Es de esperarse que el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México no apruebe mañana el dictamen acordado por unanimidad por la comisión de fiscalización de ese órgano, por el cual se pretende asestar varios golpes rotundos al Partido Acción Nacional, al que se dejaría sin candidato a la gubernatura. Si, en cambio, se consolidara esa agresión al PAN, que es revisable judicialmente, se generaría un ambiente de inestabilidad política en esa Entidad, por demostrarse que con aparente apego a la legalidad no sólo se busca desbarrancar a un candidato al Gobierno estatal (algo semejante, por lo demás, a lo que está en curso, con las modalidades del desafuero y el proceso penal, contra Andrés Manuel López Obrador en el plano federal) sino eliminar al PAN de la contienda que desemboca en julio próximo.
Hace un año ya, con muy notable prematurez puesto que la jornada electoral ocurrirá apenas el dos de julio próximo, se inició la contienda interna panista. El dilatado lapso previsto era necesario para las etapas en que se había planeado que realizaran proselitismo os precandidatos, que incluían elecciones regionales. El procedimiento, en que participaban Rubén Mendoza Ayala, José Luis Durán Reveles y Carlos Madrazo Limón, fue abruptamente frenado por el órgano electoral, que lo consideró como una campaña anticipada. A regañadientes el PAN aceptó la decisión y sólo en octubre siguiente reanudó la contienda interna, a la que ya no se presentó Madrazo Limón, senador y ex alcalde de Atizapán de Zaragoza.
La ostentación de recursos de esos precandidatos, durante los breves días de la primera fase de la contienda interna dio lugar a que el PRI y el Partido México Posible (que no había conseguido mantener su registro federal en las elecciones del año anterior, pero seguía representado en el órgano electoral mexiquense) solicitaran investigar esas actividades del PAN.
Entre dificultades motivadas por la renuencia panista a la pesquisa realizada por la Comisión de fiscalización (ya que el código electoral define con claridad en qué momentos se realiza campaña política y sólo con una interpretación extensiva se podía establecer cuándo se anticipa la misma), se realizó la investigación y se arribó al dictamen que será discutido mañana en el consejo general del IEEM.
El documento reseña una gran variedad de infracciones cometidas por los contendientes, que no documentaron adecuadamente los ingresos y el gasto de su actividad. La violación a la Ley, en algunos casos, resulta de que los aspirantes, en tanto que personas individuales, no pueden cumplir normas aplicables al partido durante las campañas. De cualquier modo, la auditoría que fue el eje de la indagación reveló irregularidades a que el PAN debe hacer frente.
Es notable, sin embargo, la desproporción entre las faltas reseñadas y la propuesta de sanciones que deberá resolver el órgano electoral. Se pretende imponer dos sanciones pecuniarias al PAN: una multa de 88 mil 100 pesos (que es el monto de dos mil días de salario mínimo) y una reducción en su financiamiento por más de trece millones de pesos, pagaderos en dos porciones (que significa la retención del 15 por ciento de tal financiamiento).
Y lo que es más importante, se propone privarlo de su derecho a registrar como candidatos a Mendoza Ayala, Durán Reveles y Madrazo Limón. No se les inhabilita, como erróneamente se afirma en la información en cuya difusión tuvo especial interés el Gobierno mexiquense, pues no existe tal sanción a personas en el código electoral.
Cuando se infringen las obligaciones de los partidos, se da motivo, conforme al segundo párrafo de la fracción II del apartado A del artículo 355 de dicho código, “para que los candidatos del partido de que se trate no sean registrados”.
Es discutible y una interpretación de los tribunales puede así determinarlo, que sean estrictamente aplicables a los periodos de contienda interna las normas que regulan las campañas.
Pero aun considerando la pertinencia de no cerrar los ojos ante las campañas anticipadas, aunque se carezca de los instrumentos legales específicos, es obvia la contradicción en que incurriría el instituto electoral mexiquense si desplazara de ese modo abrupto al PAN del proceso político que está ya en curso. No es válido, ni oportuno, aplicar por analogía una norma que genere esa exclusión, contraria a los fines de un órgano de esa naturaleza, que consisten en estimular la contienda equitativa de los partidos en los procesos electorales, no en echarlos de ella.
Si la Ley se aplica en su letra, no sólo las personas mencionadas, sino todo panista quedaría impedido y esa exclusión quitaría legitimidad al proceso.
Por lo que hace a Mendoza Ayala, el dictamen profusa y beligerantemente difundido por sus autores se suma a la cadena de vicisitudes que el candidato panista (hay que llamarlo así, porque eso es por decisión de su partido) ha enfrentado. La primera fue la interrupción del momento inicial de la precampaña. La segunda, la anulación de los comicios del 14 de noviembre decidida el tres de diciembre por el comité nacional panista, debido a la denuncia de irregularidades presentada por Durán Reveles.
Si bien esa decisión de la cúpula del PAN fue revisada por ella misma tres días después el seis de diciembre, Durán Reveles obtuvo de la justicia electoral federal el que se declarara válida la anulación. Tras admitirla, el comité nacional panista insistió en su candidatura. Y ahora esto.
