen tales actos y si fuere el caso, restituyan a los inconformes en el goce de sus derechos violados.
Además del consabido acarreo y compra de votos que ocurrió a ojos vistas de la ciudadanía, la impugnación que anuncia Jorge Zermeño se basa en otras acusaciones, porque asegura tener pruebas de algunas casillas en las que fueron más las boletas que se contaron, que las que venían en los paquetes electorales. La acusación es grave porque implica en forma directa al Instituto Estatal Electoral, como responsable de la organización de las elecciones y de la custodia de las boletas electorales.
Es cierto que la diferencia de votos entre los candidatos del PRI y del PAN a la gubernatura es mucha y que la anulación de los comicios resulta remota. Con mayor razón si se reconoce que la aplanadora del PRI funcionó debido a la falta de una estructura de los partidos de Oposición, incluido Acción Nacional, que fuera capaz de atraer a la ciudadanía para votar por encima de los índices logrados y asegurar la limpieza del proceso.
Sin embargo, la pretensión de Jorge Zermeño es legítima: desea dar testimonio político de las irregularidades y para ello, requiere de un soporte jurídico que documente las anomalías.
Se antoja innecesario que el Gobierno de Martínez y el PRI hayan incurrido en un fraude de grandes proporciones, cuando aseguran que gozaban de amplios márgenes según las encuestas.
La razón para haber incurrido en los excesos de los que hemos sido testigos, responden a que el PRI carece de vocación democrática, no admite el régimen de competencia entre partidos y no se conforma con nada que no sea el carro completo.
Otra razón apunta a considerar que en el caso de que la Oposición hubiera movilizado grandes contingentes de votantes por encima del sesenta por ciento del padrón, el resultado habría revertido en contra del PRI a pesar de las encuestas, como por cierto ocurrió en Torreón, incluso con un porcentaje menor de votación.
El motivo principal que explica el exceso en que incurrió el sistema priista al introducir tacos de boletas en las casillas en que pudo hacerlo, obedece a que frente a los increíbles resultados del proceso interno del PRI, en el que se atribuyó 337,740 votos, era preciso inflar los números de su candidato a gobernador a cualquier precio.
Según estadísticas oficiales, el PRI saca en la elección constitucional sólo 150,608 votos más que en la interna, para llegar a 488,348 votos. Resulta ilógico que el PRI haya obtenido en su elección interna el 70 por ciento, del total que se le atribuye en las elecciones públicas.
Este absurdo crece de proporción en Torreón, en cuyas elecciones internas el total de los precandidatos priistas obtiene 61,441 votos, que equivalen al 73.5 por ciento de la votación recibida por Humberto Moreira ya ungido candidato en las elecciones constitucionales, a las que fue por sólo 22,056 votos adicionales para contabilizar un total de 83,497 sufragios.
En virtud de que el PRI declara en su proceso interno 17,580 votos más de los que obtiene su más cercano oponente Jorge Zermeño en la elección constitucional en todo el Estado, esa lógica perversa lleva a concluir que en Coahuila no hemos salido del régimen de partido único, del dedazo, la imposición y el fraude y en adelante podemos ahorrarnos el costo económico y el desgaste social de las elecciones.
La raíz de los vicios del proceso electoral en Coahuila, están en la legislación misma. Nuestra Ley Electoral es una camisa de fuerza que viola el derecho de los ciudadanos a manifestar sus ideas y aspiraciones políticas fuera de los tiempos de campaña; hace nugatoria la observancia electoral y el sistema de encuestas y pone el control de las elecciones, en un Instituto Electoral parcial dependiente del Gobierno y su partido.
Las irregularidades son causa de la turbiedad del reciente proceso electoral de Coahuila y no las impugnaciones. Ojalá que tales impugnaciones, nos impulsen a reformar nuestro sistema electoral para dejar atrás las elecciones de Estado y lograr que en el futuro los comicios estén en manos ciudadanas.
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