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Inevitable, la instalación de casinos: Enrique Martínez

LEOPOLDO RAMOS

EL SIGLO DE TORREÓN

SALTILLO, COAH.- La instalación de casinos en Torreón y Saltillo no es un fenómeno que las autoridades municipales puedan evitar debido a que los establecimientos cubren los requisitos federales correspondientes, pero la medida obliga al Gobierno a vigilar ?con lupa? sus operaciones.

Lo anterior lo advirtió el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez, tras reconocer que a partir del funcionamiento de las casas de apuestas ?pueden proliferar otro tipo de ilícitos que no debemos permitir los coahuilenses?.

Dijo que si los ayuntamientos de Torreón, Saltillo y Piedras Negras -donde hasta ahora se ha detectado la operación de casinos- no han impedido el arribo de los negocios es porque éstos cumplen con los requisitos legales establecidos ?y lo que está permitido por la Ley no lo puede evitar la autoridad local?.

También aceptó que los centros de apuesta pudieran involucrar la participación de capitales ilícitos e incluso convertirse en atractivos para integrantes del crimen organizado.

?Tenemos que estar pendientes de que nos traigan cosas positivas, que estén dentro de lo aprobado por la Ley y vigilar ?con lupa? para que no vaya a haber un problema colateral?, anotó.

En este mismo tema, el titular de la Secretaría de Gobierno, Abraham Cepeda Izaguirre, advirtió que por cuestiones de seguridad, los diferentes ámbitos de Gobierno están obligados a vigilar la operación de los casinos y prevenir operaciones ilícitas relacionadas con este tipo de empresas.

Regularización .

Enrique Martínez respondió a los señalamientos de empresarios vinculados con el sector automotriz quienes han cuestionado el que los gobernadores no hayan presionado a la Federación lo suficiente para evitar la expedición del decreto donde se autoriza la nacionalización de 2.5 millones de vehículos extranjeros cuya estancia en el país es ilegal.

El mandatario coahuilense consideró que ?éstas no son cuestiones de presión?, sino más bien de cuidar que la decisión asumida por el Ejecutivo y Legislativo Federal beneficie ?a quien realmente debe beneficiar y que no sean los que hacen negocio con el contrabando de los vehículos americanos quienes se estén beneficiando, porque se están afectando los empleos de mexicanos que trabajan en la industria automotriz?.

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