Mañana sábado, a las 24 horas, vence el contrato colectivo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores. Si no hay acuerdo entre las partes, en el primer minuto del domingo 16 se iniciará la huelga a que se emplaza siempre que se revisa un contrato. Salvo en el caso de emergencias, más de trescientos mil miembros del sindicato del IMSS suspenderían sus labores, destinadas a 13 millones de afiliados y un universo de derechohabientes que suma alrededor de cincuenta millones de personas, casi la mitad de la población total. Por si eso fuera poco, se suspendería también el servicio telefónico en todo el país, el eléctrico en el Distrito Federal y los estados de su entorno inmediato y las labores en las universidades públicas, porque sus trabajadores plantearían huelgas de solidaridad con sus compañeros del Seguro Social.
Este panorama apocalíptico puede ser disipado si, como es deseable y posible, es aceptada por la nueva dirección del Instituto la propuesta sindical que modifica el Régimen de Pensiones y Jubilaciones. A diferencia de lo que propagó la insidia gubernamental desde entonces y ahora, aun frente a la reforma a la Ley del Seguro Social, perpetrada en agosto del año pasado el sindicato planteó alternativas. A diferencia de la derivada de la Ley, la posición de los trabajadores mejoraría de inmediato las condiciones financieras de la institución y no hasta dentro de tres décadas, como ocurrirá con la aplicación nuda de la reforma, no matizada por su aplicación bilateral.
La reforma del año pasado, objetada por el sindicato en un prolongado litigio judicial que aún no concluye, prohíbe financiar con las cuotas obrero-patronales y la aportación gubernamental en que descansan las operaciones del Instituto, las prestaciones de retiro de los empleados del IMSS, como se ha hecho desde que por causas no atribuibles a los propios trabajadores el financiamiento con ese propósito dejó de ser suficiente.
La consecuencia de esa prohibición es que los propios beneficiarios creen con sus aportaciones el fondo para su jubilación, aportaciones mayores en tres veces a las actuales. Con objeto de no lesionar los derechos adquiridos de los trabajadores en activo, aquella modalidad se aplicará sólo a los de nuevo ingreso (que no los hay desde hace catorce meses).
Pues bien, los trabajadores que no admiten que se les aseste contra su voluntad decisiones aunque no los afecten directa e inmediatamente, están dispuestos a la modificación del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, a diferencia de la imagen de cerrazón y abuso que impide conocer su verdadera actitud.
Están dispuestos a pactar nuevas reglas para su retiro, que daría alivio pronto a las finanzas institucionales por dos vías: por un lado, aceptarían aumentar el monto de sus aportaciones para ese efecto, que es de tres por ciento de su salario, a razón de un punto por año hasta llegar a diez.
Y por otro lado, están dispuestos a renunciar a la jubilación temprana, posible ahora a los 27 o 28 años de servicio sin límite de edad, para fijarla en 35 años de antigüedad y sesenta de edad.
El congreso del sindicato, reunido desde el martes, debe decidir en último término sobre esta propuesta, impulsada por el comité y el consejo nacionales. Parece posible la aceptación de esos términos, pues los delegados, como sus representados, tienen conciencia de que está a su alcance contribuir a aliviar la crisis financiera del instituto, si bien rechazan la amañada interpretación de que sus prestaciones son la causa fundamental y aun única de los agobios institucionales.
La propuesta sindical es viable jurídica y financieramente, sin alterar el texto legal reformado en agosto de 2004, ya que éste sólo impide aplicar recursos regulares del IMSS a cubrir las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. Para la aplicación de la propuesta sindical no se tocaría un centavo de esos recursos y por lo mismo no perdería vigencia el texto legal, que para fundamentalismos fingidos se ha vuelto piedra de toque del Estado de Derecho.
El Artículo segundo transitorio de la reforma, que asegura a los trabajadores en activo el respeto a sus derechos (que ellos están dispuestos a modificar mediante un acuerdo, no por imposición autoritaria que se mete en la vida sindical) permite también establecer modalidades para ese régimen a través de la negociación bilateral. Eso es lo que se propone.
Para aceptar la propuesta, el nuevo director del Instituto, Fernando Flores, deberá vencer las resistencias interiores, expresadas por el Consejo técnico del propio IMSS, un órgano cuya integración se quedó anclada en el pasado.
La representación obrera en ese consejo responde abiertamente al sistema corporativo que caracterizó a la relación del Estado con los trabajadores. La integran cuatro delegados, pertenecientes a la CTM, a la CROC, al sindicato minero y a la CROM. Dado el promedio de edad de los lectores de esta columna, es probable que la mayor parte de ellos ni siquiera sepa a qué corresponde esta última sigla. Se trata de la Confederación Regional Obrera Mexicana, que hace ya décadas vivió su mayor dinamismo y es hoy un cascarón vacío, carente de verdadera representación.
Se hallan ausentes del Consejo centrales nuevas, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que agrupa a asalariados de sectores estratégicos para el país, como los telefonistas, pilotos y en general trabajadores de la aviación.
Que todos digan no a la huelga.
