“Cuando dejamos de
cambiar, dejamos de ser”.
Jean-Baptiste Berton
Ayer se celebró el 68 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad. En realidad el cumpleaños real de la institución es el 14 de agosto, día en que en 1937 la institución fue establecida por el Gobierno del general Lázaro Cárdenas.
La naturaleza original de la CFE, sin embargo, era muy distinta a la de hoy. Se trataba, para empezar, de una comisión cuyo propósito era promover inversión y coordinar esfuerzos. No se convirtió en una empresa paraestatal sino hasta 1948, once años después de su creación. Y aún entonces no tenía un control monopólico sobre la electricidad, la cual era producida y distribuida por distintas empresas. No fue sino hasta 1960, después que el Gobierno fue comprando de manera gradual las acciones de las empresas de electricidad que operaban en nuestro país, cuando se modificó la Constitución para darle “a la nación” el monopolio de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para el servicio público.
Contar con una institución gubernamental que estableciera una sola red de transmisión y que le diera orden al sistema tenía, por supuesto, todo el sentido del mundo. En el largo plazo, sin embargo, queda claro que la enmienda constitucional de 1960, la que creó el monopolio de Estado, le generó costos enormes a la economía del país sin darle ningún beneficio.
En el México actual, el que alguien invierta su dinero en el país, creando empleos para los mexicanos, con el fin de generar un producto crucial para el desarrollo como la electricidad es un criminal y no el héroe que debería ser. Este absurdo no sería tan importante si el Estado mexicano no tuviera otras tareas importantes que cumplir o si contara con una cantidad suficiente de recursos para cubrir cabalmente esta necesidad de manera que ya no fuera necesario tener inversión de otras fuentes.
Pero el Gobierno mexicano no sólo tiene obligaciones de gasto muy importantes que están quedando insatisfechas sino que tampoco cuenta con suficientes recursos para cubrir la necesidad de inversión en electricidad. Es verdad que el Gobierno ha conseguido aumentar la reserva entre demanda y generación, que llegó a fines del sexenio pasado y principios del actual a niveles críticos, pero lo ha hecho con inversión privada sobre la base de una Ley de electricidad que parece violar la Constitución.
La Comisión Federal de Electricidad no tiene los recursos para hacer la inversión que requiere nuestro país. Las inversiones pasadas la han llevado al tope de su capacidad de endeudamiento. A través del esquema de Pidiregas se han podido hacer inversiones importantes en los últimos años a través de empresas privadas, pero debido a la incertidumbre jurídica de este sistema el costo de financiación es muy superior al que se tendría en caso de que hubiera inversión privada directa en el sector.
Para el futuro hay que aumentar de manera considerable la inversión. Es verdad, como lo ha planteado el presidente, que hay suficiente capacidad de generación para los próximos años, pero el reto ahora es sustituir generadores y sistemas de transmisión viejos e ineficientes con nuevos equipos y plantas.
La Comisión, al contrario de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que mantiene el monopolio de la distribución de electricidad en y alrededor de la capital del país, es una empresa de razonable eficiencia. Pero si vemos el resultado de las cuatro décadas y media de monopolio las conclusiones son muy evidentes. Nuestra electricidad no sólo es cara, en comparación por ejemplo con la que se produce en Estados Unidos, sino de mala calidad. La consecuencia es que estamos perdiendo inversiones de plantas industriales que buscan países con costos menores y mejor calidad de fluido.
La celebración del 68 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad debería hacernos reflexionar. El tener una institución que cumpla con los objetivos originales que se le dieron a la institución es razonable. El que se mantenga un monopolio en el servicio público de electricidad, sin embargo, tiene un costo muy elevado para nuestro país. Que bueno que festejemos a esta venerable institución, pero que malo que nuestros políticos no la quieran convertir en un verdadero instrumento de apoyo para la economía de los mexicanos.
LA CORTE
Y CASTAÑEDA
Se suspendió ayer la votación de la Suprema Corte sobre el amparo de Jorge Castañeda. Si bien entiendo la posición de los ministros que han rechazado las posiciones de Castañeda, me parece inaceptable que el resultado sea prohibir las candidaturas independientes o que se establezcan reglas discriminatorias a los nuevos partidos. Los mexicanos necesitamos liberarnos de la partidocracia.
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