“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que los otros”.
George Orwell
La Cámara de Diputados aprobó de manera abrumadora el pasado seis de octubre la derogación del cobro del Impuesto Sobre la Renta a las prestaciones en los salarios, la cual la misma legislatura había aprobado en diciembre de 2004 y que estaba programada para aplicarse en el 2007. Esta medida se esperaba desde hace tiempo: los diputados cedieron hace mucho tiempo ante los sindicatos que la exigían.
No deja de ser paradójico, sin embargo, el argumento que los diputados utilizaron para justificar su acción. El dictamen establece que la aplicación del Impuesto Sobre la Renta a las prestaciones “adolece de ineficiencia e inequidad”. Pero la verdad es exactamente la contraria: gravar todos los ingresos, incluidos los que se dan en prestaciones, es una medida que habría hecho más eficiente y equitativo nuestro sistema fiscal.
En la actualidad tenemos una injusta situación en la que los trabajadores de las grandes empresas, que son los que obtienen mayores ingresos, pagan menos impuestos que los de las empresas pequeñas que ganan menos. Esto es producto del hecho que los trabajadores de las firmas más fuertes reciben un porcentaje mayor de sus ingresos en especie, o sea, en prestaciones.
Nadie en su sano juicio preferiría recibir pagos en especie, por ejemplo en vales de despensa, en lugar de en efectivo. Pero el injusto trato fiscal que se les da a las prestaciones hace que esto se vuelva conveniente. Por eso ha proliferado la práctica de otorgar ingresos en especie.
¿Es más eficiente esto, como plantean los diputados? Por supuesto que no. La exención fiscal a las prestaciones, de hecho, complica de manera innecesaria el sistema fiscal. Para empezar crea huecos que se aprovechan para la evasión fiscal. Es verdad que genera negocios privados muy importantes, como el de los vales de despensa, pero el costo de mantenerlos socava la capacidad de las empresas para aumentar directamente el salario de los trabajadores.
Éstos son, en realidad, quienes terminan pagando el costo de la complejidad del sistema. Sin embargo, los sindicatos sostienen falsamente ante los trabajadores que, al mantenerse la exención a las prestaciones, son ellos los que salen ganando.
La exención a las prestaciones es una de las razones por las que las tasas de impuestos que se cobran a los trabajadores de nuestro país son tan altas. Se cobran impuestos muy elevados sobre el ingreso en efectivo porque las autoridades fiscales suponen que una parte significativa del ingreso se saca a través de prestaciones. Pero esto hace que la carga fiscal de quienes ganan en efectivo se vuelva enorme. Como siempre, pagan justos por pecadores.
¿Es más equitativo el sistema fiscal mexicano por mantener la exención a las prestaciones como afirman los diputados? Claro que no. La consecuencia más directa del trato disparejo al ingreso en efectivo y al que se recibe en especie es hacer que algunos trabajadores que ganan más paguen menos impuesto que quienes ganan menos. El sistema castiga a quienes cometen el pecado de recibir un ingreso en efectivo. Y esto quiere decir que se afecta a los trabajadores que tienen un ingreso menor. Es una consecuencia perversa, que no se puede defender por supuestas razones de equidad.
Si los diputados quisieran realmente construir un sistema fiscal más eficiente y equitativo tendrían que dar el mismo trato a todos los ingresos, pero evidentemente esto es algo que muchos no alcanzan a entender. Quizá no deba sorprendernos. Qué podemos pensar de una Cámara de Diputados que apenas en diciembre del año pasado votó de manera abrumadora por aprobar una disposición que nueve meses después anula antes incluso de entrar en vigor.
Los cambios realizados por los diputados a la Ley serán enviados ahora al Senado. Ojalá que no fuera demasiado esperar que los senadores resistieran las presiones de los sindicatos y echaran atrás la medida. Pero me queda muy claro que el México corporativista no ha desaparecido. Los legisladores no actúan para favorecer a las mayorías o quienes menos tienen sino a los grupos de presión política. Por eso los diputados han estado tan dispuestos a anular una disposición que habría creado un sistema fiscal más justo y eficiente pero que habría afectado los intereses de los líderes sindicales.
EUTANASIA
Víctor Varela, diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha tomado la valiente decisión de impulsar una iniciativa que permitiría la eutanasia cuando la solicitara un enfermo terminal. Las condiciones serían similares a las que se aplican en los Países Bajos. El Estado no tiene porqué mantener bajo tortura a los pacientes terminales. La persona debe tener libertad de poner fin a su vida.
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