Agencias
MÉXICO, DF.- La Secretaría de la Función Pública inhabilitó el día de ayer por diez años a la panista Carmen Segura Rangel, titular de la Coordinación General de Protección Civil.
La sanción que le impide ocupar cargos públicos es por presuntas irregularidades en el uso de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
También fueron inhabilitados -pero por 15 años- el ex coordinador administrativo del Fonden, Cliserio Jiménez Fernández, y el ex director técnico de Protección Civil, Ricardo Cícero Betancourt.
A cada uno de los castigados se le impuso una multa de un millón 733 mil pesos.
Según la Secretaría de la Función Pública (SFP), fueron seis las anomalías. Una fue autorizar en 2002 la compra de 20 mil pares de botas y 20 mil impermeables en forma ?discrecional? a un distribuidor cuyo domicilio resultó estar ubicado en un taller mecánico.
?Las autoridades de Chiapas solicitaron un número menor de dichos materiales, para atender las necesidades derivadas del huracán Isidore?, señaló la dependencia.
Otra conducta fue permitir que Jiménez y Cícero compraran 25 mil juegos de cada uno de estos artículos, cuando sólo se habían autorizado 20 mil.
Según la acusación, también Segura autorizó el pago de los insumos adquiridos para atender la emergencia causada por Isidore, en una cantidad superior a la autorizada por la Coordinación General de Protección Civil.
Tampoco verificó la entrega y recepción física de estos artículos, que igualmente fue irregular, ya que en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán -afectados por Isidore-, se repartieron sólo 17 mil 13 pares de botas y nueve mil 487 impermeables.
Es decir, se ?perdieron? casi tres mil pares de calzado y más de diez mil impermeables, sin que hasta ahora haya sido localizado su paradero.
Las otras irregularidades fueron ordenar el pago de diversos bienes, en una cantidad mayor a la requerida, a un proveedor que resultó ser un intermediario; y omitir coordinar, supervisar, planear y distribuir esos insumos para atender la emergencia de Isidore.
La sanción no es definitiva y puede ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
