La Contraloría investiga presuntas irregularidades
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Subsecretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa inició un proceso administrativo en contra del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, José Bermúdez Cisneros, por presuntas irregularidades en dicha dependencia.
Sergio Estrella Rivera, subsecretario de la Contraloría, comentó que los abogados laboralistas se quejaron porque afirman que continuamente hay pérdida de expedientes, acuerdos sin promoción, ejecución de embargos sin que se haya dictado un laudo, falta de valoración de las pruebas y violación de las garantías de los trabajadores.
El funcionario estatal informó que en esta semana se acumularon las cuatro quejas formales contra Bermúdez Cisneros, y de inmediato se abrió un expediente para investigar los señalamientos. En el transcurso de esta semana se iniciarán las indagatorias por parte de la Contraloría, probablemente sea citado a declarar el presidente de la Junta Local, el personal que labora en la dependencia y los ciudadanos que interpusieron las quejas.
Estrella Rivera informó que también se iniciaron las investigaciones sobre la problemática que se presentó a mediados de noviembre en el Colegio de Bachilleres de Ciudad Lerdo, cuando estalló la huelga de los alumnos en demanda de la destitución del director, José Próspero Hernández y del delegado sindical, Rogelio Torres, a quienes acusaron de solapar actos de corrupción y de abusos sexuales.
Cuestionado sobre los avances de la investigación por la presunta clonación de documentos y sustracción de placas del Centro de Control Vehicular, el subsecretario de la Contraloría dijo que continúan las investigaciones y si es necesario ampliará el proceso a la recaudación de Ciudad Lerdo.
El funcionario aseguró que todas las investigaciones pendientes continuarán pero conforme a una metodología para llegar al fondo de las presuntas irregularidades, hasta el momento la única investigación que ya concluyó es sobre la queja que se interpuso contra un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope).
Como se informó en su oportunidad, un constructor interpuso una queja contra el coordinador de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Rafael López Esparza; desde hace meses éste se encuentra separado de su cargo porque una empresa constructora lo acusó de pedir cuatro mil pesos para agilizar un trámite.
Estrella Rivera dijo que la separación de López Esparza fue una medida precautoria mientras se realizaba la investigación, dentro de 15 días hábiles se dará a conocer la sentencia y en caso de que no se le finque ninguna responsabilidad será reinstalado en su puesto con sus mismos derechos.
“Se me hacen pocas”
“Cuatro quejas contra el presidente de la Junta Local se me hacen pocas, continuamente hay muchas irregularidades”, dijo el presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna, Alberto Montes Rodríguez, cuando se le cuestionó sobre la investigación que inició la Contraloría del Estado.
Entrevistado vía telefónica, Montes Rodríguez confirmó que hay pérdida de expedientes, dijo que cuando se va a desahogar una confesional con cargo al patrón se tiene que suspender porque no encuentran los expedientes.
Afirmó que el presidente de la Junta Local comete muchas irregularidades y no es sancionado porque su jefe directo es su hermano, el director del Trabajo y Previsión Social, Miguel Bermúdez Cisneros.
“Por eso yo en lugar de recurrir a la queja formal he acudido a los medios de comunicación, porque los dos deben ser cesados, son necesarios nuevos nombramientos, el director del Trabajo está en ese puesto desde antes que fuera gobernador, José Ramírez Gamero, está protegido por la CTM de Durango”, dijo.
Montes Rodríguez aseguró que él no le tiene mucha confianza al trabajo de la Contraloría, porque es muy difícil que se dicten sanciones contra estos personajes que se encuentran protegidos por muchos intereses políticos, “parece como si Miguel Bermúdez Cisneros tuviera el puesto vitalicio”, dijo el presidente del Colegio de Abogados.
PENDIENTES
A continuación se menciona cuáles son los expedientes que se encuentran abiertos para investigación, sin que hasta el momento se informe cuándo serán emitidas las resoluciones de cada caso:
· El procedimiento administrativo contra el ex titular del Registro Público de la Propiedad, José Rigoberto Flores Ramírez (padre del diputado local, Rigoberto Flores Ochoa), y contra la empleada, María Cristina Zaragoza Lazarín, ambos fueron acusados de realizar un cobro indebido para expedir varios certificados de libertad de gravamen a una empresa constructora que estaba solicitando dichos documentos de unos lotes del fraccionamiento Villa Nápoles.
· La queja en contra de Jesús Ibarra Taboada, titular de la Oficialía del Registró Civil número Uno, se señala que éste también incurrió en responsabilidad al realizar un cobro indebido.
· También se investiga una queja contra un doctor de la Jurisdicción Sanitaria número II, quien es acusado de realizar tocamientos a una de sus pacientes, el funcionario omitió el nombre.
· El caso de la presunta falsificación de documentos y sustracción de placas en el Centro de Control Vehicular, aunque el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Francisco Javier Guevara Morales liberó de toda responsabilidad al ahora ex recaudador, Juan Agustín Vargas Garza, durante la toma de protesta del nuevo recaudador.
· A éstos se suman las investigaciones en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Colegio de Bachilleres de Ciudad Lerdo, el único que está para resolución es la queja en contra del coordinador de camiones de la Secope.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
