COLABORACIÓN | DEBEN ENTIDADES PARTICIPAR EN DECOMISO DE AUTOS “CHUECOS”.
EL SIGLO DE TORREÓN
Son pocas las acciones que la Unidad Especial de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas ha ejecutado.
TORREÓN, COAH.- Coahuila no ha cumplido cabalmente con los términos pactados dentro del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebró con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que en mayo del año pasado se modificó al suscribirse el Anexo Ocho.
Éste, se refiere a las facultades conferidas desde entonces a las entidades federativas, para que colaboren con el Gobierno Federal en la vigilancia y decomiso de toda clase de mercancía de procedencia extranjera, incluyendo unidades automotrices, deportivas y de lujo, contra los que podrán practicar embargos precautorios y todo lo relacionado a juicios y trámites administrativos.
Sin embargo, pese a que dentro de las facultades encomendadas está la de incautar en transportación, realizar visitas domiciliarias y a sitios de venta para comprobar la tenencia legal de mercancías ilegales, entre las que figuran también productos de marcas “piratas”, las acciones han sido pobres por parte de la Unidad Especial de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado.
Sobre todo, luego de dos manifestaciones efectuadas el año pasado, una de ellas por parte de organizaciones de tianguistas que venden en forma itinerante en la ciudad, así como la que protagonizaron ante el gobernador del Estado, Enrique Martínez, en el Cerro de las Noas, los integrantes de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa).
En lo que va de este año, personal de la dependencia estatal ha efectuado en esta ciudad algunos decomisos, conocidos porque en uno de los casos, inspectores fiscales sacaron las unidades automotrices del interior de una cochera particular mediante el uso de una grúa al negarse a entregarlas el propietario.
En otra diligencia, pretendieron incautarle el vehículo a una persona la cual solicitó la ayuda de la Onappafa que al enviar representantes, evitaron se recogiera la unidad de procedencia extranjera.
Por el no ejercicio pleno de estas facultades, la entidad ha perdido la oportunidad de fortalecer su hacienda pública, ya que el incentivo de este acuerdo es que: “Se entregará la totalidad de la mercancía que haya pasado a propiedad del fisco federal con las salvedades de Ley y la totalidad de los vehículos, incluyendo deportivos y de lujo.
Percibirían también como estímulo, el 100 por ciento de los créditos determinados tanto en mercancía como en vehículos.
Al respecto, el secretario de Finanzas, Javier Guerrero García, explica que el espíritu de este convenio es de colaboración únicamente, ya que “la facultad sigue siendo de la Secretaría de Hacienda”.
La preocupación es que el Gobierno Federal siga haciendo su trabajo en las fronteras, y por parte de la entidad coahuilense, “sólo nos toca coadyuvar para que el fenómeno no siga en aumento, pues afecta seriamente la planta productiva así como la generación de fuentes de empleo, debido a la competencia desleal”.
Indica sin embargo que se trata de un proceso que se pretende hacerlo de forma permanente y de la mejor manera, de tal suerte que prevalezcan criterios de mucha prudencia y sensibilidad antes de proceder a un decomiso.
Aclara que el interés en una primera etapa, estará enfocado básicamente contra los comercializadores o tianguistas que deberán acatar la Ley.
Se comprometió a que “tendremos que actuar en función de lo que la Ley nos obliga”.
Opina que este tipo de contrabando ataca de manera frontal a la industria automotriz y genera condiciones de inseguridad en las calles cuando ocurren accidentes viales porque no se sabe de quién es un vehículo de los llamados “chuecos”.
Es injusto que haya ciudadanos a los que se les exige el pago de impuestos vehiculares y tenencias en forma puntual mientras que haya otros que no cubren ni un centavo.
En tanto la Secretaría de Finanzas se abstiene de proceder con mayor energía contra este tipo de contrabando, representantes empresariales demandan que no se tenga temor a “costos políticos” por ser 2005 un año de elecciones en Coahuila.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, (Canacintra) Robert Stefanic Mery, señala los devastadores efectos de que se autorizara una segunda regularización de carros “chocolates” y apunta que se requiere aplicar “mano dura” a fin de terminar con la gran cadena de distribución en la que los compradores de buena fe, son los menos responsables de contrabando y suelen ser los más afectados.
“Indudablemente esos carros ilegales no entran volando a México, de ahí que si ahora el Gobierno del Estado, tiene facultades para proceder contra esta modalidad de contrabando, debe actuar y así de paso, agenciarse recursos económicos, sin importarle que las acciones no sean populares”.
