“No juzgue usted nunca a la ligera y estará seguro de no equivocarse”.
Jacinto Benavente
El Partido Verde ha conseguido el apoyo del PRI en su intento por promover un juicio político en contra de cinco de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral. Se ha hecho ya común que se utilice el juicio político para presionar o atacar a jueces y funcionarios por el simple hecho de que llevan a cabo su trabajo. Pero si los verdes y los priistas se salen con la suya y logran destituir a estos cinco consejeros, le estarán asestando un golpe enorme a la credibilidad del sistema electoral mexicano, la cual ha sido construida con enormes trabajos a lo largo de los años.
La decisión del Consejo General del IFE del 30 de enero de no aprobar los estatutos del Partido Verde Ecologista de México tiene, a mi juicio, un sólido sustento jurídico. El argumento de los cinco consejeros que con su voto mayoritario decidieron no entrar al fondo del asunto es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está actualmente revisando una serie de impugnaciones que el propio Partido Verde ha presentado. El IFE no puede examinar los estatutos cuando los magistrados aun no han definido su posición ante esas impugnaciones sobre el mismo tema.
Se puede entender, por supuesto, la exasperación de los líderes del Partido Verde. Las impugnaciones ante el Tribunal se presentaron hace un año y los magistrados, quizá demasiado cargados de trabajo, no han respondido todavía.
Al no contar con estatutos, el Partido Verde está limitado para la realización de muchas actividades propias de los partidos. Pero en todo caso la protesta del Verde debería llevarse ante el Tribunal por la demora en su decisión.
El que los dirigentes del Partido Verde hayan decidido encauzar su queja hacia el IFE revela de alguna manera su ignorancia jurídica o quizá su falta de conocimiento sobre lo que está ocurriendo en este caso en particular. El que opten por hacerlo no sólo con una nueva impugnación ante el Tribunal o con una protesta ante los medios de comunicación sino con un juicio político es particularmente grave. El que obtengan el apoyo de sus aliados del PRI, que sigue siendo el mayor partido del país, es realmente preocupante. Lo que puede surgir de este caso es un deterioro de la confianza en el IFE que puede ser extraordinariamente dañina, para la credibilidad de las elecciones de 2006.
Los consejeros del IFE desempeñan el papel de organizadores y árbitros en los procesos electorales federales. Como otros árbitros en el mundo -como los jueces en los sistemas judiciales, por ejemplo- los consejeros no tienen más fuerza disponible que la solidez de sus argumentos jurídicos y su credibilidad.
En el sistema de división de poderes que existe en nuestro país, el Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza, el cual se ejerce a través de la Policía y el Ejército, mientras que el Legislativo cuenta con el poder que le da el control del dinero público. Pero los jueces no tienen más fuerza que la razón y la ley.
El IFE ha tenido tres generaciones de consejeros desde su fundación en 1993. Sin duda ha habido siempre cuestionamientos a sus decisiones. Eso es parte del juego para quien sirve en la función de organizador y arbitro de un proceso por naturaleza contencioso como son las elecciones. Pero lo importante es que la institución ha logrado hasta ahora mantener su credibilidad a pesar de todos los vaivenes y de los cambios de sus integrantes.
La lluvia de ataques en contra de la actual camada de consejeros, sin embargo, ha sido constante e inmisericorde. Ante la falta de acuerdos con el PRD, los consejeros fueron electos por una mayoría legislativa formada por el PRI y el PAN. El PRD, con el acceso privilegiado que siempre ha tenido a los medios de comunicación, utilizó esa circunstancia para cuestionar injustamente la legitimidad y la honorabilidad de los consejeros. Quizá había una estrategia detrás de estos ataques: si el PRD gana en 2006 lo hará “a pesar” de los consejeros impuestos por el PRI y el PAN, y si pierde será debido a estos consejeros. Pero es una estrategia que le hace un enorme daño al IFE, a la democracia y al país.
Los juicios políticos se han convertido en un arma para chantajear a quienquiera que realiza una función pública. Ésta es una perversión del concepto original de este proceso. Si no le ponemos un alto, la pagaremos muy caro.
EQUIDAD
Le tengo un gran respeto a Leonel Cota Montaño, quien ayer pidió licencia como gobernador de Baja California Sur para buscar la presidencia nacional del PRD. Me pregunto, sin embargo, si es correcto que quien organizará el proceso de selección de candidato presidencial del PRD esté definido ya por Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde queda la equidad frente a Cuauhtémoc Cárdenas?
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