EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- La Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa informó que las investigaciones sobre las fallas en el puente “Otilio González”, donde se invirtieron 63 millones de pesos, no sólo incluyen a los supervisores de la obra, sino también a funcionarios de nivel de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas.
“Todavía ahorita no te puedo hablar de si queda la responsabilidad exclusivamente en los supervisores, porque estamos en el desahogo del proceso. Probablemente puedan haber responsabilidades a un nivel jerárquico superior que el de supervisores”, dijo la titular de la dependencia, Inés Garza Orta.
Sin embargo, la funcionaria estatal evitó ofrecer detalles sobre la posición y mucho menos sobre las identidades de los servidores públicos sujetos a investigación.
“No me gustaría hablar sobre elementos no concluidos, porque sería una irresponsabilidad de mi parte suponer que pudo haber sido alguien más”, atajó.
-Pero no se descartaría, por ejemplo, algún subsecretario o incluso el titular de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas?-
“No me quisiera comprometer a darte una respuesta de este tipo en tanto no concluyamos el procedimiento de responsabilidad administrativa”.
Lo que sí mencionó es que son cinco los servidores públicos sujetos a la investigación “que han sido determinados como responsables directos e indirectos en la construcción y en la supervisión del puente”, en cuyas reparaciones se invierten otros cinco millones de pesos, cuyo soporte está a cargo de la empresa Begasa, quien lo edificó.
Garza Orta dijo tener en claro que las fallas en la obra, la cual se empezó a agrietar y a colapsar a una semana de que fue inaugurada por el gobernador Enrique Martínez y por el alcalde de Saltillo, Humberto Moreira Valdés, obedecieron a la inadecuada supervisión de los trabajos.
“La supervisión fue deficiente por parte del Gobierno del Estado, porque si los supervisores hubieran reportado en su momento o las pruebas de laboratorio nos hubieran dicho que las compactaciones no eran las adecuadas, que el material no era el adecuado y que los cálculos del muro no eran los establecidos en el proyecto original, pues tal vez hubiésemos detenido el avance de la obra.
“Sí nos queda claro que fue muy deficiente la supervisión en el desarrollo de esta obra y si se hubiera enterado a tiempo, se hubiera detenido el proceso de construcción y se hubieran exigido al contratista los términos del contrato”, puntualizó.
