El Distribuidor Vial Revolución de la Ciudad de Torreón, ha dejado de ser un caso de rendición de cuentas por parte de la autoridad en relación con un elemento de obra pública, para convertirse en un tema de discordia entre actores sociales.
Como es del conocimiento, el que es considerado como el mayor logro en el rubro de obra pública del Gobierno de Coahuila en la Comarca Lagunera, a poco tiempo de entrar en uso presentó defectos de construcción que a falta de una explicación adecuada por parte de la autoridad y de un remedio confiable, se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobernador Enrique Martínez y en una afrenta para los ciudadanos.
Recién detectado el desplome, se pensó encargar el diagnóstico a un tercero imparcial y técnicamente calificado y para ello, se designó a la Universidad Nacional Autónoma de México cuyos peritos en ingeniería civil, harían el trabajo que dimensionaría el problema, determinaría responsabilidades y propondría soluciones.
Hace diez días los peritos de la UNAM rindieron su dictamen, pero en forma inconsistente. Manifiestan que se limitaron a estudiar el expediente técnico, lo que los llevó calificar positivamente la viabilidad del proyecto, por lo cual cobraron una cantidad aproximada de seiscientos mil pesos.
Sin embargo, los peritos reconocen que no tuvieron a la vista ni la bitácora de ejecución del constructor ni la bitácora de supervisión y por supuesto, tampoco hicieron trabajos de medición de la estructura en el campo ni de análisis de los materiales en laboratorio, lo que desde luego impide el logro de los objetivos prácticos que se esperaban del peritaje. Los peritos tampoco se refieren a la índole y resultados de los trabajos de reparación realizados por el propio Gobierno Estatal en la estructura del paso a desnivel una vez detectado el problema, lo que obscurece aún más el panorama.
Frente a los cuestionamientos de los medios de comunicación respecto al dictamen en relación a la seguridad del Distribuidor Vial y la posibilidad del colapso, los peritos de la UNAM ofrecen una respuesta increíble: “lo que pasó pasó, no podemos predecir lo que pasará en el futuro porque la ingeniería no es una ciencia exacta…”.
Pierde la UNAM porque como suele ocurrir en el caso de nuestras universidades públicas, lo mismo producen frutos de excelencia que lamentables aberraciones.
Frente al disimulo de la autoridad Estatal, el problema llega como brasa ardiendo a manos de la sociedad y en específico, de los organismos empresariales. El dirigente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Antonio Juan Marcos, toma el asunto como propio y “avala” el dictamen de la UNAM, lo que de inmediato provoca la réplica y hasta el denuesto de alguno de sus pares en la representación empresarial y el cuestionamiento severo de los medios de información.
Ante el desliz, el novel dirigente da por cerrado el tema y desaparece de la escena, sin que ni el gobernador Enrique Martínez ni su secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca, verdaderos obligados a dar la cara digan esta boca es mía.
Con ello pierde la sociedad en su conjunto y en particular los organismos empresariales, porque a la irresponsabilidad de la autoridad que persiste en su negativa de rendir cuentas, se suma la discordia generada.
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