El sistema de procuración de justicia del país está atravesando un periodo de prueba. Un ejemplo son los sucesos que rodean el homicidio del ex secretario general del CEN del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, que retornaron a la actualidad política y judicial, situándolo en el centro de un torrente de declaraciones de diversos actores a los medios de comunicación. Pero mientras más información se publica, más difícil resulta entender ese episodio criminal, extraño y ruin, salvo por algunos testimonios que merecen ser valorados. Uno de ésos es la declaración que desde Guerrero emitió la ex diputada Marisela Ruiz Massieu, quien sostuvo que ella denunció ante la Procuraduría General de la República: “el nombre de un político como responsable intelectual de la muerte de mi hermano; es un varón, les puse nombre y apellido; en teoría es militante de mi partido. Hace diez años estaba bien, pero ahora está mejor. Ahí las autoridades que investiguen y revelen su nombre” .
Como si tratara de demostrar el daño sufrido por su familia, la ex diputada abordó frente a la prensa de Chilpancingo, las fallas que esa investigación ha tenido, declarando con firmeza que: “el ex diputado federal priista Manuel Muñoz Rocha está vivo y tiene mucho que aportar a las investigaciones” del asesinato del ex gobernador de Guerrero.
La fuerza de esas declaraciones de Marisela se explican ante la sociedad porque provienen desde lo más hondo de una familia profundamente agraviada por esos sucesos criminales, ante los que el sistema de justicia no ha podido presentar resultados, pues han visto sus esfuerzos truncados. Son muy graves los elementos faltantes en esa investigación, para que algún día la opinión conozca la verdad histórica de este caso.
Una pregunta recorre la conciencia política del país sin que nadie se atreva a dar una respuesta: si Raúl Salinas de Gortari resultó ser inocente de ese crimen, ¿entonces quién fue? Esa verdad histórica tendrá que llegar junto al cambio democrático, para devolverle el control de su destino a la nación. Son evidentes las fallas que impidieron el éxito de esas investigaciones, tanto en México como en Estados Unidos.
Hay dos expedientes en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, donde se aportan datos sustanciales sobre el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y la descomposición política que lo motiva. Bajo los números SA94-CR516M y SA94-CR377, en la sala de audiencias del magistrado John W. Primomo. Ésos resultan esclarecedores para comprender cómo el proceso de criminalización de la política mexicana tuvo su auge en esos años de violencia e impunidad política.
Aunque parezca sorprendente, Relaciones Exteriores mantiene hasta la fecha en el más completo hermetismo esa información, a pesar que el Consulado General de México en San Antonio, Texas, la documentó desde 1994 y la hizo del conocimiento del entonces procurador de la República Antonio Lozano Gracia, como de los funcionarios de la Cancillería.
Como si se tratara de un asunto en donde se quieren borrar las pruebas, la Cancilería usando sus órganos de guarda y custodia de la documentación diplomática, niega el acceso a los informes y pruebas del caso Ruiz Massieu-Muñoz Rocha, a través de mecanismos dolosos, en franco desacato a las resoluciones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Pues ha sucedido que cuando el IFAI comprueba durante los recursos de revisión interpuestos contra la Secretaría, que se está impidiendo el acceso a la información, aplica la Ley Federal de Transparencia y le instruye al Comité de Información de la cancillería proceda a certificar los documentos, pero la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático expide certificaciones dolosamente defectuosas, mismas que deben ser impugnadas con el amparo ante la Justicial. Nuestro órgano de representación tiene que ser llevado al amparo para que cumpla con latransparencia que el país se ha dado.
Resulta contradictorio que el actual Gobierno, que se ha autoproclamado como el Gobierno del cambio, tolere esas conductas irregulares, que son contrarias a la rendición de cuentas, y al puntual acatamiento del marco jurídico sobre el que se quiere construir una nueva cultura democrática. Lo menos que podría esperarse de un auténtico régimen de cambio democrático es que garantice la transparencia.