El representante del sector industrial en la Comarca Lagunera demanda terminar con la simulación cuando de todos es conocido que la venta de carros “chuecos” se hace impunemente por medio de “anuncios en los periódicos, en la calle y hasta en los grandes tianguis que existen ex profeso”.
Señala que si realmente hay voluntad para atacar este problema y proteger al sector automotriz nacional, tanto el Gobierno del Estado como la propia Secretaría de Hacienda pueden encontrar a los “coyotes” operando con toda libertad.
Por su parte, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Antonio Juan Marcos Issa, señala que el Gobierno del Estado, en este caso la Secretaría de Finanzas, tiene un voto de confianza para actuar en el decomiso de los carros de procedencia extranjera introducidos ilegalmente al país.
Y señala que sentaría un buen precedente de que cuando menos empiece por asignar inspectores de fiscalización a los lugares donde se venden los fines de semana estos carros la mayoría de los cuales no cuenta con los permisos de importación correspondientes.
En su opinión, ha sido el mismo Gobierno el que ha permitido el crecimiento y la fuerza que han tomado los organismos que se dicen protectores del patrimonio familiar y que no son otra cosa que agencias de venta de carros “chocolates” y que han encontrado en esta actividad tolerada, su modo de vida
Considera que ya es el momento de separar los renglones político del legal y apoyar por medio de acciones concretas, a los miles de ciudadanos que pagan sus impuestos cuando adquieren carros de manufactura nacional y además pagan sus derechos vehiculares y las tenencias federales.
No a la regularización
Para el senador, Alejandro Gutiérrez, no hay en puerta una nueva regularización de unidades de procedencia extranjera y opina que es lo mejor, ya que pondría en grave riesgo de desestabilización a la industria automotriz nacional, tanto en lo que se refiere a flujo de inversiones como en la permanencia de miles de empleos.
Coahuila dice, particularmente en la Región Sureste, es una de las zonas automotrices más importantes del país, también en lo que hace a la manufactura de auto-partes y existe una seria preocupación entre los industriales del ramo que señalan el peligro de que el Gobierno Federal ceda a las presiones de organizaciones que se dicen defensoras del patrimonio familiar.
Agrega que el creciente problema de la introducción y venta de carros “chuecos” es resultado de que siguen las fronteras abiertas, “hay gente que está haciendo negocio y es injusto para los mexicanos que compran vehículos nacionales y que pagan los impuestos correspondientes”.
Lo que debiera hacerse es una mayor vigilancia en las fronteras para que se frene tanto el contrabando de carros como el ingreso de otro tipo de mercancías ilegales pero eso es responsabilidad de las autoridades tanto federales como estatales.
“Hace poco me reuní con representantes de empresas automotrices en el ámbito nacional y ellos presentan una inconformidad por las expectativas que han generado algunos legisladores, sobre un eventual segundo proceso de regularización”.
Alejandro Gutiérrez indica que los fabricantes de vehículos se han unido para defenderse ante el riesgo de una nueva regularización porque afectaría de manera directa el flujo de inversiones en el que es hoy por hoy uno de los sectores más dinámicos en la generación de fuentes de empleo.
Estima pues que no se pueden poner en riesgo miles de empleos y sólo es cuestión de apegarse a la Ley, hacer que se respete el Estado de Derecho.
Y puntualiza que es un asunto claro, el problema no es directamente de los ciudadanos que compran un vehículo “chueco”, pues en la mayoría de los casos lo hacen debido a sus limitadas posibilidades económicas.
El problema y que es lo que se debe atacar es “a quienes lucran y especulan con estos vehículos tanto en las fronteras como en los cientos de tianguis que hay en las ciudades, ellos tienen la mayor parte de la responsabilidad en este ilícito”.
Anexo Ocho
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el estado de Coahuila. Se suscribe Anexo Ocho.
* El Estado colaborará con la Secretaría de Hacienda en la verificación de la legal importación, almacenaje, estancia, tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de toda clase de mercancía de procedencia extranjera, con relación al Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
* Podrá ordenar y practicar visitas domiciliarias y verificar mercancías en centros de almacenamiento, distribución y comercialización, tianguis, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública e incluso en transporte a fin de comprobar la legal importación, almacenaje, estancia o tenencia.
Esta reforma al citado Convenio, la integra un total de 17 cláusulas y dos artículos transitorios.
FUENTE: Secretaría de Finanzas del Estado
