La importancia del juicio radica en que esta vez, según autoridades, los procesados constituyen "el estómago, el corazón y la cabeza" de la organización.
Madrid, (EFE).- La Justicia española abrió hoy el mayor proceso de su historia contra el entramado financiero, político, mediático e internacional de la organización terrorista ETA, en el que 56 personas se sientan en el banquillo.
Los acusados comparecieron ante la Audiencia Nacional española, que ha habilitado unas instalaciones especiales en la periferia de Madrid para albergar este proceso, que se prolongará durante varios meses.
El fiscal pide para los acusados penas que oscilan entre los diez y los 51 años de prisión, por delitos que van desde la integración en organización terrorista a falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales.
El proceso responde a las investigaciones sobre varias organizaciones supuestamente relacionadas con la banda terrorista que concluyó el juez español Baltasar Garzón en 2002.
Más de 200 mil folios y 600 tomos componen el sumario de este proceso instruido por el magistrado español, quien mantiene la tesis de que ETA no lo forman sólo sus comandos armados.
Entre las organizaciones investigadas, cuyos miembros se sientan en el banquillo, figuran la independentista Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), presunto aparato político de ETA y su sucesora tras ser ilegalizada y que responde a las iniciales de EKIN.
También fueron procesados miembros de XAKI, considerado el aparato de relaciones exteriores de ETA, y de varias empresas editoriales y medios de comunicación vascos, como el diario Egin, que presuntamente han actuado como soporte ideológico de los terroristas.
Para el juez Garzón, la banda terrorista ha mantenido siempre el control de esas estructuras, sirviéndose de ellas para la consecución de sus fines.
Esta teoría implica que los miembros de esas asociaciones deben ser considerados integrantes de ETA y condenados por ello.
La importancia del juicio radica en que esta vez los procesados son miembros de organizaciones que, según Garzón y la Fiscalía, constituyen "el estómago, el corazón y la cabeza" de ETA.
Se trata, según el magistrado, de los "aparatos" que durante décadas han posibilitado la supervivencia de la banda y la continuidad de la actividad terrorista.
En la apertura de la vista, los abogados defensores pidieron la suspensión del proceso, lo que fue rechazado por la Audiencia, mientras los primeros procesados se negaron a declarar ante el fiscal al considerar que se trata de un juicio político.
El proceso ha provocado reacciones entre diversos sectores del país, como la del ministro español del Interior, José Antonio Alonso, quien se mostró convencido de que el juicio tendrá "todas las garantías legales".
También, el dirigente del opositor Partido Popular (PP) Ángel Acebes calificó el proceso de "histórico" y valoró que se juzgue a "todos aquellos que han colaborado o contribuido a uno de los ataques más graves a la libertad y al derecho de los ciudadanos".
No comparte esta opinión el responsable de Justicia del Gobierno regional vasco, el nacionalista Joseba Azkárraga, quien mostró su deseo de que la Audiencia absuelva a los acusados porque, según dijo, "no todo es ETA".
Para la Fiscalía, la organización KAS fue la encargada de elaborar un proyecto de financiación para el sostenimiento económico de ETA y la cobertura de gastos de sus "miembros liberados".
